LES DEJAMOS UN ARTÍCULO QUE SIRVE PARA ENTENDER POR QUÉ VOTAR EN COLOMBIA ES UNA FARSA Y LOS “ANTECEDENTES” DE LA PARAPOLÍTICA CON NOMBRES PROPIOS HECHO A FINALES DE 2007.
Nada nuevo bajo el sol
La presencia del narcoparamilitarismo en la política
colombiana no es asunto sólo del gobierno
de Álvaro
Uribe Vélez. Narcotraficantes y paramilitares han
perneado la institucionalidad de arriba abajo y de
abajo a arriba. A principio de los años 80 y es de
público conocimiento, lástima que la frágil memoria de
los colombianos no lo recuerde, Pablo Escobar Gaviria
estuvo en el recinto del Congreso y más exactamente en
calidad de Representante a la Cámara; lugar hasta
donde le había llevado en condición de suplente a esta
Corporación, Jairo Ortega Ramírez, Representante por
el Departamento de Antioquia y personaje éste con
quien había organizado en 1981 el Movimiento Político
Renovación Liberal, al cual muy pronto adhirieron a la
organización política Alternativa Liberal, dirigida
por el entonces senador Alberto Santofimio Botero; de
quien se sabe está detenido hoy por hallarlo la
Fiscalía General de la Nación comprometido en el
magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y
quien según las encuestas de entonces lo daban como
virtual ganador de las elecciones presidenciales.
En Colombia, la cohabitabilidad del
narcoparamilitarismo y la política es un hecho
notorio. La financiación de las campañas políticas por
parte de reconocidos narcotraficantes; en el pasado y
en la actualidad, sin duda, es un hecho que salta a la
vista y por más que sus directos beneficiarios hayan
procurado ocultarlo, como lo han pretendido hacer en
diferentes momentos, la empresa ha resultado
complicada, cuando no imposible. Salvo contadas
ocasiones, sin embargo, la opinión pública ha conocido
la naturaleza real de la financiación de dichas
campañas por parte del narcotráfico y en nuestros
días, por el paramilitarismo. Así, propio es recordar
que, ya en 1982 a la campaña de Alfonso López
Michelsen se le acusó de haber recibido dineros de la
mafia. Y no sólo ello, pues preciso señalar es que el
mismo Expresidente López, el Exrepresentante Jairo
Ortega, Federico Estrada Vélez (senador entonces),
Ernesto Samper Pizano, Santiago Londoño White y Carlos
Nader Simmonds [1] , el mismo de las amenazas contra
el periodista de la Revista Semana, Daniel Coronell,
entre otros, se reunían con el ya conocido capo Pablo
Escobar Gaviria en la suit presidencial de un lujosos
Hotel en Medellín.
Todos estos personajes luego terminarían vinculados a
escándalos donde los nexos política y narcotráfico fue
la nota marcante. Por citar sólo un par de casos;
Carlos Nader terminaría detenido en New York en 1983
cuando intentó vender, siendo Congresista activo, a
agentes encubiertos de la DEA [2] , como no, unos
kilos de cocaína, y a Ernesto Samper Pizano se le
señaló por haber financiado su campaña a la
Presidencia en el periodo 1994-1998 con los dineros
del Cartel de Cali, lo que daría paso al Proceso 8000;
nombre como se ha conocido al más renombrado caso de
simbiosis entre política y mafiosos en Colombia. En
este proceso, pertinente además resulta decir que, 18
congresistas terminaron comprometidos en este caso y
judicializados los mismos; de igual modo, importantes
Ministros (Botero Zea) y funcionarios de la Campaña
“Samper Presidente” fueron condenados por estos
hechos. Entre los Congresistas que resultaron
comprometido en aquel repudiable episodio están, entre
otros, Francisco José Jattin, --padre de Zulema Jattin
Corrales—y Jorge Ramón Elías Nader, Expresidentes de
la Cámara de Representante y del Senado,
respectivamente; también José Guerra de la Espriella,
Jaime Lara Arjona y Fernando Garavito; quienes no
pudieron ocultaron que desde hacía mucho tiempo atrás
venían recibiendo favores económicos de los capos de
la mafia, a cambio, sin duda, de promover en el
Congreso proyectos de ley que beneficiara a sus
organizaciones criminales.
La infiltración de dineros de la mafia y hoy del
paramilitarismo, empero, no se remite sólo a la
política, también ha infiltrado a la economía y sus
gremios y de igual modo a importantes organismos del
Estado; los cuales desde hace mucho tiempo atrás
vienen en un proceso de narcoparamilitarización en
todos los niveles de la administración, en el orden
local, regional y nacional; sólo que ahora parece que
nos percatáramos de que el fenómeno es reciente,
cuando éste tiene una avezada historia. Basta sólo
recordar que ya en vida de Pablo Escobar Gaviria
importantes oficiales del ejército y la Policía
estaban a sus servicios y hacían parte sustancial de
su anillo de seguridad, pues le proporcionaban
información valiosa para sus movimientos: Un hecho que
confirma lo aquí anotado fue la espectacular fuga que
propició este capo del cartel de Medellín de la
“Cárcel La Catedral”, de Máxima Seguridad, decían,
cuando se sabía que el Gobierno de César Gaviria
Trujillo había tomado la decisión de extraditarlo a
los EEUU.
