Falso positivo judicial
El comandante tartamudo de las Farc
Agencia Prensa Rural
“Burrito” le decíamos, o le dicen en el patio tres de prisioneros políticos de la cárcel de Acacías a un joven campesino de veinte y tantos años, de 1,50 m de estatura, delgado y liviano como una pluma. Su rostro dibuja una sonrisa permanente que en la cárcel puede ser considerada extraña, pues en tales condiciones infrahumanas, muchos prisioneros apenas pueden sonreír de vez en cuando. “Burrito” tiene otra particularidad, es tartamudo y difícilmente puede expresar una idea concreta no solo por su tartamudez de nacimiento, sino por su infortunada exclusión de la educación que no le permite leer ni escribir con habilidad y por lo tanto saber demasiado de cualquier tema, menos de política o de guerra de guerrillas.
Cuando una vez nos acercamos un grupo de compañeros de prisión para preguntarle si era cierto que él era el comandante Pitufo de las FARC, por lo cual había sido condenado a 40 años de prisión, éste nos respondió diciendo que a él lo condenaron como guerrillero, pero que él no era Pitufo, que nunca había sido de las FARC y que solo había vivido en zona de guerra y unos militares lo capturaron inculpándolo de ser Pitufo, comandante del frente 27. “Burrito” había sido afortunado en ese momento, pues no había corrido la misma suerte de muchos jóvenes con discapacidades mentales que, de un día para otro, miembros del ejército colombiano convierten en peligrosos guerrilleros dotándolos de un uniforme nuevo, botas pantaneras “cuidadosamente” puestas: la izquierda en el pie derecho y la derecha en el pie izquierdo, y suministrándoles unos cuantos certeros rafagazos que acaban con la vida de estos inermes colombianos.
La historia de por si es perversa: unos soldados que capturan a un joven y lo hacen pasar por comandante guerrillero, un fiscal que acepta las “pruebas” que le suministra el ejército en ese momento para hacer una acusación formal ante un juez. Hasta ahí puede ser un procedimiento de rutina en un país en guerra donde el estado se confronta militar, política y mediáticamente con la insurgencia y emplea todos sus instituciones para tal fin; pero lo grave del asunto, es que la justicia, una rama “independiente” de los poderes del estado en las democracias occidentales, acepte tales pruebas, tales cargos, y condene a una persona sin hacer el mas mínimo análisis adecuado, científico y hasta con sentido común del caso.
La justicia colombiana tiene un sinnúmero de falencias, faltan jueces, infraestructura, salarios bajos de algunos de los empleados judiciales, pero a mi parecer lo más grave es la cooptación sistemática que ha venido ejerciendo el régimen de una buena parte de jueces y magistrados que olvidan su debida imparcialidad y objetividad que debe tener cualquier juez para emitir sus fallos. Atrás quedo la época en que existían jueces críticos e independientes, atrás quedo la época de las cortes conformadas por algunos magistrados valientes provenientes de diversas tendencias ideológicas, que no temían ningún fallo ante los poderosos, que estudiaban los casos y fallaban en derecho, que difícilmente aceptaban el billete debajo de su escritorio para emitir un juicio.
Hoy, como en las fuerzas armadas, la carrera de un juez debe pasar por varios filtros, de tal manera que los ascensos deben contar con el aval de los partidos políticos tradicionales y de los poderosos de siempre, evitando de cualquier modo que se cuele en la rama judicial un “defensor del terrorismo”. Encontrar magistrados o jueces con el pensamiento progresista de Carlos Gaviria Diaz, o Jaime Pardo Leal -quien en su momento fundó el sindicato de los trabajadores de la rama judicial (Asonal judicial)- y tantos otros es impensable. De este modo las diferentes cortes gozan de una parcialidad impresionante y usan el derecho como un arma legal para imponer su punto de vista, generalmente ultraconservador y cómplice con el poder establecido.
