En las últimas semanas, hemos tomado claro conocimiento de la inminente insolvencia financiera de las universidades públicas. El informe de la Contraloría General de la Nación muestra cómo, en las última décadas, el progresivo desfinanciamiento de la universidades ha avanzado al tiempo que estas han mejorado notablemente sus indicadores de eficiencia, en términos de ampliación de cupos, cualificación de los docentes, crecimiento de la investigación y de la productividad académica. Esta extraña proporción inversa implica la ejecución acelerada de la privatización de las universidades públicas.
Las afirmaciones con que los funcionarios del gobierno nacional anunciaron que la universidad pública era “la gran ganadora” en la jornada en que el Congreso aprobó el presupuesto para el año 2010 se mostraron, de manera inmediata, totalmente falaces. Con la distribución de recursos aprobada, se afecta de manera grave la autonomía universitaria en el cumplimiento de sus actividades misionales, por vía de la asfixia económica.
El problema presupuestal que aqueja a las universidades públicas no es asunto exclusivo de estas instituciones, puesto que lo que con esto se juega son las transferencias de la nación a la educación superior pública. En Colombia, esas transferencias son tan solo del 0.4 % del PIB. Todos sabemos que hay sectores con porcentajes nefastamente más abultados. De modo que este asunto concierne al conjunto de nuestra sociedad, en tanto se trata del manejo de los dineros públicos. Dado que el acceso a la educación superior es un buen indicador de la equidad social, esta no se logra con la ingeniosa fórmula de repartir miserias. Este método ha sido anunciado por la ministra y el viceministro de educación como un cambio de reglas en la distribución de los recursos entre las universidades públicas, de modo que las instituciones regionales reciban algo más y las universidades más grandes no reciban “¡tanto!”. Volvemos a notar cómo de lo que se trata con todo esto es de la aceleración de una política de quebrantamiento definitivo de la educación superior pública. La equidad solo se logra con una adecuada financiación que asegure que las universidades estén en condiciones de brindar otras opciones para los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero a las falacias de los funcionarios de gobierno, ahora hay que agregar algo que es de un tenor mucho más grave; en lo que respecta a la Universidad Nacional de Colombia, la ministra de educación Cecilia María Vélez White ha tendido un manto de sospechas al declarar que respecto del manejo de sus recursos hay “más que certezas, oscuridades”.
Puesto que esta crisis concierne a la sociedad colombiana, hay una labor mayor que compete a los universitarios. En las últimas semanas, ha sido notable la participación de los estudiantes en diversas actividades de protesta para reclamar un adecuado presupuesto para la educación superior pública. Como de lo que ahora de se trata es de la subsistencia de la Universidad Nacional, hacemos un llamado al estamento profesoral para que participe en el análisis y construcción conjunta de actividades que permitan reclamar, por diversos medios, el presupuesto que la universidad requiere para el cumplimiento de sus actividades misionales. También hacemos un llamado a la comunidad universitaria en su conjunto, para que la legítima protesta no corra el riesgo de ser criminalizada.
PROFESORES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS Y CULTURA
CIUDAD UNIVERSITARIA, OCTUBRE 26 DE 2009.
FUENTE:
http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=169
lunes, 2 de noviembre de 2009
SOBRE SU EDUCACION
Ciudadan@, trabajador(a), estudiante, herman@, l@ saludamos desde la Universidad Nacional. Hoy hemos tomado la firme decisión de no quedarnos quiet@s, de salir a la calle, de romper con la cotidianidad de esta ciudad, de salir a marchar y hacernos escuchar, para defender la universidad pública. Cuando salimos a la calle, no defendemos solamente nuestros intereses como estudiantes, estamos defendiendo un patrimonio que es de ustedes, de sus hij@s, de sus niet@s, y de todo aquel que tenga ganas de estudiar en una universidad de calidad. La educación es un problema de toda la sociedad ¿Dónde van a estudiar sus hijos?
