jueves, 19 de septiembre de 2013

COMPARTIMOS ESTE TEXTO QUE NOS HACEN LLEGAR 
RESPECTO AL ACTUAL PROCESO DE PAZ

“Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo  no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el cuerpo se acostumbraba al estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aún, la conciencia de su propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado
(Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad)

CARTA BOLIVARIANA
Colombia, julio de 2013

Negociación o sometimiento

Respondiendo a la pregunta de qué hacer con quienes están en contra de la participación política de las Farc, Antonio Navarro, graduado de experto pazólogo por los medios de comunicación del establecimiento, respondió: “Ellos quieren derrotar a la guerrilla y después desarmarla. Yo les propongo que la desarmen y que luego la derroten en las urnas[1]. Iniciamos con esta frase nuestras reflexiones sobre el actual proceso de paz   porque resume acertadamente la posición de las dos vertientes de la oligarquía colombiana: la de quienes quieren derrotar a las Farc por medio de la guerra y la de quienes las  quieren derrotar apelando principalmente a la política. La primera posición la representa el ex presidente Álvaro Uribe. La segunda la representa el presidente Santos.

Por esto, para quienes se empeñan en derrotar políticamente a las Farc en la mesa de negociaciones, es tan importante presentar el desarme y el sometimiento del M19 como si hubiera sido una negociación de paz exitosa para el M19 y positiva para el país. Además, lo presentan como un modelo a imitar en el actual proceso de paz. Unos y otros, gobierno, “expertos” y voceros de los procesos de sometimiento de los grupos guerrilleros de los años 90, (M19, EPL, PRT, CRS,) insisten en algunas matrices de opinión, fabricadas en los centros de pensamiento de derecha, que alimentan sus posturas. Veamos algunas: que la guerrilla colombiana está derrotada militarmente y no tiene otro camino que el sometimiento y el desarme; que la lucha armada en Colombia no tiene justificación ni sentido; que no hay condiciones internacionales favorables para la lucha revolucionaria; que existen garantías en el país para la participación política y la acción parlamentaria; que el estado colombiano no tiene responsabilidad histórica en la violencia ni en el paramilitarismo, sino que ambos son producto exclusivo del narcotráfico y la guerrilla. Con esos argumentos concluyen que basta desarmar la guerrilla para conseguir la paz. La Constitución del 91 fue, según ellos, la gran conquista democrática del proceso de paz del M19, por lo cual es intocable. De ahí la inconveniencia de una  Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los acuerdos que eventualmente salgan de La Habana y recomiendan, en su lugar, la riesgosa senda del plebiscito o el referendo. Estas y otras ideas que confunden y desarman ideológica y políticamente cualquier voluntad de lucha, son repetidas insistentemente desde todas las instancias del establecimiento político y por la mayoría de los opinadores y “expertos” que hoy dicen ser sociales y democráticos.

Por esto consideramos importante entregar, con respeto y solidaridad,  algunas ideas y reflexiones sobre los procesos de paz del 90, con el propósito de aportar en la comprensión de nuestras propias experiencias y en el actual proceso de paz de La Habana.



Aquel 19… y la paz
El proceso de paz con el M19  (iniciado el 10 de enero de 1988), tuvo un entorno internacional y nacional desfavorable para su desarrollo. En lo externo, después de iniciado el proceso, se produjo la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del llamado Campo Socialista lo que  fortaleció  la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Y en Colombia, la década del 90 se inauguró con el auge del modelo neoliberal y con el fortalecimiento de la maquinaria de guerra paramilitar.