Y de estas relaciones entre el narcoparamilitarismo y
la institucionalidad en Colombia podríamos seguir
hablando y de manera profusa, pues ejemplos no nos
faltan. Uno de ellos y quizá el más claro resulta el
nexo entre la Policía, el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), los Militares y los llamados Pepes
[3] (Perseguidos por Pablo Escobar Gaviria);
organización criminal esta constituida por los
hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, y por Don Berna,
quienes luego de hacer parte fundamental del Cartel de
Medellín y ser hombres de confianza de Pablo Escobar
Gaviria, pasaron a enfrentarlo, hasta propiciar su
muerte y, en apariencia, la desaparición de su empresa
del crimen, o más bien quedarse con su franquicia. No
hay duda que a esta cruzada contra Escobar se unió la
DEA y también el Cartel de Cali. Por todo ello,
grandes favores le debe el Estado en Colombia al
narcoparamilitarismo: primero, por ayudarles a
enfrentar el crecimiento de la insurgencia y del
movimiento popular en un momento en que lo requería, y
segundo lugar, a los PEPES, por haberse quitado la
figura asesina de Escobar de encima. Al juzgar por los
acontecimientos actuales y a manera de sorna, justo
premio ha dado el Estado en Colombia al
narcoparamilitarismo hoy al haberlo legalizado a
través de la ley de “Justicia y Paz”.
Álvaro Uribe Vélez, el personaje que hoy encarna la
extrema derecha en Colombia y el Presidente más
señalado por tener vínculos con el narcotráfico, sin
sonrojarse y sin ningún empacho entendió que había
llegado el momento del reconocerle y de agradecer al
narcoparamilitarismo “su vocación de patria”, como en
el fondo así lo piensan, pero no expresan muchos
políticos de oficio, y también y sin equívoco alguno,
singulares miembros de los más representativos grupos
económicos del país. Su mérito está en visibilizar lo
que otros siempre pretendieron ocultar, muy a pesar
que vieron como conveniente la existencia del
paramilitarismo como una fuerza de contención de todo
aquello que era mirado por la institucionalidad como
una amenaza a su existencia. La elite en Colombia,
tiene, efectivamente, mucho que agradecer a los
Castaño Gil, y a Salvatore Mancuso, entre otros
asesinos, por su contribución al mantenimiento del
status quo. Con Uribe Vélez el narcoparamilitarismo
pasó en Colombia de ser una organización criminal a
ser un actor político y de allí al cogobierno como lo
manifestara hace poco tiempo Antanas Mockus, candidato
a la Presidencia por el Movimiento Alianza Social
Indígena.
Así, los narcoparamilitares pasaron de ser finqueros a
mediados de los 80 y principios de los 90, a manejar
pequeñas alcaldías al finalizar esta década y de ahí a
permear e instalarse en importantes instituciones del
Estado en la década del 2000, con importante capacidad
resolutiva, bien es señalarlo. Algunas Gobernaciones,
La Fiscalía [4] General de la Nación, el Congreso [5]
, las Universidades [6] (la de Córdoba en especial),
la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge en
Córdoba y el mismo DAS. En regiones donde su poder es
incontestable han reforzado el gamonalismo como
práctica política y han adobado a este con la
presencia de sus armas; las cuales han servido no sólo
para oponerse a cualquier reforma política sino para
imponer una contrarreforma agraria, al punto que como
lo plantean el Instituto Agustín Codazzi (IGAC) y
CORPOICA, “el 61% de la tierra en Colombia está en
poder del 0.4% de los propietarios, mientras que el
96% de estos deben conformarse con apenas el 24% de la
tierra” [7] .
Como dato puntual, Uribe es uno de los grandes
terratenientes y ganaderos de Colombia y con él se ha
terminado de imponer la cultura mafiosa y
narcoparamilitar en los asuntos públicos y también la
cultura caballística de la cual ha hablado Alfredo
Molano; lo cual ha hecho que ganaderos y
terratenientes sean fervorosos creyentes en su
política de “Seguridad Democrática”. En Córdoba, por
ejemplo, santuario del paramilitarismo y su zona de
despeje desde hace 15 años, Uribe tiene extensas
propiedades de tierra, de las cuales Castaños en su
día y también Mancuso fueron sus vigías, aunque no lo
reconozca, o diga, como dice, de forma timorata, que a
este último sólo lo vio dos veces y sobre todo antes
de convertirse en paramilitar. Antes había dicho que
lo había visto una sola vez, hoy la cuenta sube y no
nos extraña que luego resulte que no fueron dos veces,
como ahora ya reconoce, sino que hasta hicieron
negocios. Y es posible que así sea puesto que la
mentira bajo el mandato de Uribe se impone, o lo que
es lo mismo, la verdad está herida y de muerte.
Insisto que la presencia del narcoparamilitarismo en
las instituciones colombianas no es un fenómeno nuevo,
quizá lo nuevo pueda ser la intensidad de su presencia
y el alcance que este hoy tiene al interior del
Estado, que no es poco, pues no se reduce sólo al
perímetro nacional sino que tiene una cobertura de
orden internacional, como así se comprueba por las
acciones del archiparamilitarizado y narcotizado DAS
en contra del gobierno de Venezuela. Lo que acontece
con el DAS en Colombia, sin duda, es un fiel reflejo
de la institucionalización del narcoparamilitarismo
que hoy se vive en el país; acelerada la misma, como
lo hemos dicho, por la forma aquiescente de cómo Uribe
viene interlocutando con narcotraficantes y
paramilitares y facilitándole importantes espacios de
acción institucional.