La Universidad Nacional, y las demás universidades públicas de nuestro país, se encuentran sumidas en una grave crisis financiera debido a los siguientes factores:
1. El pasivo pensional y la concurrencia: Tras la aprobación de la ley 100 de 1993, los beneficios pensionales para los profesores y trabajadores de la universidad se vieron recortados por razones de presupuesto a partir de la fecha. Pero, además de recortar los beneficios, el Estado ha venido exigiendo que la Universidad tenga que sacar de su bolsillo para pagar un porcentaje de los beneficios pensionales anteriores a 1993. El monto total del pasivo pensional, para el 2007, era de 2 billones de pesos. Si consideramos el monto total del pasivo pensional, el porcentaje que llegara a pagar la universidad sería desastroso, por más mínimo que sea dicho porcentaje. Por eso exigimos que el Estado se haga responsable de las pensiones, porque nos parece injusto que les hayan descontado del sueldo a los trabajadores y profesores con fines de ahorro para pensión, para que ahora les estén cobrando de nuevo.
2. Presupuesto congelado desde 1993: Con la aprobación con la ley 30 de 1992 se establece que el presupuesto de las universidades aumentará según el índice de precios al consumidor. Esto en apariencia es bueno. Pero el problema de la ley es que aumenta el presupuesto según lo que la universidad tenía en 1993, desconociendo que ahora hay nuevos profesores, más laboratorios, más estudiantes, más postrados, y una nueva sede. Por eso la universidad, ha hecho mucho más, con menos plata. Por esta razón, la situación de la universidad se ha vuelto inviable.
La situación de la crisis financiera de las universidades no es solo discurso ni exageraciones de los y las estudiantes, es una realidad reconocida incluso por las directivas de la Universidad Nacional. Beatriz Sánchez, vicerrectora general ha manifestado que “si las cosas siguen así, en 2011 la universidad será inviable y empezarían a cerrarse programas”. Además de esto, estudios de profesores de la Universidad, han reconocido que para el funcionamiento de las universidades del país para el 2010 el Estado debe desembolsar aproximadamente 605.000 millones de pesos. Por eso, los 160.000 millones de pesos aprobados por el congreso el martes de la semana pasada son insuficientes, teniendo en cuenta que ni siquiera van directamente al funcionamiento de las universidades, sino que van para el ICFES y para el ICETEX.
Exigimos que el Estado desembolse el dinero correspondiente para el mantenimiento de las universidades. Aunque parezca mucho dinero, en realidad no es tanto, teniendo en cuenta que el gobierno gastó en el 2008, el 6.5% de toda la plata que hay en el país, es decir, del producto interno bruto, en la guerra (22.21 billones de pesos. Esto equivale a 37 veces de lo que necesita la universidad pública para sobrevivir (!!!).
No es falta de plata sino de voluntad política. ¿Por qué cuando se iban a arruinar los bancos impusieron el 3 por mil para salvarlos, y ahora no hacen nada por las universidades? Debemos exigir que del 4 por mil que ahora todos los colombianos pagan a los bancos y a la guerra, haya un 1 por mil para financiar la educación pública de calidad para todas y todos los colombianos.
Saludos, y nos veremos de nuevo en las calles en otra ocasión.
Encuentre mayor información sobre la desfinanciación de la Universidad Pública
http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=169
La Universidad Nacional, y las demás universidades públicas de nuestro país, se encuentran sumidas en una grave crisis financiera debido a los siguientes factores:
1. El pasivo pensional y la concurrencia: Tras la aprobación de la ley 100 de 1993, los beneficios pensionales para los profesores y trabajadores de la universidad se vieron recortados por razones de presupuesto a partir de la fecha. Pero, además de recortar los beneficios, el Estado ha venido exigiendo que la Universidad tenga que sacar de su bolsillo para pagar un porcentaje de los beneficios pensionales anteriores a 1993. El monto total del pasivo pensional, para el 2007, era de 2 billones de pesos. Si consideramos el monto total del pasivo pensional, el porcentaje que llegara a pagar la universidad sería desastroso, por más mínimo que sea dicho porcentaje. Por eso exigimos que el Estado se haga responsable de las pensiones, porque nos parece injusto que les hayan descontado del sueldo a los trabajadores y profesores con fines de ahorro para pensión, para que ahora les estén cobrando de nuevo.
2. Presupuesto congelado desde 1993: Con la aprobación con la ley 30 de 1992 se establece que el presupuesto de las universidades aumentará según el índice de precios al consumidor. Esto en apariencia es bueno. Pero el problema de la ley es que aumenta el presupuesto según lo que la universidad tenía en 1993, desconociendo que ahora hay nuevos profesores, más laboratorios, más estudiantes, más postrados, y una nueva sede. Por eso la universidad, ha hecho mucho más, con menos plata. Por esta razón, la situación de la universidad se ha vuelto inviable.