En efecto, el paramilitarismo tuvo un gran impulso a finales de la década de los 80, con la creación de cerca de 300 grupos regionales reconocidos por la procuraduría y amparados, la mayoría de ellos, bajo la razón social del MÁS. En el año 1988 la fuerza élite de estos grupos fue entrenada por agentes internacionales de Israel e Inglaterra, disfrazados como “mercenarios”, invitados oficialmente por generales, políticos y empresarios colombianos, a “petición de los norteamericanos”, con el objetivo inicial de atacar “Casa Verde”[2] y atajar a la izquierda colombiana. (Ver declaraciones de Yair Klein [3] y otros “mercenarios” [4]).  Es importante resaltar que en los famosos cursos paramilitares de Klein y compañía, estaba presente la fuerte decisión de la contrainsurgencia colombiana (estado y paramilitares) de arremeter contra la izquierda y el movimiento popular, apelando a la ilegalidad, al magnicidio y al crimen, para atajar el extraordinario auge de la lucha social e insurgente que se acrecentó durante toda la década del 80. Durante ella se dieron multitud de movilizaciones y paros regionales como el paro del nororiente colombiano que movilizó a centenares de miles de campesinos, las marchas de mayo, el paro de Boyacá, del Chocó y otras regiones del país. A la par con ellos, se desarrollaron importantes procesos de unidad del movimiento social, del sindicalismo, del campesinado y de los movimientos cívicos, que dieron lugar a la CUT, la reorganización de la ANUC y la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, entre otros. En otro nivel, se produjo un proceso de unidad del movimiento insurgente concretado en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que le dio un impulso sin antecedentes a la lucha guerrillera en todo el país.

Todo ello produjo un significativo debate en los medios de comunicación, promovido por los generales y dirigentes políticos más importantes del país. Discutieron la imposibilidad de derrotar a la izquierda y a la insurgencia en el marco de la institucionalidad democrática, y la necesidad de recobrar la iniciativa militar de la contrainsurgencia y de vencer el “síndrome de la procuraduría”, como se le llamó a las luchas por los derechos humanos. El resultado del entrenamiento de esta fuerza élite de la contrainsurgencia fue la oleada de crímenes políticos que se desató a finales del 80 e inicios del 90, que  van desde las masacres hasta los magnicidios, pasando por las desapariciones, las torturas, los desplazamientos y los crímenes selectivos, que incluyeron a cuatro  candidatos presidenciales: Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro,  además de miles de dirigentes y activistas políticos, sociales y de derechos humanos, especialmente de la UP. Con esta oleada salvaje y sangrienta lograron  torcerle el rumbo al país y neutralizar el auge popular de la década del 80.

La contrainsurgencia fue determinante también para la ruptura que se dio en el llamado Cartel de Medellín. Este incluía en su seno a todos los sectores del narcotráfico del país: desde el sector plebeyo y del bandidaje que representaba Pablo Escobar, pasando por la élite de industriales, políticos y ganaderos que representaban los Ochoa, hasta las fuerzas contrainsurgentes orientadas por las autodefensas del Magdalena Medio y de Córdoba, representadas por Rodríguez Gacha y los hermanos Castaño, ligados fuertemente con la inteligencia del estado y la  fuerza pública. La presión de la embajada norteamericana y del estado por la extradición condujo al sector de Pablo Escobar a un agudo enfrentamiento contra el estado que lo llevó a la muerte. A la par con esto, se conformó también otro bloque de narcotraficantes y paramilitares que se enfrentó a Escobar y acentuó su guerra contra la izquierda, el movimiento popular y la insurgencia. El rompimiento entre estas dos fuerzas del antiguo cartel se protocolizó en enero del 90[5] , y se extendió hasta la creación de los Pepes (diciembre de 1992), liderados por los hermanos Castaño, los paramilitares de Córdoba y el Magdalena Medio aliados con el gobierno de Gaviria, el DAS, la fuerza pública, la DEA, la CIA y el Cartel de Cali [6]. Los Pepes sería el núcleo fundacional, años más tarde (18 de abril de 1997) de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El rompimiento del cartel de Medellín y sus guerras internas, azuzadas desde el estado produjeron una sumatoria de violencias difíciles de comprender. Escobar contra el estado. El estado y los pepes contra Escobar. El ejército, el DAS y paramilitares contra la izquierda. La insurgencia contra el estado, etc., causaron en el país tanta confusión que nadie podía discernir con claridad  el origen concreto de cada uno de los asesinatos que se presentaban día a día y esa confusión fue aprovechada para que la contrainsurgencia de los paramilitares y el estado cometiera toda clase de crímenes que se le achacaron de manera automática a Pablo Escobar, acusación que aún hoy  les resulta muy cómoda a los medios de comunicación de la oligarquía, expertos en la contra información e interesados en “blanquear” la imagen del estado.