Fallos como el que condenó al comandante tartamudo de las FARC dan una muestra de eso, la ley da para todo, “una orden de captura, una condena no se le niega a nadie”,- se dice en las prisiones-, y con el argumento de que las leyes pueden ser interpretadas de manera distinta por los jueces, se emplean verdaderas leguleyadas para hacer lo que el poder demande. Cuando a uno lo trasladan de cárcel es costumbre preguntar cómo es tal juez de ejecución de penas, cómo es éste, cómo es aquel. Porque dependiendo de ese criterio sabe el prisionero si un juez es “carcelero” o es “buena gente”. Los narcos preguntaban siempre cuál era el más sobornable, y así íbamos también evaluando la estrategia a seguir para poder tener la libertad o demás derechos que los prisioneros tienen y que la ley contempla. Quedan pues los privados de la libertad a merced del carácter y/o la personalidad de cada juez, incluso hasta del buen genio del mismo pero no del código penal. Entonces se pregunta uno, ¿para qué el código penal y el de procedimiento penal?, ¿para qué las leyes?, si en últimas cada juez acomoda el código según le parezca. Ya es costumbre ver fallos donde la argumentación dice una cosa pero la parte resolutiva otra. Por ejemplo: lo que dice el peticionario es cierto por tal y tal razón, sus argumentos son válidos,…. ………..Sin embargo, …….no se debe hacer acreedor a tal beneficio por tal y tal razón.
La ley da para todo, y al final todo fallo está influenciado por la posición política que tenga el juez. Así lo corroboró la compañera de un prisionero político cuando le preguntó a un juez por qué no podían dar el beneficio de la vigilancia electrónica para un condenado por rebelión cuando efectivamente este delito no está excluido del subrogado y además, el condenado cumplía todos los requisitos para obtener tal derecho. El juez le respondió que a los guerrilleros no se les da ningún beneficio. Ella le pregunta entonces, que su fallo era político, a lo que el muy descaradamente le responde que sí.
Casos como el de David Ravelo donde el fiscal que realizó la acusación era un ex-oficial de la policía implicado en un delito de desaparición forzada, el de Piedad Córdoba donde con leguleyadas se justificó su destitución claramente política, y cientos de casos como el del burrito donde los argumentos y pruebas de la defensa no importan y solo importa condenar a inocentes para mostrar eficiencia en la justicia y disminuir el índice de impunidad en Colombia, demuestran el estado deplorable en que se encuentra la justicia en el país.
Añádase a esto el famoso cartel de los testigos donde escasos jueces dudaron de esos falsos testimonios y por el contrario cuantos colombianos fueron privados de su libertad con el apoyo de los testigos suministrados por el abogado Gustavo Muñoz. (http://www.semana.com/nacion/articu...)
Solo a un juez de esta Colombia, se le ocurre aceptar que un comandante guerrillero pueda ser tartamudo y de esta manera condenar a un inocente. Años después de capturado burrito, o “pitufo” de las FARC, el ejército en un operativo anunciaba la captura en marzo de 2008, nuevamente del comandante Pitufo, (http://web.presidencia.gov.co/sp/20...), quien efectivamente se encuentra en una cárcel del país. Lo que no recordamos los colombianos es que ya había un hombre inocente condenado a 40 años como “Pitufo”. Han pasado más de cinco años de la captura del verdadero Pitufo y ningún juez le ha dado por revisar el caso del falso Pitufo.
“Burrito” no tiene los medios para mover su caso, para pagar un abogado y solicitar la revisión y posterior anulación de la condena, de hacerse, el estado nuevamente tendría que pagar una suma inimaginable por daños y perjuicios a este joven inocente, una víctima más de la política de seguridad democrática de Uribe.
El juez que lo condenó de haber usado su imaginación y sentido común, debió haber pensado en esta hipotética situación antes de emitir su fallo, situación que contábamos con humor negro entre los compañeros de prisión: Debió imaginarse al “Burrito” ante el peligro inminente de un combate dando órdenes:
CA-CA-CA MA RA-RA-RA-RA DAS, DIS-PA-PA-PA-PA REN.