En el gobierno de Uribe no son pocos los funcionarios
de alto rango, de su extrema confianza, por decir lo
menos, que han terminado haciéndoles importantes
concesiones a reconocidos personajes asociados con la
criminalidad y el hampa, o han estado ellos muy
cercanos a grupos criminales, de lo que no escapa, por
cierto, el candidato-presidente, que justo es
reconocer, fue una especie de portavoz del Programa
“Medellín sin Tugurios”; iniciativa que lideró Pablo
Escobar en su momento. Así, Resulta difícil pensar que
el Presidente no tenga conocimiento sobre la calidad
de las personas a quienes nombra en distintos
organismos del Estado; los escándalos que a diario
saltan nos conduce a unas preguntas obligadas ¿por qué
el Presidente Uribe se rodea tan mal y por qué tolera
y consiente que sus funcionarios a través de sus
actuaciones institucionales le den tanto pábulo al
narcoparamilitarismo? ¿Esta forma de actuar obedece a
una política de gobierno o es un acto de funcionarios
díscolos? La lista de funcionarios nombrados por Uribe
que aparecen con vínculos con narcoparamilitares no es
corta. Citemos algunos de sus connotados funcionarios.
Los funcionarios de Uribe: pronarcoparamilitares.
Bernardo Moreno Villegas. En la actualidad es el
Secretario de la Presidencia de la República y fue
hasta hace poco tiempo Director de Financiera de
Desarrollo Territorial (Findeter). Se le achacan,
según Alfonso de la Espriella [8] , de ANNCOL
noticias, importantes vínculos con el reconocido
narcotraficante Gildardo Ceballo Zuluaga, de quien se
dice, financió su campaña a la fallida gobernación del
Quindio. Se presume de igual modo que bajo la
dirección de Findeter reorientó importantes capitales
hacia municipios de amplio manejo paramilitar, tanto
en la Costa Atlántica como en el eje cafetero.
Da cuenta la fuente citada, además que, Gildardo
Ceballo Zuluaga, --su financista electoral--, es un
reconocido auspiciador de los paramilitares en el
Quindio y también fue contribuyente de la pasada
campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y quien
éste y en agradecimiento por su contribución le ha
nombrado a su hijo en el consulado de Colombia en
Boston, lo cual quiere decir que el asunto trasciende
a Moreno Villegas y toca al presidente Uribe. Ceballo
Zuluaga, al parecer, había sido investigado por el DAS
en el Quindio y según de la Espriella, la rápida
intervención de Bernardo Moreno ante el triste célebre
Jorge Noguera, Exdirector del DAS, actual Cónsul en
Milán y de quien nos referiremos más adelante,
propició que la investigación se archivara y/o
modificara parte sustancial de la misma. De Jorge
Noguera, y no es por desconocer la presunción de
inocencia, hay que esperar lo peor.
Otro personaje con alto grado de responsabilidad en el
actual gobierno y que se le han comprobado importantes
relaciones comerciales y empresariales ---y así lo
reconoce ella—con reconocidas personas asociadas a la
mafia, en especial, al Cartel del Norte del Valle, es
Lía Nicolasa Heenan Sierra, actual Presidenta de la
Central de Inversiones S.A (CISA) y quien fue nombrada
directamente por el Presidente Uribe en esta entidad
del Estado; Corporación ésta asociada al Fondo de
Garantías de Instituciones Financiera (FOGAFIN) y
desde la cual tenía o tiene la responsabilidad de
comprar y vender todos los activos de la aún existente
banca estatal – la poca que queda--- o la que hace ya
mucho rato entró en liquidación; o lo que quiere
decir, fue regalada al capital transmonopólico
financiero internacional. La funcionaria en mención
como lo da a conocer el periodista Norbey Quevedo [9]
de la Unidad Investigativa del Espectador, fue la
Vicepresidente de Crédito de Findeter y a juzgar por
los hechos descrito era de la más absoluta confianza
del actual Secretario de Presidencia y Exdirector de
Findeter, Bernardo Moreno. Éste, al parecer, fue quien
la recomendó ante presidencia para ocupar el cargo que
hoy desempeña.
Lía Nicolasa y Bernardo Moreno desde hace algún tiempo
tenían relaciones con Luis Antonio Hernández Zea y con
Gabriel Puerta Parra, importantes ejecutivos de la
empresa Intercontinental de Aviación; empresa que
junto a otras pertenecientes a este mismo grupo eran
señaladas por el Gobierno americano de hacer parte de
un complejo de empresas dedicadas al narcotráfico.
Parece ser que Lía Nicolasa heredó las relaciones de
Moreno y fue mucho más allá, pues pasó de funcionaria
de Findeter y atender las peticiones de empréstitos
realizadas por éstos señores, a convertirse en una
valiosa socia dentro del entramado de empresas que el
cartel del Norte de Valle tiene en Colombia y a través
de las cuales realizaba sus operaciones de envío de
droga a los EEUU y promovía el blanqueo de divisas.