El sentir de este momento lo reflejan muy bien las palabras del Comandante Alfonso Cano cuando expresó en entrevista del 7 de octubre de 1988: “todo el mundo quiere la paz, la gente está hastiada de la guerra. Y yo digo que más que de la guerra, la gente está hastiada de la violencia. Y lo que nosotros queremos, exactamente, es una patria sin violencia”.[7]

La desmovilización
La saturación de violencias, fue, en ese momento, un factor clave para llevar al M19 a considerar la  paz como una salida inmediata para la crisis del país.  Pero fue  la necesidad de sintonizarse con el sentir popular, de abrir nuevos espacios de participación social  y recobrar la esperanza y la confianza en un futuro de cambio, el factor fundamental que decidió la participación del M 19 en el Proceso de Paz y la búsqueda de nuevos espacios para hacer política, para acceder a las ciudades con otras formas de deliberación e intervención de las mayorías nacionales deseosas de paz, y de transformaciones sociales y políticas. En entrevista del 15 de abril del 89, Pizarro dijo: “A mí no me quita el sueño la desmovilización. Nosotros no estamos casados con las armas. El problema nuestro no es ser revolucionarios en armas para toda la vida, y guerrilleros eternos para satisfacer clisés, donde uno es revolucionario porque tiene un arma en la mano. Para nosotros la desmovilización es acceder a un nuevo estadio en la política, donde podamos trabajar en los propósitos que nos han animado siempre. El objetivo central es poder realizar los objetivos que nos animan, ojalá al menor costo posible. Y si se puede hacer dentro de la legalidad, mucho mejor. Así como ayer nos movilizamos, cuando fundamos al M19, mañana también nos podríamos movilizar, en el caso en que los pactos fueran rotos y hubiera una traición enorme sobre el conjunto de los aspectos que fueren negociados en este proceso. O porque en Colombia se instaurara un régimen autoritario que justificara un nuevo alzamiento.”[8]

Estas y no otras fueron las consideraciones políticas fundamentales para que el M19 asumiera el reto del proceso de paz. Algunos sectores piensan erróneamente que los resultados de la toma del Palacio de Justicia fue la causa determinante de la desmovilización del M 19. Nada más incierto. A decir verdad, con pocas excepciones como la operación de la toma de la embajada de la República Dominicana, el M19 superó  derrotas militares de distinta envergadura como la operaciones del Cantón Norte, del Orteguaza, del Karina, del ingreso por  Nariño y Chocó, campañas militares como De Pie Colombia y Paso de Vencedores, que tuvieron también fuertes impactos en el M19. Pero siempre se pudieron superar e, inclusive, pudieron convertir derrotas militares en éxitos políticos. En eso consistió buena parte de la genialidad de Bateman. Hoy  nos recuerdan las enormes peripecias de Bolívar que le granjearon el título de “El hombre de las dificultades”. El M 19 siempre supo resurgir de entre las cenizas y ganar la simpatía y el respeto dentro y fuera del país, en permanente crecimiento político. De manera que la desmovilización no fue motivada por la debilidad militar sino por los factores políticos planteados en esta carta.

El Proceso de Paz del M19, bajo la comandancia de Carlos Pizarro, fue concebido como un proyecto revolucionario, como un proyecto de poder. La negociación, la búsqueda de acuerdos y la dejación de las armas, fueron asumidas como otras formas de lucha. Desde los tiempos de la comandancia de Bateman, el M19 entendió que “la lucha armada no es un principio” e hizo de la lucha por la paz parte de su patrimonio histórico. Fue larga y ardua la lucha del M19 por incorporar la paz al ideario de la izquierda, aún con la incomprensión de la misma. Tal convicción sólo es comparable con la del Comandante Manuel Marulanda Vélez, que intentó conseguirla en múltiples negociaciones emprendidas desde los años 50, en mala hora frustradas por la incomprensión y torpeza de la oligarquía colombiana.