La situación de la crisis financiera de las universidades no es solo discurso ni exageraciones de los y las estudiantes, es una realidad reconocida incluso por las directivas de la Universidad Nacional. Beatriz Sánchez, vicerrectora general ha manifestado que “si las cosas siguen así, en 2011 la universidad será inviable y empezarían a cerrarse programas”. Además de esto, estudios de profesores de la Universidad, han reconocido que para el funcionamiento de las universidades del país para el 2010 el Estado debe desembolsar aproximadamente 605.000 millones de pesos. Por eso, los 160.000 millones de pesos aprobados por el congreso el martes de la semana pasada son insuficientes, teniendo en cuenta que ni siquiera van directamente al funcionamiento de las universidades, sino que van para el ICFES y para el ICETEX.
Exigimos que el Estado desembolse el dinero correspondiente para el mantenimiento de las universidades. Aunque parezca mucho dinero, en realidad no es tanto, teniendo en cuenta que el gobierno gastó en el 2008, el 6.5% de toda la plata que hay en el país, es decir, del producto interno bruto, en la guerra (22.21 billones de pesos. Esto equivale a 37 veces de lo que necesita la universidad pública para sobrevivir (!!!).
No es falta de plata sino de voluntad política. ¿Por qué cuando se iban a arruinar los bancos impusieron el 3 por mil para salvarlos, y ahora no hacen nada por las universidades? Debemos exigir que del 4 por mil que ahora todos los colombianos pagan a los bancos y a la guerra, haya un 1 por mil para financiar la educación pública de calidad para todas y todos los colombianos.
Saludos, y nos veremos de nuevo en las calles en otra ocasión.
Encuentre mayor información sobre la desfinanciación de la Universidad Pública
http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=169
DENUNCIAS EMBERAS II
DENUNCIA PÚBLICA
NO CESA LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INFRACCION AL DIH CONTRA
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA
RIOSUCIO Y SUPÍA CALDAS - COLOMBIA
Lunes 26 de octubre de 2009
Las Autoridades Tradicionales Indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, denunciamos ante las instituciones y organismos defensores de Derechos Humanos, las organizaciones hermanas de carácter social y popular, ONG´s y a la opinión pública en general que:
Después de la denuncia del pasado 28 de julio sobre los hechos en los cuales ocho hombres
Armados y vestidos de civil sin ninguna identificación a quienes después de que los comuneros y comuneras valerosamente enfrentaron solicitándoles su identificación, se pudo constatar que se trataba de agentes del DAS; institución que hasta el momento no ha dado ninguna claridad sobre este hecho al interior de nuestro territorio indígena.
Posteriormente el día 29 de julio en horas tempranas de la noche, se presentaron nuevamente hechos en los que hombres armados vestidos de civil, encapuchados y sin ninguna identificación, estuvieron preguntando a varios comuneros con fotografías en mano por dos líderes de la comunidad de Panesso, hechos que fueron denunciados a los organismos competentes sin que hasta el momento hallamos recibido ningún informe sobre la investigación.
Hoy lunes 26 de octubre, siendo las 2:10 p.m. nuevamente ingresan cuatro hombres de civil fuertemente armados, los cuales incursionaron violentamente en la cancha de fútbol de la Comunidad de La Iberia, donde se celebraba una tarde deportiva con presencia de niños, niñas, hombres, mujeres y mayores indígenas. Dichos sujetos accionan en contra del comunero JOSÉ ESTEBAN TAPASCO TREJOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.911.138 de Riosucio, de 26 años de edad, esposándolo y arrojándolo al suelo; al ver esta acción la comunidad reacciona y acude en auxilio del comunero ante lo cual los hombres abren fuego en contra de su integridad física, propinándole dos disparos uno en el pecho y otro en el costado del brazo derecho. Ante la reacción de la comunidad disparan al aire en repetidas veces e intimidan a la comunidad, diciendo “el que se mueva lo matamos” y ante el reclamo del señor JOSE SEFERINO CAÑAS, mayor de 84 años, le disparan hiriéndole la pierna izquierda. Los hombres armados arrastran a José Esteban hasta la entrada de la cancha, allí la comunidad en un acto legítimo de defensa y resistencia retiene a los hombres armados y rescatan al comunero herido. La comunidad conduce a los hombres civiles armados hasta la cancha de futbol y les exige su identificación frente a lo cual ellos responden que son agentes del Gaula Policía Caldas.