Así, el 29 de julio del año 2004, la flamante
Presidenta de CISA, Lía Heena, constituyó, -----tal
como lo da a conocer el periodista Quevedo---, junto a
Luis Hernández Zea, Manuel Arturo Rincón, Fernando
Parga, María Isabel Cáceres y Mauricio Alberto Peraza,
la Empresa Panatel, la que se encargaría de ofrecer
los servicios de internet y telefonía en distintos
puntos del país donde la entidad en liquidación,
Intercontinental de Aviación, tenía locales.
La inversión inicial de la empresa Panatel fue de “200
millones de pesos y la sociedad quedó repartida, dice
la fuente citada, por 9 empresas, entre ellas: Super 9
comunicaciones S.A., Acociviles S.A., Prosositel S.A.,
Redsat de Colombia S.A., Fusión Turismo y Eventos.,
Asociación Turística Internacional y Lía Heena Sierra,
quien adquirió 10.000 acciones de la sociedad” A
varios socios de Panatel, a la entidad misma y a un
grupo de empresas a ellas asociadas el gobierno
americano, en especial la Oficina del Tesoro, en el
año 2004, pudo comprobar que algunas de estas empresas
asociadas a Panatel enviaban a través de la aerolínea
Intercontinental de Aviación Drogas a los EEUU. El
mismo departamento del Tesoro encontró que Luis
Hernández Zea y Gabriel Puerta Parra estaban
vinculados a la estructura mafiosa del cartel del
Norte del Valle y, en particular, Puerta Parra tiene
proceso abiertos por droga y crimen en un Tribunal de
Columbia y de la Florida, respectivamente. Además de
ello, Luis Hernández Zea, aparece referenciado en la
lista Clinton, tal y como lo da a conocer Norbey
Quevedo.
La Fiscalía General de la Nación en febrero del 2005 a
través de una fiscal de la Unidad Nacional para la
extinción de bienes, procedió a actuar contra las
propiedades y acciones de Puerta Parra y Luis
Hernández Zea, lo que incluyó su poder accionarial en
Panatel; empresa que hoy está en proceso de
liquidación, lo cual no es excusa para que Heena
Sierra piense que su responsabilidad ética,
profesional y posiblemente penal sobre este caso
queden en el aire.
Lo inexplicable es que el Presidente Uribe que conocía
esta repudiable actuación de uno (a) de sus
funcionari@s y no le haya pidiera la renuncia o haya
prescindido de ella. Como en otros casos, Lía Nicolasa
ante su posible salida del gobierno dice: “Creo que si
es decisión del presidente Uribe que yo renuncie por
esta situación, pues acato esa decisión”. Si tuviera
dignidad la mencionada funcionaria renunciaría, pero
ni ella ni su principal jefe la tienen, con lo cual se
da por sentado que continuara en el cargo y de hecho,
aún parece seguir en el. Esta pasividad frente a
hechos de tan gran envergadura nos reafirma en la
convicción de que el proceso de institucionalización
del narcoparamilitarismo en Colombia es un hecho y que
el cogobierno con este es inocultable, lo que denota
la naturaleza pronarcoparamilitar del gobierno de
Uribe.
Dentro de esta misma lógica descrita, el caso de Luis
Ortiz López, Exdirector del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder) resulta igual de indigno.
Éste funcionario renunció luego que una investigación
de la Procuraduría General de la Nación y difundida
por los medios de comunicación, pusiera de presente
que había entregado con total impunidad cerca de
18.000 hectáreas de tierras a personas que no sólo no
tenían derecho a recibirlas sino que además le entregó
una Finca a José Eleazar Moreno [10] , Alias
Comandante Jaime, de las Autodefensas de Puerto López,
Meta, y quien al recibir la propiedad aún se
encontraba como miembro de esta agrupación criminal.
De este modo, las tierras que en principio debían ser
entregadas a los campesinos desplazados eran por este
funcionario otorgadas a terratenientes y algunos
paramilitares. La Procuraduría encontró
irregularidades en 37 adjudicaciones de tierra de las
que correspondía al Municipio de Puerto López. El
mencionado funcionario renunció sólo cuando la
investigación tomó rumbo de escándalo, antes, el
gobierno ni siquiera se había tomado la iniciativa de
pedir responsabilidades por este avieso proceder.
Otro de los sonado personajes involucrado en todo este
proceder que favorece a narcotraficantes o a
paramilitares, es Roger Taboada [11] , Exdirector del
Fondo Nacional Agrario (FINAGRO) y de quien se sabe
transfirió, – más no aprobó--- créditos por más de
25.000 millones de peso al Fondo ganadero del Caquetá
y, en especial, a Micky Ramírez, un reconocido
personaje vinculado en los años 80 al cartel de
Medellín y, en particular, a Pablo Escobar Gaviria. En
estos créditos adjudicados el Ministro de Agricultura,
Andrés Felipe Arias, debió haber asumido sus
responsabilidades políticas y renunciar, sin embargo,
el Presidente Uribe ante la gravedad de los hechos
sólo optó por aceptar la renuncia de Taboada. Como en
el caso anterior, el Gobierno calló y vino a aceptar
la renuncia del Director de Finagro más por la presión
de la prensa que por una obligación moral e
institucional. Hasta hoy el Ministro de Agricultura
sigue en el cargo y dice lo que en este tipo de casos
dicen todos los funcionarios nombrado por Uribe: “hago
lo que el presidente me diga: Aunque he pensado
renunciar. Estoy dispuesto a asumir mi
responsabilidad” Este tipo de planteamiento deja
patentado la poca vergüenza y ética que tienen los
funcionarios que ha nombrado el señor Presidente y
también la connivencia institucional de su gobierno
frente a este tipo de actuaciones; las cuales denotan
hasta donde el favoritismo para con el
narcoparamilitarismo es evidente.
