En las últimas semanas, hemos tomado claro conocimiento de la inminente insolvencia financiera de las universidades públicas. El informe de la Contraloría General de la Nación muestra cómo, en las última décadas, el progresivo desfinanciamiento de la universidades ha avanzado al tiempo que estas han mejorado notablemente sus indicadores de eficiencia, en términos de ampliación de cupos, cualificación de los docentes, crecimiento de la investigación y de la productividad académica. Esta extraña proporción inversa implica la ejecución acelerada de la privatización de las universidades públicas.
Las afirmaciones con que los funcionarios del gobierno nacional anunciaron que la universidad pública era “la gran ganadora” en la jornada en que el Congreso aprobó el presupuesto para el año 2010 se mostraron, de manera inmediata, totalmente falaces. Con la distribución de recursos aprobada, se afecta de manera grave la autonomía universitaria en el cumplimiento de sus actividades misionales, por vía de la asfixia económica.
El problema presupuestal que aqueja a las universidades públicas no es asunto exclusivo de estas instituciones, puesto que lo que con esto se juega son las transferencias de la nación a la educación superior pública. En Colombia, esas transferencias son tan solo del 0.4 % del PIB. Todos sabemos que hay sectores con porcentajes nefastamente más abultados. De modo que este asunto concierne al conjunto de nuestra sociedad, en tanto se trata del manejo de los dineros públicos. Dado que el acceso a la educación superior es un buen indicador de la equidad social, esta no se logra con la ingeniosa fórmula de repartir miserias. Este método ha sido anunciado por la ministra y el viceministro de educación como un cambio de reglas en la distribución de los recursos entre las universidades públicas, de modo que las instituciones regionales reciban algo más y las universidades más grandes no reciban “¡tanto!”. Volvemos a notar cómo de lo que se trata con todo esto es de la aceleración de una política de quebrantamiento definitivo de la educación superior pública. La equidad solo se logra con una adecuada financiación que asegure que las universidades estén en condiciones de brindar otras opciones para los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero a las falacias de los funcionarios de gobierno, ahora hay que agregar algo que es de un tenor mucho más grave; en lo que respecta a la Universidad Nacional de Colombia, la ministra de educación Cecilia María Vélez White ha tendido un manto de sospechas al declarar que respecto del manejo de sus recursos hay “más que certezas, oscuridades”.
Puesto que esta crisis concierne a la sociedad colombiana, hay una labor mayor que compete a los universitarios. En las últimas semanas, ha sido notable la participación de los estudiantes en diversas actividades de protesta para reclamar un adecuado presupuesto para la educación superior pública. Como de lo que ahora de se trata es de la subsistencia de la Universidad Nacional, hacemos un llamado al estamento profesoral para que participe en el análisis y construcción conjunta de actividades que permitan reclamar, por diversos medios, el presupuesto que la universidad requiere para el cumplimiento de sus actividades misionales. También hacemos un llamado a la comunidad universitaria en su conjunto, para que la legítima protesta no corra el riesgo de ser criminalizada.
PROFESORES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS Y CULTURA
CIUDAD UNIVERSITARIA, OCTUBRE 26 DE 2009.
FUENTE:
http://www.redrevuelta.org/es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=169