Nunca Pizarro concibió la desmovilización como una rendición, como un abandono de los objetivos históricos y programáticos del M19. Mucho menos contempló siquiera la entrega de la Espada de Bolívar,  símbolo de la lucha libertaria de América Latina. Tampoco la desintegración y desorganización de la fuerza dejando a su propia suerte a la militancia que había dado tantas muestras de consecuencia y sacrificio. Por el contrario, el planteamiento inicial era formar un movimiento social y político con un plante de un millón de personas, de las cuales se calculó organizar el 10% para crear una fuerza nucleada de 100.000 militantes vinculados a las luchas urbanas. Fiel a la concepción y vocación democrática del M19, Pizarro le apostó a abrir el espacio para que fuese el pueblo el que se apersonara de la conducción de su destino:  “El M 19, sin pueblo, no es el M19”,  “Si la gente no hace propias las doctrinas, las ideologías, las luchas, los objetivos, los propósitos, y no siente que tiene posibilidades de éxito, y no se siente en un marco de solidaridad grande, la gente en la soledad siempre rehúye la responsabilidad y la confrontación. Hoy el problema es ser capaz de acercarse a la gente para construir esa nueva fuerza, esa fuerza capaz de enfrentar cualquier tipo de desafío, las amenazas, los fusiles, los tanques, los sicarios, construyendo una esperanza cierta en Colombia. Yo creo que vamos avanzando en ese camino”[9], y agregó: “Nosotros no estamos pidiendo la revolución por decreto. Nosotros estamos haciendo este Proceso de Paz porque nos da la gana, no para ganar cositas. Porque queremos hacerlo, porque queremos la paz en Colombia (…) Lo hacemos para romper el escepticismo, la incertidumbre y la impotencia entre los colombianos. Estamos entregando la posibilidad de que surjan nuevas fuerzas, estamos construyendo una esperanza. Los colombianos verán si la usan o no. Pero yo creo que el pueblo colombiano no va a dejar pasar esa oportunidad. El pueblo va a luchar con nosotros. Y vamos a llenar las plazas públicas. Y vamos a darles una sorpresa”[10]. 

 Para esto se tomaron medidas orgánicas especiales en la visión de que una fuerza de esta magnitud, activa en las ciudades, no sería tolerada por la oligarquía colombiana. Esta decisión explica que, cuando se cayó en el Congreso la Reforma Constitucional que incluía una favorabilidad de acceso al Congreso para el M19, el proceso siguió adelante, no se detuvo. Al final, en realidad no hubo negociación. Hubo un acuerdo político en el cual el estado se comprometió a profundizar la democracia y el M19 se comprometió a abandonar la lucha armada. A la hora de decidir la continuidad del proceso en esas condiciones, pesó más el impresionante apoyo ciudadano que se logró en un tiempo récord, hasta el punto de vislumbrarse una victoria presidencial con una campaña relámpago de tan sólo 3 meses.
Esto prendió las alarmas de la oligarquía colombiana cuando comprobó que las plazas de las principales ciudades del país comenzaron a rebozarse casi espontáneamente, con la sola presencia del candidato. “¡Pizarro tenía que morir!”[11], “no iba a permitir que un comunista se tomara la presidencia de la República”, confesaron los hermanos Castaño. Ese 26 de abril de 1990, en plena campaña electoral, se asesinó a Carlos Pizarro, cuando era el candidato presidencial con más opción, y  se frustraron las esperanzas de cambio de las grandes mayorías. “! Fue Pablo Escobar!”, exclamó inmediatamente Miguel Maza Márquez, Director del DAS. Las repercusiones para el país y para el M19 fueron fatales. El proceso quedó herido de muerte, el pueblo colombiano salió a las calles masivamente exigiendo una respuesta del tamaño de la afrenta. La respuesta inmediata de la nueva dirección del M19 representada en Antonio Navarro, Otty Patiño, Rosember Pabón, Ever Bustamante  y otros miembros fue el llamamiento a la calma, la promesa de una investigación exhaustiva en colaboración con el Gobierno de Virgilio Barco, y la entrega de la Espada de Bolívar.