Y el gradiante más alto de toda esta perversión
institucional la representa, sin duda, el caso de
Jorge Noguera, Exdirector del DAS y hoy Cónsul en
Milán. Este personaje fue vinculado a la campaña Uribe
Presidente en el año 2001 en el Departamento del
Magdalena, en calidad de gerente de la misma. En esta
zona del país a Noguera se le asociaba con los
paramilitares. Éste había ocupado un importante cargo,
Secretario de Gobierno, siendo gobernador de aquel
Departamento el actual Director del Instituto de
Estupefaciente, Juan Carlos Vives Menotti, quien fue
quien lo recomendó ante Uribe. Obtenida la victoria
por parte éste, pensó que la mejor gratificación que
podía hacerle a Jorge Noguera, dado los importantes
resultados logrados electoralmente en el Magdalena,
era vincularlo como un cuadro dentro del esquema de su
Política de Seguridad Democrática y en correspondencia
con ello le ofreció el cargo de Director
Administrativo de la Policía secreta (DAS).
Noguera a su vez vinculó a Rafael García, a quien le
nombró en el DAS como Jefe del Área de Informática y
persona con quien había trabajado antes en la campaña
y en otras entidades. Muy pronto Rafael García mostró
su catadura y empezó a limpiar expedientes de
reconocidos narcotraficantes pedidos en extradición y
también de toda suerte de paramilitares. Además de
ello participaba en una red de blanqueo y lavado de
activos. Una investigación interna demostró las zafias
actuaciones del jefe de informática y su
enjuiciamiento por la Fiscalía General de la Nación no
se hizo esperar. Ahora la Unidad de Fiscales ante el
Tribunal de Bogotá le ha llamado a juicio y le imputa
los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para
delinquir, falsedad y fraude, entre otros. La esposa
de Rafael García, se sabe, tiene detención
domiciliaria y ha sido vinculada al proceso por
enriquecimiento ilícito. Ha trascendido que ella giró
un cheque por valor de 10 millones de pesos a Jorge
Noguera, el cual él señala que fue en calidad de
empréstito.
El exjefe del Área de Informática del DAS ha venido
haciendo importantes revelaciones que afectan
profundamente la credibilidad del organismo y la de
sus principales responsable en su momento. Más
adelante volveré sobre las interesantes denuncias que
ha realizado el personaje en mención, las cuales nos
darán singulares pistas para comprender lo ilegítimo e
ilegal que es el gobierno de Uribe y el grado de
paramilitarización que enfrenta la institucionalidad
en Colombia. Por ahora sólo veamos algunas ejecutorías
del Exdirector del DAS y algunos escándalos en este
organismos, los cuales comprometen seriamente al hoy
Cónsul de Colombia en Roma.
Jorge Noguera: “Nuestros Vladimir Montesinos”, su
Jefe, Uribe
En calidad de Director del DAS, Jorge Noguera,
“nuestro Vladimiro Montesinos”, nombró [12] en las
regionales del organismo a funcionarios con un pasado
plagado de violación a los derechos humanos y con
notorios vínculos con reconocidos narcoparamilitares.
Así, hizo nombrar como jefe seccional del DAS en
Boyacá a Antonio Triviño, en la Guajira a César Mesa,
en Tolima a Oscar Carreño, en el Cesar, al coronel en
retiro Jairo Giraldo, en el Meta a Ismael Malaver, en
Bolívar a Rómulo Betancourt, en Norte de Santander a
Mauricio Rosales y en el Departamento del Atlántico, a
Emilio Vence Zabaleta.
Hay que anotar que los tres últimos directores
señalados ya habían sido funcionarios del DAS y bajo
Noguera fueron reincorporados. Betancourt; por
ejemplo, ingresó nuevamente el 3 de julio del 2003 y
hasta el 9 de octubre del 2002 era trabajador de la
Empresa de Juegos de Azar Uniapuestas; entidad esta de
propiedad de Enilse López, alias la “Gata” y quien
para refrescar la memoria fue fiel contribuyente, como
otros mafiosos, a la campaña de Uribe Presidente en el
año 2002; aportó como consta en los registro de
contribución la friolera de 100 millones de pesos.
Como es de público conocimiento, fue detenida en el
mes de febrero del presente año por lavado de activo y
por apoyar a grupos paramilitares en el sur de Bolívar
y los Montes de María; en el Departamento de Sucre.
Betancourt dice que para reingresar al DAS en su
seccional del Departamento de Bolívar fue propuesto
por Jorge Visbal Martelo, Expresidente del gremio de
ganaderos de Colombia y exemabajador en Canadá; sin
embargo, Rafael García, el exjefe de Informática de
esa entidad señala, y eso tendría que probarlo la
Fiscalía, que su reincorporación a este cuerpo lo
consultó Jorge Noriega, el Exdirector del DAS, con el
reconocido y criminal jefe paramilitar Jorge 40.