En ese momento el enemigo avanza hasta tenerlos rodeados y “Burrito” en tono enérgico como cualquier comandante de guerrilla, expresó:
¡Ya, ya, ya, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa que…!
Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12452
tomado de : rebelion.org
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176030&titular=el-comandante-tartamudo-de-las-farc-
Cuando una vez nos acercamos un grupo de compañeros de prisión para preguntarle si era cierto que él era el comandante Pitufo de las FARC, por lo cual había sido condenado a 40 años de prisión, éste nos respondió diciendo que a él lo condenaron como guerrillero, pero que él no era Pitufo, que nunca había sido de las FARC y que solo había vivido en zona de guerra y unos militares lo capturaron inculpándolo de ser Pitufo, comandante del frente 27. “Burrito” había sido afortunado en ese momento, pues no había corrido la misma suerte de muchos jóvenes con discapacidades mentales que, de un día para otro, miembros del ejército colombiano convierten en peligrosos guerrilleros dotándolos de un uniforme nuevo, botas pantaneras “cuidadosamente” puestas: la izquierda en el pie derecho y la derecha en el pie izquierdo, y suministrándoles unos cuantos certeros rafagazos que acaban con la vida de estos inermes colombianos.
La historia de por si es perversa: unos soldados que capturan a un joven y lo hacen pasar por comandante guerrillero, un fiscal que acepta las “pruebas” que le suministra el ejército en ese momento para hacer una acusación formal ante un juez. Hasta ahí puede ser un procedimiento de rutina en un país en guerra donde el estado se confronta militar, política y mediáticamente con la insurgencia y emplea todos sus instituciones para tal fin; pero lo grave del asunto, es que la justicia, una rama “independiente” de los poderes del estado en las democracias occidentales, acepte tales pruebas, tales cargos, y condene a una persona sin hacer el mas mínimo análisis adecuado, científico y hasta con sentido común del caso.
La justicia colombiana tiene un sinnúmero de falencias, faltan jueces, infraestructura, salarios bajos de algunos de los empleados judiciales, pero a mi parecer lo más grave es la cooptación sistemática que ha venido ejerciendo el régimen de una buena parte de jueces y magistrados que olvidan su debida imparcialidad y objetividad que debe tener cualquier juez para emitir sus fallos. Atrás quedo la época en que existían jueces críticos e independientes, atrás quedo la época de las cortes conformadas por algunos magistrados valientes provenientes de diversas tendencias ideológicas, que no temían ningún fallo ante los poderosos, que estudiaban los casos y fallaban en derecho, que difícilmente aceptaban el billete debajo de su escritorio para emitir un juicio.
Hoy, como en las fuerzas armadas, la carrera de un juez debe pasar por varios filtros, de tal manera que los ascensos deben contar con el aval de los partidos políticos tradicionales y de los poderosos de siempre, evitando de cualquier modo que se cuele en la rama judicial un “defensor del terrorismo”. Encontrar magistrados o jueces con el pensamiento progresista de Carlos Gaviria Diaz, o Jaime Pardo Leal -quien en su momento fundó el sindicato de los trabajadores de la rama judicial (Asonal judicial)- y tantos otros es impensable. De este modo las diferentes cortes gozan de una parcialidad impresionante y usan el derecho como un arma legal para imponer su punto de vista, generalmente ultraconservador y cómplice con el poder establecido.