Posteriormente llegó el mayor comandante MARIO SUÁREZ LOZANO, al cual la comunidad exigió claridad sobre los motivos de la agresión y la identidad de los implicados y que procediera a desarmarlos, entregando solo 3 armas y cuatro celulares, a sabiendas que la comunidad fue testigo que los cuatro hombres dispararon.
En el acta levantada sobre los hechos, los agresores se identificaron ante la comunidad y la fuerza pública con los nombres de: Hever Mauricio Torres Pavas, Subintendente; Andrés Fernando Meza Meza, Subintendente, Jorge Norbey Arcila Orozco, Patrullero y Víctor Alfonso Buenaños Mosquera, patrullero.
La comunidad indígena de Cañamomo Lomaprieta considera que con lo sucedido, el GAULA atentó flagrantemente contra la integridad física y la vida de los comuneros indígenas: José Esteban Tapasco Trejos, José Ceferino Cañas y demás comunidad que disfrutaba del derecho al deporte y la recreación. Manifestamos igualmente que este acto delictivo por parte del GAULA es otro de los tantos crímenes extrajudiciales y falsos positivos de la seguridad democrática.
Frente a estos graves hechos también denunciamos una vez más la permanente violación de la jurisdicción territorial Indígena, ya que se desconoce la autonomía territorial y las medidas cautelares de que somos objeto las comunidades indígenas del Departamento de Caldas, así como el incumplimiento de las directivas 010 y 016 del Ministerio de Defensa que establece la necesaria coordinación entre las autoridades indígenas y la fuerza pública para cualquier tipo de procedimientos en los territorios indígenas.
Denunciamos la arremetida de la fuerzas pública en contra de la comunidad indígena de Cañamomo Lomaprieta, que ha sido repetitiva y que pone en riesgo la integridad física y sicológica de sus habitantes. Exigimos a la fuerza pública el esclarecimiento de estos hechos, en los cuales participan miembros de la policía, bajo la sombra de la impunidad y con la complicidad de sus superiores, razón por la cual la comunidad no encuentra garantías en dichas instituciones.
Manifestamos que por decisión legítima de la comunidad, en ejercicio de la justicia propia, la defensa territorial, el control social y en apoyo de la Autoridad Tradicional, se tomó la decisión de no permitir la salida de dichos sujetos, hasta tanto se hagan presentes en el lugar de los hechos, los organismos de control del estado, la unidad de derechos humanos de la fiscalía, Naciones Unidas y demás organismos defensores de derechos humanos para que sean garantes del debido proceso y la judicialización correspondiente de los implicados.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONG´s y organismos defensores de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
NO CESA LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INFRACCION AL DIH CONTRA
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CAÑAMOMO LOMAPRIETA
RIOSUCIO Y SUPÍA CALDAS - COLOMBIA
Lunes 26 de octubre de 2009
Las Autoridades Tradicionales Indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, denunciamos ante las instituciones y organismos defensores de Derechos Humanos, las organizaciones hermanas de carácter social y popular, ONG´s y a la opinión pública en general que:
Después de la denuncia del pasado 28 de julio sobre los hechos en los cuales ocho hombres
Armados y vestidos de civil sin ninguna identificación a quienes después de que los comuneros y comuneras valerosamente enfrentaron solicitándoles su identificación, se pudo constatar que se trataba de agentes del DAS; institución que hasta el momento no ha dado ninguna claridad sobre este hecho al interior de nuestro territorio indígena.
Posteriormente el día 29 de julio en horas tempranas de la noche, se presentaron nuevamente hechos en los que hombres armados vestidos de civil, encapuchados y sin ninguna identificación, estuvieron preguntando a varios comuneros con fotografías en mano por dos líderes de la comunidad de Panesso, hechos que fueron denunciados a los organismos competentes sin que hasta el momento hallamos recibido ningún informe sobre la investigación.