El viraje y la Constituyente del 91
Con la muerte del comandante Pizarro se produjo un viraje en la conducción del proceso de paz y del M19. Las decisiones y posturas tomadas por la nueva dirección del M19, después del asesinato de Pizarro, indican un cambio de rumbo radical que llevó a la crisis del proyecto AD - M19, a su postración, y a plantear serios interrogantes hoy revividos a raíz del papel protagónico que nuevamente pretende jugar Antonio Navarro como vocero oficioso del establecimiento en las actuales negociaciones de La Habana.

Para comenzar, negaron y aún niegan  la responsabilidad del estado en el crimen de Carlos Pizarro, escudándose en la cómoda posición oficial de que fue Pablo Escobar el autor intelectual y material de este magnicidio, al igual que los de Galán, José Antequera,  Bernardo Jaramillo y tantos otros dirigentes que fueron asesinados, sin ninguna duda, por los jefes del paramilitarismo, Fidel y Carlos Castaño, aliados con inteligencia militar, con el DAS y otros agentes del estado. Contra toda la evidencia recogida hasta hoy, y en contra de las confesiones de los jefes paramilitares, Antonio Navarro insiste  todavía en que “el asesinato de Pizarro fue por el cartel de Medellín, no por paramilitares, como dicen las series de televisión”[12].

Sobre el papel de esta dirección en la Constituyente existen todavía serios cuestionamientos sin ninguna respuesta convincente, empezando por la inclusión en la lista de AD-M19 del médico de Puerto Boyacá Augusto Ramírez Cardona, como parte de un acuerdo con los jefes paramilitares del Magdalena Medio, Henry Pérez Morales y Luis Antonio Meneses  (alias  Ariel Otero), acuerdo que en principio contempló la inclusión del nombre de Roberto Duque (alias Ernesto Báez), conocido jefe paramilitar que había formado el grupo  de ultraderecha MORENA y después cofundador de las AUC. Ante la resistencia del dirigente de la AD-M19, Carlos Ossa Escobar, el nombre de Roberto Duque fue cambiado por el de Augusto Ramírez, menos conocido como paramilitar[13]. Este personaje se hizo famoso porque, con ayuda de la inteligencia de la policía, se prestó para grabar un video donde un supuesto emisario de Pablo Escobar le ofreció varios millones de pesos para que votara contra la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente, con el evidente propósito de desprestigiarla. La pregunta que surge es, porqué Navarro incluyó en la lista de la Constituyente a un representante de los paramilitares del Magdalena Medio, íntimos aliados de los hermanos Castaño, hoy confesos asesinos de Carlos Pizarro y, en cambio excluyó a dedo a juristas demócratas de mucho peso, militantes y amigos de AD-M19, como Diego Montaña Cuellar, José María Velasco Guerrero, Eduardo Umaña Mendoza, y tantos otros que hubieran jugado un papel decisivo en la Constituyente?

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, hay que decir que ella no hizo parte de los acuerdos con el M19. La ANC fue producto de la lucha entre dos procesos muy fuertes que se dieron al final de la década del 80: uno, impulsado por el Banco Mundial en casi todos los países de América Latina, planteó y logró en estos países las reformas constitucionales con el fin de adecuarlas a las exigencias de la globalización, de la apertura económica y del modelo neoliberal. Su representante en Colombia fue el presidente César Gaviria. La otra condición, de origen popular y democrático, nació desde un país en crisis institucional, agobiado por la violencia, el Estado de Sitio, la exclusión política y social, la desigualdad, la carencia de derechos, que exigía un nuevo pacto social, soberanía popular, democracia, participación, descentralización, pluralismo, integración etc. Esta iniciativa popular tuvo su máxima expresión en el Encuentro Nacional de Convergencia con cerca de 5 mil delegados de organizaciones sociales realizado el 9 de abril del año 88 en Bogotá. La Asamblea tuvo un nuevo impulso con la Séptima Papeleta y la posterior desmovilización del M19, que terminó por darle el apoyo que necesitaba. Esta breve memoria es importante para entender que la ANC también tuvo un proceso de años de gestación en los sectores populares y contó con un gran respaldo social, con una excelente correlación de fuerzas que dio la oportunidad de oro para emprender cambios estructurales en el país. No fue así, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en histórico fallo, reivindicó el carácter soberano de la ANC.