Otro de los reincorporados fue Emilio Vence Zabaleta.
De este personaje se podría decir que “no tiene
historia sino prontuario” y una carrera de amplia
colaboración con los paramilitares de Fidel y Carlos
Castaños Gil, quienes le consideraban muy cercano. Se
desempeñó como Director seccional del DAS en
Departamento de Córdoba entre mediados de la década de
lo 80 y finales de la misma; es decir, en el momento
en que los paramilitares irrumpieron con su régimen de
terror en aquella región e impusieron las masacres y
los asesinatos selectivos contra miembros del
movimiento social y, en particular, contra
sindicalistas, indígenas, estudiantes y miembros de
las organizaciones políticas de izquierda: A luchar,
Frente Popular y la Unión Patriótica.
Bajo su dirección los paramilitares actuaron con total
impunidad y poco fue lo que se hizo desde ese
organismo para parar la embestida de los paramilitares
contra la población civil. A finales del 80, cuando
sale de la dirección del DAS en Córdoba, fue
trasladado a la dirección de ese mismo organismo al
Departamento del Cesar; donde se presume, prestó
importante cobertura al surgimiento de los
paramilitares en esa región. Salió del DAS en 1999 por
violación a los derechos humanos y quien lo volvió a
reintegrar fue exactamente el Presidente Uribe, pues
éste señaló en su momento que los ganaderos de Córdoba
le habían solicitado, “gracias a su excelente labor
allá” que lo reintegraran. ¿Qué ganaderos se lo
pidieron: Rodrigo García, Salvatore Mancuso, Jaime
García, Jesús María López Gómez, Abraham Gánen; etc?
Recuerdo, Uribe es ganadero en Córdoba, él también
seguro quería reintegrarlo, pues de gran ayuda fue
este personaje para los hermanos Castaño Gil en su
momento y para el paramilitarismo en su conjunto, pues
estuvo además de Córdoba, en Cesar, Sucre y finalmente
en el Atlántico; lugares de amplio manejo paramilitar
hoy. Es de señalar que Vence Zabaleta fue
reincorporado como Director Seccional del DAS en
Barranquilla y salió de la entidad en julio de 2005
cuando se comprobó que preparaba atentados contra el
presidente Uribe; atentados que luego le desmontaba y
ello con el objeto de ganar confianza y reconocimiento
de su labor ante éste y Jorge Noguera, Director del
DAS. Cuando la Fiscalía iba a proferir medida de
aseguramiento en su contra se fugó y apareció cinco
meses después para entregarse a la Fiscalía [13] ;
quien lo acusa de numerosos delitos.
El caso de Mauricio Rosales, Director del DAS en el
Departamento de Norte de Santander, no ofrece nada
diferente a la permisividad de ese organismo para con
los paramilitares y narcotraficantes que operan en esa
sección del país. Se sabe que desde allí se ha estado
produciendo una avanzada paramilitar contra el
gobierno de Venezuela y que éstos operan con total
impunidad en aquella región. También es poco lo que
este Director ha hecho en el Departamento por
enfrentar los nexos de políticos [14] y
narcotraficantes, pues se sabe que Carlos Emiro
Barriga, al parecer hoy congresista electo y Rafael
Barriga, su hermano, son responsables de conformar
grupos paramilitares en Norte de Santander.
De todos los directores del DAS hasta ahora referidos
y que fueron traídos por Jorge Noguera; Mauricio
Rosales es el único que aún se encuentra vinculado a
la entidad. Noguera ante la espesura de los hechos
tuvo que sacar en su momento a Vence Zabaleta; los
demás quedaron vinculados pese a denuncias que los
comprometían con la mafia o los paramilitares. El
actual director del DAS, Andrés Peñate, decidió el día
30 de Noviembre del 2005 prescindir [15] de los
directores de Bolívar, Cesar, Tolima, Guajira, Boyacá,
Meta y del Subdirector de Sucre, Francisco Murillo,
por entender que estas seccionales están permeadas por
el paramilitarismo y el narcotráfico, a lo que él
llama corrupción. Y corrupción también fue el
escándalo que saltó cuando Enrique Benítez, uno de los
funcionarios más antiguos del Cuerpo, denunció ante la
Procuraduría en el año 2004 a Jorge Noguera y
Giancarlos Auque, Exsecretario del DAS, nombrado por
Noguera, por la compra poco transparente de un
armamento y medios de comunicación para la entidad;
además de señalarlo de evitar que contra reconocidos
capos del narcotráfico y los paramilitares se
desplegaran acciones. A Benítez el castigo que le
impuso Noguera fue trasladarlo y posteriormente
declararlo insubsistente.
La narcoparamilitarización del DAS
La situación en el DAS, sin embargo, bajo la
administración de Jorge Noguera, más que conjurarse se
agudizaba. Como si de un cáncer se tratara la
situación hizo metástasis cuando el 25 de octubre del
2005 se conocieron las reveladoras denuncias [16]
hechas por José Miguel Narváez [17] , ExSubdirector
del DAS; hombre de extrema derecha, y quien puso de
manifiesto que el Subdirector de Inteligencia de ese
organismo, Enrique Aríza, y otros detectives, estaban
gestionando una especie de franquicia del DAS en
materia de comunicaciones y de información policial
que sirviera a los paramilitares para sus fines y
propósitos.