Hoy lunes 26 de octubre, siendo las 2:10 p.m. nuevamente ingresan cuatro hombres de civil fuertemente armados, los cuales incursionaron violentamente en la cancha de fútbol de la Comunidad de La Iberia, donde se celebraba una tarde deportiva con presencia de niños, niñas, hombres, mujeres y mayores indígenas. Dichos sujetos accionan en contra del comunero JOSÉ ESTEBAN TAPASCO TREJOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.911.138 de Riosucio, de 26 años de edad, esposándolo y arrojándolo al suelo; al ver esta acción la comunidad reacciona y acude en auxilio del comunero ante lo cual los hombres abren fuego en contra de su integridad física, propinándole dos disparos uno en el pecho y otro en el costado del brazo derecho. Ante la reacción de la comunidad disparan al aire en repetidas veces e intimidan a la comunidad, diciendo “el que se mueva lo matamos” y ante el reclamo del señor JOSE SEFERINO CAÑAS, mayor de 84 años, le disparan hiriéndole la pierna izquierda. Los hombres armados arrastran a José Esteban hasta la entrada de la cancha, allí la comunidad en un acto legítimo de defensa y resistencia retiene a los hombres armados y rescatan al comunero herido. La comunidad conduce a los hombres civiles armados hasta la cancha de futbol y les exige su identificación frente a lo cual ellos responden que son agentes del Gaula Policía Caldas.
Posteriormente llegó el mayor comandante MARIO SUÁREZ LOZANO, al cual la comunidad exigió claridad sobre los motivos de la agresión y la identidad de los implicados y que procediera a desarmarlos, entregando solo 3 armas y cuatro celulares, a sabiendas que la comunidad fue testigo que los cuatro hombres dispararon.
En el acta levantada sobre los hechos, los agresores se identificaron ante la comunidad y la fuerza pública con los nombres de: Hever Mauricio Torres Pavas, Subintendente; Andrés Fernando Meza Meza, Subintendente, Jorge Norbey Arcila Orozco, Patrullero y Víctor Alfonso Buenaños Mosquera, patrullero.
La comunidad indígena de Cañamomo Lomaprieta considera que con lo sucedido, el GAULA atentó flagrantemente contra la integridad física y la vida de los comuneros indígenas: José Esteban Tapasco Trejos, José Ceferino Cañas y demás comunidad que disfrutaba del derecho al deporte y la recreación. Manifestamos igualmente que este acto delictivo por parte del GAULA es otro de los tantos crímenes extrajudiciales y falsos positivos de la seguridad democrática.
Frente a estos graves hechos también denunciamos una vez más la permanente violación de la jurisdicción territorial Indígena, ya que se desconoce la autonomía territorial y las medidas cautelares de que somos objeto las comunidades indígenas del Departamento de Caldas, así como el incumplimiento de las directivas 010 y 016 del Ministerio de Defensa que establece la necesaria coordinación entre las autoridades indígenas y la fuerza pública para cualquier tipo de procedimientos en los territorios indígenas.
Denunciamos la arremetida de la fuerzas pública en contra de la comunidad indígena de Cañamomo Lomaprieta, que ha sido repetitiva y que pone en riesgo la integridad física y sicológica de sus habitantes. Exigimos a la fuerza pública el esclarecimiento de estos hechos, en los cuales participan miembros de la policía, bajo la sombra de la impunidad y con la complicidad de sus superiores, razón por la cual la comunidad no encuentra garantías en dichas instituciones.
Manifestamos que por decisión legítima de la comunidad, en ejercicio de la justicia propia, la defensa territorial, el control social y en apoyo de la Autoridad Tradicional, se tomó la decisión de no permitir la salida de dichos sujetos, hasta tanto se hagan presentes en el lugar de los hechos, los organismos de control del estado, la unidad de derechos humanos de la fiscalía, Naciones Unidas y demás organismos defensores de derechos humanos para que sean garantes del debido proceso y la judicialización correspondiente de los implicados.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONG´s y organismos defensores de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
DENUNCIAS EMBERAS
ARREMETIDA VIOLENTA DEL ESMAD EN CONTRA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Martes, 27 de octubre de 2009
En el transcurso de los graves hechos sucedidos ayer 26 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de la Iberia jurisdicción de nuestro resguardo, cuando integrantes de la fuerza pública incursionaron de manera violenta en una acción abiertamente irregular para asesinar a un comunero indígena, quien fue auxiliado por la acción valiente y legitima de la comunidad para defender su derecho a la vida.