El resultado fue una Constitución bipolar, híbrida, donde se aprobaron dos cosas opuestas y contradictorias entre sí, que explican buena parte de las crisis sociales y económicas que sacuden al país: de un lado, una carta de derechos que se ha quedado en su mayoría en letra muerta, en retórica, con la excepción de la figura de la tutela que ha sido un instrumento positivo en manos de la ciudadanía. De otro lado, la Constituyente se abrió a la aplicación del modelo neoliberal que arrasó con la carta de derechos aprobada en la misma ANC. Así se le dio vida a la apertura económica, las privatizaciones, los privilegios a la inversión extranjera, la desregulación del empleo, la autonomía de la banca central, los TLC, la ley 100, la ley 50 etc., que niegan o restringen los derechos a la salud, la educación, la vivienda, el empleo, los servicios públicos, la seguridad social, el desarrollo, la soberanía. 
En términos prácticos, la Constituyente aprobó que la salud, por ejemplo, es un derecho, pero permitió también que la salud se convirtiera en un negocio privado, y así con todos los derechos que se transformaron en negocios en manos, principalmente, del sector financiero.  A veinte años de la aplicación del modelo neoliberal, con la crisis social que ha generado, no  puede argumentarse entonces que la Constitución y el modelo son intocables. Mucho menos con las reformas y modificaciones que se le han introducido, como la llamada “Sostenibilidad Fiscal”, que deja en las ruinas el llamado Estado Social de Derecho.  Hay que decir que el papel jugado por la dirección del M19 en la Constituyente sirvió al modelo neoliberal. Navarro y compañía estaban obnubilados por la participación en el Gobierno de César Gaviria a quien llegaron a caracterizar como representante de la burguesía progresista. Además, Navarro se opuso a desmontar el régimen presidencialista en la ANC, a desmontar los fueros y privilegios de las Fuerzas Armadas, y a facilitar la participación de la insurgencia en la ANC[14]. Todo esto en contravía  del criterio unitario expresado antes por el Comandante Carlos Pizarro, partidario siempre de la participación unitaria del movimiento guerrillero en el proceso de paz[15], y de que “1) La Nueva Constitución exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un AUTÉNTICO TRATADO DE PAZ. 2) El diseño de un Plan de Desarrollo Económico y Social concertado. 3) Una filosofía de convivencia que induzca un manejo democrático del orden público y restablezca el imperio de la justicia (…) y la disolución, con los instrumentos que prevé la ley, de los grupos paramilitares. ”[16]

La ANC, tampoco fue un pacto de paz real, como se repite con frecuencia.  Con la anuencia del poder oligárquico, un año después de la ANC, se fundaron los PEPES en alianza de los paramilitares con la DEA, la policía, el DAS, el gobierno de Gaviria, el cartel de Cali y las oficinas de sicarios de Medellín[17] . Tres años más tarde el gobierno de Samper aprobó las CONVIVIR que les extendió la legalidad que tuvieron los  paramilitares durante 24 años, a 3 años más. Y, cuatro años más tarde, se fundaron las AUC, con la participación encubierta de agentes del estado y apoyo de agencias de inteligencia extranjeras. Estas maquinarias de guerra y de muerte, que han producido en el país más de 5 millones y medio de víctimas, fueron amparadas en la legalidad durante 27 años, fueron sostenidas por la parapolítica,  en convivencia con el ejército, el Das, la Fiscalía, el Congreso, gobernaciones, alcaldías, y demás instancias del Estado. ¿Puede afirmarse entonces que en medio de esta escalada de violencia estatal, la oposición en Colombia ha gozado y goza de garantías constitucionales para su desempeño?[18]

La errática orientación política de Antonio Navarro y compañía se expresó plenamente en la alianza y participación en el gobierno de Gaviria (1990-1994), que fue el gobierno de la apertura económica y de la aplicación del modelo neoliberal, que arrasó con parte de la producción nacional y la economía agrícola, impulsó la nefasta ley 100 sobre la salud y la ley 50 que redujo los derechos de los trabajadores, inició la entrega de los servicios públicos a los particulares  e impuso una política de tierra arrasada contra la insurgencia, comenzando con el ataque a Casa Verde, el día de la instalación de la ANC. 