Estos tres funcionarios de la más alta confianza del
Presidente se trenzaron en torbellino de mentidos y
desmentidos frente a este hecho; lo que ocasionó que
el Presidente Uribe declarara a Narváez insubsistente
pocos días después; aceptara la renuncia a Aríza y
como premio otorgara a Noguera el honor de salir con
la renuncia en la mano, no echado y, de igual modo, un
contrato en donde lo nombraba como Cónsul en Milán. Es
decir que, así premia Uribe a los funcionarios que
buenos favores hacen por no atacar a los paramilitares
y a los narcotraficantes. Tal es la putrefacción y el
grado infiltración narcoparamilitar del DAS, entidad
que depende de Presidencia, que Uribe dijo que había
pensado en su cierre; como coartada publicitaria,
seguro, porque en la práctica y al parecer este
organismo sigue dando que decir por su creciente grado
de infiltración narcoparamilitar.
Rafael García: Exinformático del DAS prende el
ventilador.
La situación se ha vuelto en el DAS insostenible y más
ahora que el imputado Rafael García; exjefe de
Informática y ante la evidencia de los hechos ha
decidido prender el ventilador y ha puesto al
descubierto toda la putrefacción que habita en el DAS.
Ha denunciado que el Exdirector de esta entidad, Jorge
Noguera, junto a él confeccionaron una audaz trama
para cambiar los resultados de las elecciones en los
departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Bolívar y
con ello beneficiar en más de 3oo mil votos a hoy
Presidente Uribe y evitar con ello el paso a la
segunda vuelta en las elecciones del 2002. Para ello
compraron el padrón electoral de estos departamentos y
fraguaron la presunta trama, lo que nos dice, de ser
cierta esta importante acusación, que el gobierno del
actual Presidente carece de toda legitimidad y
legalidad, pues podría estar basada su elección en
resultados falsos.
Este proceder, dice García, se llevó a cabo con la
ineludible colaboración de los paramilitares, con
quien al parecer Jorge Noguera tenía estrechas
relaciones. Resulta llamativo que las votaciones para
Presidente en el 2002 se cambiaran en algunos
municipios de la Costa Atlántica la tradicional
adscripción electoral de los mismos. Municipios que
habían votado a Serpa en las elecciones en 1998 y en
guarismos importantes pasaron a votar, algunos, en más
de un 80% por Uribe, lo que nos dice que hubo una alta
concentración de la votación, lo que pone a dudar
sobre la transparencia del acto eleccionario.
De acuerdo a la investigación de la Revista Semana
[18] , Uribe obtuvo el 66% de la votación en el
departamento del Magdalena; justo en los municipios
donde Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives, (los
expulsados de los partidos uribistas en las últimas
elecciones) obtuvieron la mayor concentración de
votos; lo que quiere decir en zona de amplio manejo
paramilitar. El 34 % restante lo obtuvo en distrito
fuera del área de dominio de las autodefensas. Con
Serpa aconteció lo contrario, en zona de influencia
paramilitar obtuvo el 31% de la votación y el 69% por
fuera de aquellas zonas. Señala la misma fuente que
Serpa, por ejemplo, en el municipio del Difícil, en
Magdalena, perdió el 84% de electores en el 2002
respecto a 1998.
Apunta también esta investigación que, en este mismo
municipio, al finalizar las elecciones en el 2002, en
una de las mesas se escrutaron 40 votos, pero que los
paramilitares hicieron marcar 400 tarjetas electorales
más, a favor de Uribe, obviamente, para lo cual se
valieron del hecho de tener en sus manos el padrón
electoral, que como lo ha dicho Rafael García, habían
comprado los mismos con la intención de llevar a Uribe
hasta la presidencia. Uribe obtuvo la Presidencia en
la primera vuelta con una votación de 5.862.655 votos,
lo que equivale al 53% de total electoral. Si a esta
cifra se le restara, como dice la Revista Semana, los
337.085 votos que Uribe obtuvo en los departamentos de
la Costa referenciados por García y donde se presume
que hubo fraude electoral, entonces Uribe no hubiera
ganado la Presidencia en la primera vuelta como
terminó ocurriendo
La denuncia realizada por Rafael García pone en
cuestión la legitimidad y la legalidad del actual
gobierno. Y la pone por diversas razones, Primero,
porque se configuró y al parecer, una vulgar estafa
electoral; segundo, porque premeditadamente
importantes personajes cercanos a Uribe se asociaron
con el paramilitarismo afín de consagrar a éste como
Presidente; tercero, que hay que recordar que en el
Magdalena como en otros sitios no pocos personajes
vinculados en el pasado con el narcotráfico estuvieron
en la campaña de Uribe. El caso del Magdalena sigue
ofreciéndonos sorpresa, pues ahora se sabe que Raúl
Montoya Flórez [19] , también denunciado por García, y
quien hizo parte de la Campaña Uribe Presidente en
este Departamento, le fue negada la visa para entrar a
los Estado Unidos por tener, al parecer, vínculos en
el pasado con el cartel de Medellín y en especial con
el Luis Carlos Molina Yepes, banquero de aquella
organización criminal y de quien en 1985 recibió por
lo menos cinco cheques que sumaban 56 millones de
pesos. Montoya Flores en la actualidad era directivo
de la campaña de Uribe a la reelección y dado el tenor
de las denuncias, lo hicieron renunciar a la misma. Su
hija, sin embargo, fue nombrada por Jorge Noguera como
Jefe de Protocolo del DAS, con lo cual la endogamia
pronarcoparamilitar se impone en las instituciones del
Estado y todo ello con la mirada cómplice del
Presidente Uribe.