Fallos como el que condenó al comandante tartamudo de las FARC dan una muestra de eso, la ley da para todo, “una orden de captura, una condena no se le niega a nadie”,- se dice en las prisiones-, y con el argumento de que las leyes pueden ser interpretadas de manera distinta por los jueces, se emplean verdaderas leguleyadas para hacer lo que el poder demande. Cuando a uno lo trasladan de cárcel es costumbre preguntar cómo es tal juez de ejecución de penas, cómo es éste, cómo es aquel. Porque dependiendo de ese criterio sabe el prisionero si un juez es “carcelero” o es “buena gente”. Los narcos preguntaban siempre cuál era el más sobornable, y así íbamos también evaluando la estrategia a seguir para poder tener la libertad o demás derechos que los prisioneros tienen y que la ley contempla. Quedan pues los privados de la libertad a merced del carácter y/o la personalidad de cada juez, incluso hasta del buen genio del mismo pero no del código penal. Entonces se pregunta uno, ¿para qué el código penal y el de procedimiento penal?, ¿para qué las leyes?, si en últimas cada juez acomoda el código según le parezca. Ya es costumbre ver fallos donde la argumentación dice una cosa pero la parte resolutiva otra. Por ejemplo: lo que dice el peticionario es cierto por tal y tal razón, sus argumentos son válidos,…. ………..Sin embargo, …….no se debe hacer acreedor a tal beneficio por tal y tal razón.
La ley da para todo, y al final todo fallo está influenciado por la posición política que tenga el juez. Así lo corroboró la compañera de un prisionero político cuando le preguntó a un juez por qué no podían dar el beneficio de la vigilancia electrónica para un condenado por rebelión cuando efectivamente este delito no está excluido del subrogado y además, el condenado cumplía todos los requisitos para obtener tal derecho. El juez le respondió que a los guerrilleros no se les da ningún beneficio. Ella le pregunta entonces, que su fallo era político, a lo que el muy descaradamente le responde que sí.
Casos como el de David Ravelo donde el fiscal que realizó la acusación era un ex-oficial de la policía implicado en un delito de desaparición forzada, el de Piedad Córdoba donde con leguleyadas se justificó su destitución claramente política, y cientos de casos como el del burrito donde los argumentos y pruebas de la defensa no importan y solo importa condenar a inocentes para mostrar eficiencia en la justicia y disminuir el índice de impunidad en Colombia, demuestran el estado deplorable en que se encuentra la justicia en el país.
Añádase a esto el famoso cartel de los testigos donde escasos jueces dudaron de esos falsos testimonios y por el contrario cuantos colombianos fueron privados de su libertad con el apoyo de los testigos suministrados por el abogado Gustavo Muñoz. (http://www.semana.com/nacion/articu...)
Solo a un juez de esta Colombia, se le ocurre aceptar que un comandante guerrillero pueda ser tartamudo y de esta manera condenar a un inocente. Años después de capturado burrito, o “pitufo” de las FARC, el ejército en un operativo anunciaba la captura en marzo de 2008, nuevamente del comandante Pitufo, (http://web.presidencia.gov.co/sp/20...), quien efectivamente se encuentra en una cárcel del país. Lo que no recordamos los colombianos es que ya había un hombre inocente condenado a 40 años como “Pitufo”. Han pasado más de cinco años de la captura del verdadero Pitufo y ningún juez le ha dado por revisar el caso del falso Pitufo.
“Burrito” no tiene los medios para mover su caso, para pagar un abogado y solicitar la revisión y posterior anulación de la condena, de hacerse, el estado nuevamente tendría que pagar una suma inimaginable por daños y perjuicios a este joven inocente, una víctima más de la política de seguridad democrática de Uribe.
El juez que lo condenó de haber usado su imaginación y sentido común, debió haber pensado en esta hipotética situación antes de emitir su fallo, situación que contábamos con humor negro entre los compañeros de prisión: Debió imaginarse al “Burrito” ante el peligro inminente de un combate dando órdenes:
CA-CA-CA MA RA-RA-RA-RA DAS, DIS-PA-PA-PA-PA REN.
En ese momento el enemigo avanza hasta tenerlos rodeados y “Burrito” en tono enérgico como cualquier comandante de guerrilla, expresó:
¡Ya, ya, ya, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa que…!
Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12452
tomado de : rebelion.org
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176030&titular=el-comandante-tartamudo-de-las-farc-