Hoy, 27 de octubre, siendo las 4:30 de la mañana, hicieron presencia en la comunidad de la Iberia, el Secretario de Gobierno Departamental de Caldas señor HENRY MURILLO, el delegado departamental de Asuntos Indígenas señor OSCAR BETANCURT y el comandante del Departamento de Policía Caldas coronel JAIME OSPINA LOAIZA, quienes solicitaron al gobernador indígena una reunión inmediata para conocer su versión de los hechos ocurridos el día anterior. Durante la reunión los representantes del gobierno hicieron afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento irregular que sus agentes encubiertos realizaron, y deslegitimaron el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, y el derecho a la justicia que clamaba la comunidad por la debida investigación y esclarecimiento de los confusos hechos. Posterior a ese ambiente de aparente diálogo y concertación con dichos representantes para generar confianza y realizar la audiencia de garantías, para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, estos funcionarios y el personero municipal de Riosucio se retiraron disimuladamente del lugar, no sin antes mencionar su inconformidad frente a la audiencia y su interés por llevarse inmediatamente a los 4 agentes implicados que siempre estuvieron en manos de la fuerza pública , burlando así, la confianza que la comunidad depositó en ellos como garantes de los derechos humanos, ya que permitieron a espaldas de la comunidad indígena y la defensoría del pueblo, la incursión violenta del escuadrón antidisturbios ESMAD, compuesto por aproximadamente 500 hombres que se movilizaban en más de 15 camiones a eso de las 7.00 AM; procedieron de inmediato a lanzar gases, y balas de goma contra la concentración pacífica de la comunidad, los niños de la guardería y los estudiantes de la escuela, el colegio y la Defensora Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, llevándose a los 4 hombres implicados en la acción delictiva contra los indígenas José Esteban Tapasco y José Ceferino Cañas. Frente a estos nuevos hechos denunciamos:
El peligro inminente en que se encuentra la comunidad y las autoridades tradicionales por los señalamientos que han venido haciendo los representantes del gobierno y la fuerza pública, en los cuales se pone en duda el ejercicio legítimo de la jurisdicción especial indígena.
Denunciamos el manejo sesgado de la información que han venido haciendo los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno acerca de la verdad de los hechos sucedidos en la comunidad de la Iberia el día 26 de Octubre de 2009, en los cuales se tergiversan hechos tan gravosos ocurridos contra la comunidad indígena como si esta fuera la responsable de las agresiones realizadas en su contra.
Rechazamos la defensa por parte de los representantes del gobierno a las acciones ilegales de la fuerza pública, que se vienen legitimando bajo la excusa de operar sobre un supuesto manto de legalidad, violándose tanto la jurisdicción especial indígena como la jurisdicción ordinaria en materia de Derechos Humanos y el DIH.
Denunciamos el irrespeto de los representantes del gobierno con las autoridades indígenas, al pretender negar ante la opinión pública los verdaderos hechos ocurridos en la comunidad de la Iberia.
Denunciamos la actitud complaciente e irresponsable del personero municipal de Riosucio señor JESÚS MARIA SANCHEZ con los atropellos perpetrados por la fuerza pública contra la comunidad indígena.
Rechazamos la brutal agresión del escuadrón antidisturbios ESMAD, quien arremete violentamente contra la comunidad indígena lanzando gases lacrimógenos y balas de goma que lesionaron a la comunidad que se encontraba reunida de manera pacífica, buscando garantías en el espacio de la audiencia pública para el esclarecimiento de los hechos relatados anteriormente en los demás comunicados.
Asimismo, declaramos personas no gratas en nuestras comunidades indígenas al señor HENRY MURILLO secretario de gobierno departamental, al señor OSCAR BETANCURT delegado departamental de la oficina de asuntos étnicos, el coronel comandante de departamento de policía Caldas JAIME OSPINA LOAIZA y el personero municipal de Riosucio JESUS MARIA SANCHEZ, por la manera cínica y mentirosa como se acercaron a la comunidad y sus autoridades tradicionales, ya que por un lado concitaban al diálogo abierto y desprevenido, y por el otro preparaban la arremetida violenta del ESMAD contra la comunidad indígena.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
Martes, 27 de octubre de 2009
En el transcurso de los graves hechos sucedidos ayer 26 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de la Iberia jurisdicción de nuestro resguardo, cuando integrantes de la fuerza pública incursionaron de manera violenta en una acción abiertamente irregular para asesinar a un comunero indígena, quien fue auxiliado por la acción valiente y legitima de la comunidad para defender su derecho a la vida.