El gobierno de Uribe pretende desestabilizar a
Venezuela
Otras de las denuncias que García deja al descubierto
y que insistimos, es la Fiscalía la que tiene que
demostrar el grado de veracidad de las mismas, es que
desde el DAS se han estado fraguando acciones de
desestabilización del Gobierno de Hugo Chávez [20] .
Algunos hechos del gobierno de Uribe contra la llamada
“Revolución Bolivariana” en Venezuela nos conducen a
pensar que estas denuncias tienen un importante grado
de credibilidad y más cuando hoy sabemos que del
centro de Caracas fue secuestrado Rodrigo Granda, un
miembro importante de las FARC hace poco tiempo y
también que en el año 2004 más de 110 paramilitares
fueron detenidos en las afueras de Caracas; cuando se
proponían, al parecer, realizar operaciones de
desestabilización en aquel país.
En ambos casos y como ya es costumbre, Uribe salió a
decir que esto era mentira. Los hechos han terminado
comprobando que, ni uno ni otro caso eran
exageraciones del Gobierno de Venezuela y mucho menos
de su Presidente Hugo Chávez como el Gobierno de
Colombia y un sector de los medios de comunicación en
este país dijeron. Dado todos estos antecedentes,
cobra importancia entonces relacionar que el crimen
del Fiscal Danilo Anderson, en Caracas, el año pasado,
podría tener algún nexo con estos movimientos
desestabilizadores desde Colombia y, en particular,
desde el Gobierno de Uribe, que como sabemos, es la
avanzada de los EEUU en su lucha por derrocar al
gobierno de Hugo Chávez, a quien consideran un enemigo
en la zona, pues dicen que Venezuela es un santuario
del crimen. Podríamos decir que, los EEUU al no
resultarles el golpe militar con el Impresentable
Pedro Carmona, exiliado como no, en Colombia, ahora
procuran a través de los paramilitares colombianos y
con la anuncia del gobierno de Uribe, sin duda,
generar un clima propio del terrorismo internacional
de Estado. Hay que señalar que, el Exinformático
García ha señalado que paramilitares de Jorge 40 y el
Exdirector del DAS, Jorge Noguera, estaban
directamente vinculados a esta criminal y terrorística
trama desestabilizadora; de la que debe tener algún
tipo de información el Presidente Uribe, pues es
preciso recordarlo, es él, el Comandante en Jefe de
las Fuerza Militares y Principal responsable del DAS.
Y si Jorge Noguera está comprometido, según García,
con toda esta tropelía, Andrés Peñate [21] , es decir,
el nuevo Director del DAS, no escapa a todas estas
criminales acciones, pues ahora hemos sabido que hace
poco tiempo estuvo reunido con un grupo de militares
venezolanos, golpista, como no, y en donde al parecer
se estaban fraguando operaciones encubiertas contra el
gobierno de Venezuela. A estas reuniones, se cree,
asistían importantes mandos del ejército
norteamericano y también presuntamente algunos
miembros de la embajada de EEUU en Colombia. Todo lo
anterior nos conduce a pensar que el proceder de este
organismo está muy lejos de ser una postura díscola y
solitaria de un funcionario antichavista; éstas
acciones denotan un grado importante de sistematicidad
y parecen obedecer a una política de Estado y Gobierno
que procura una profunda y singular desestabilización
del orden constitucional en el vecino país. Si no es
así, está en mora el Presidente Uribe para que
demuestre todo lo contrario. Por hoy está en el
ambiente que Uribe además de institucionalizar el
narcoparamilitarismo en Colombia, ahora procura y con
esmero transportar a Venezuela su corrosivo actuar. Al
amparo, seguro, de los EEUU.
Apuntes finales
Y también Rafael García ha señalado que Jorge Noguera
y algunos directores departamentales del DAS estaban
actuando en la dirección y el sentido de acabar con
toda la oposición política en Colombia. Los crímenes
de importantes sindicalistas, investigadores,
periodistas e importantes personalidades de la
oposición política parecen darnos importantes
certidumbres de que Uribe con tal de quedarse cuatro
años más en el poder, con la anuencia de los EEUU,
está dispuesto a desplegar toda una criminal acción
contra quien se opone a su narcoparamilitarizado
unanimismo. Esto apenas es el comienzo, peores días
vendrán con Uribe. Ante más de lo mismo, propio y
apropiado resulta entonces pensar en lo distinto. Que
conste que me sumo a la advertencia hecha ya por
otros. Con las elecciones y eso no los dice el
diccionario de ciencia política, los dictadores de
nuevo cuño ya no requieren de golpes de Estado, llegan
a través de procesos eleccionarios, pero ellos, de
igual modo, también nos brindan la posibilidad inmensa
de quitarlos. Quitemos a Uribe ya. Antes le digo:
¡váyase Señor Presidente ¡
Enrique Cuervo.
Ciudadano del Mundo.