Hoy, 27 de octubre, siendo las 4:30 de la mañana, hicieron presencia en la comunidad de la Iberia, el Secretario de Gobierno Departamental de Caldas señor HENRY MURILLO, el delegado departamental de Asuntos Indígenas señor OSCAR BETANCURT y el comandante del Departamento de Policía Caldas coronel JAIME OSPINA LOAIZA, quienes solicitaron al gobernador indígena una reunión inmediata para conocer su versión de los hechos ocurridos el día anterior. Durante la reunión los representantes del gobierno hicieron afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento irregular que sus agentes encubiertos realizaron, y deslegitimaron el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, y el derecho a la justicia que clamaba la comunidad por la debida investigación y esclarecimiento de los confusos hechos. Posterior a ese ambiente de aparente diálogo y concertación con dichos representantes para generar confianza y realizar la audiencia de garantías, para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, estos funcionarios y el personero municipal de Riosucio se retiraron disimuladamente del lugar, no sin antes mencionar su inconformidad frente a la audiencia y su interés por llevarse inmediatamente a los 4 agentes implicados que siempre estuvieron en manos de la fuerza pública , burlando así, la confianza que la comunidad depositó en ellos como garantes de los derechos humanos, ya que permitieron a espaldas de la comunidad indígena y la defensoría del pueblo, la incursión violenta del escuadrón antidisturbios ESMAD, compuesto por aproximadamente 500 hombres que se movilizaban en más de 15 camiones a eso de las 7.00 AM; procedieron de inmediato a lanzar gases, y balas de goma contra la concentración pacífica de la comunidad, los niños de la guardería y los estudiantes de la escuela, el colegio y la Defensora Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, llevándose a los 4 hombres implicados en la acción delictiva contra los indígenas José Esteban Tapasco y José Ceferino Cañas. Frente a estos nuevos hechos denunciamos:
El peligro inminente en que se encuentra la comunidad y las autoridades tradicionales por los señalamientos que han venido haciendo los representantes del gobierno y la fuerza pública, en los cuales se pone en duda el ejercicio legítimo de la jurisdicción especial indígena.
Denunciamos el manejo sesgado de la información que han venido haciendo los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno acerca de la verdad de los hechos sucedidos en la comunidad de la Iberia el día 26 de Octubre de 2009, en los cuales se tergiversan hechos tan gravosos ocurridos contra la comunidad indígena como si esta fuera la responsable de las agresiones realizadas en su contra.
Rechazamos la defensa por parte de los representantes del gobierno a las acciones ilegales de la fuerza pública, que se vienen legitimando bajo la excusa de operar sobre un supuesto manto de legalidad, violándose tanto la jurisdicción especial indígena como la jurisdicción ordinaria en materia de Derechos Humanos y el DIH.
Denunciamos el irrespeto de los representantes del gobierno con las autoridades indígenas, al pretender negar ante la opinión pública los verdaderos hechos ocurridos en la comunidad de la Iberia.
Denunciamos la actitud complaciente e irresponsable del personero municipal de Riosucio señor JESÚS MARIA SANCHEZ con los atropellos perpetrados por la fuerza pública contra la comunidad indígena.
Rechazamos la brutal agresión del escuadrón antidisturbios ESMAD, quien arremete violentamente contra la comunidad indígena lanzando gases lacrimógenos y balas de goma que lesionaron a la comunidad que se encontraba reunida de manera pacífica, buscando garantías en el espacio de la audiencia pública para el esclarecimiento de los hechos relatados anteriormente en los demás comunicados.
Asimismo, declaramos personas no gratas en nuestras comunidades indígenas al señor HENRY MURILLO secretario de gobierno departamental, al señor OSCAR BETANCURT delegado departamental de la oficina de asuntos étnicos, el coronel comandante de departamento de policía Caldas JAIME OSPINA LOAIZA y el personero municipal de Riosucio JESUS MARIA SANCHEZ, por la manera cínica y mentirosa como se acercaron a la comunidad y sus autoridades tradicionales, ya que por un lado concitaban al diálogo abierto y desprevenido, y por el otro preparaban la arremetida violenta del ESMAD contra la comunidad indígena.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