En el balance del papel de la dirección encabezada por  Navarro y otros, pesan también la actitud y los acuerdos con sectores paramilitares del Magdalena medio y de Córdoba, después de la muerte de Pizarro. En el libro “Las verdaderas intenciones de los paramilitares” suscrito por Otty Patiño y Álvaro Jiménez, se le hace una verdadera apología a “Lucho”, “un ser humano con gran sentido ético” (pág. 249). “Lucho” es Luis Meneses, alias Ariel Otero, un personaje nefasto que jugó un papel de primer orden en la construcción del paramilitarismo, como él mismo lo declaró[19]. Además, fue el intermediario clave entre el Ejército Nacional, los israelitas y los norteamericanos para traer a Colombia a Yair Klein y demás oficiales del ejército de Israel[20]. Igual cosa sucedió más tarde en la intermediación que hizo el M19, (Otty Patiño y Álvaro Jiménez) para las relaciones entre el EPL, recién desmovilizado, y los paramilitares de Sucre y Córdoba dirigidos por los Castaño. Es sabido que esas relaciones terminaron con el respaldo del EPL y de la  AD-M19 al dirigente ganadero Álvaro García, ideólogo de Carlos Castaño y uno de los “seis patriotas”[21], a la Gobernación de Córdoba en 1992  y con la incorporación de mandos y comandantes del EPL a las ACCU primero y a las AUC posteriormente[22]. Es curioso que hoy se insista en la versión oficial de las supuestas alianzas del M19 con Pablo Escobar, que no fueron ciertas, y nada se dice de los acuerdos que hizo la nueva dirección de AD-M19 con la contrainsurgencia paramilitar, enemigos de Escobar y autores del genocidio contra la UP, a los cuales nos hemos referido.

Por estas y otras consideraciones el proyecto AD-M19, se desvertebró y se convirtió poco a poco en una sumatoria de proyectos personales electorales donde se impuso el “todo vale” y el llamado “realismo político”. Una buena parte de los dirigentes de las organizaciones de desmovilizados, sea por intimidación o por oportunismo,  fueron cooptados por la derecha, como los conocidos casos de Rosember Pabón y Ever Bustamante del M 19, de Carlos Franco y Darío Mejía del EPL, los cuales participaron y participan abiertamente en el proyecto de ultraderecha de Álvaro Uribe, y otros desmovilizados como Adolfo Bula y León Valencia, que se convirtieron en sujetos funcionales del establecimiento. Estos casos sólo fueron la antesala de casos posteriores de dirigentes conversos, conocidos como “la izquierda de la Embajada” después de que se dieron a conocer los cables de Wikileaks, donde se destaparon las relaciones de estos sujetos con la Embajada Americana y sus afinidades con el TLC, con la seguridad democrática, con la extradición, y su compromiso de dividir el Polo si éste fuere controlado por la “extrema izquierda”[23]. Los dirigentes conversos han sido mimados por el establecimiento, mientras la militancia de las organizaciones desmovilizadas llevó la peor parte. ¿Cuáles fueron las conquistas? Ninguna, ni en términos personales ni en términos políticos. El modelo de reinserción aplicado sirvió para el enriquecimiento personal o el protagonismo mediático  de algunos dirigentes,  dejando a la militancia en la dispersión y a su propia suerte para sumarse a los miles de desempleados, informales,  guachimanes, guardaespaldas, desplazados, exiliados y rebuscadores, útiles sólo cuando de conseguir votos se trata.

Estos y otros hechos, nos llevan al penoso reconocimiento de que en los procesos de desmovilización del M19, EPL, PRT, y la CRS hubo una derrota política e ideológica de estas organizaciones y una frustración enorme de los sectores populares que creyeron y apoyaron estos procesos. De ésta caracterización sólo se salva el Movimiento Quintín Lame, cuyos principales cuadros y militantes siguieron, en lo fundamental,  vinculados a la causa y a las luchas indígenas. Las últimas dos décadas posterior a las desmovilizaciones no presentaron ninguna mejoría en las condiciones sociales, económicas y políticas para el pueblo Colombiano. Han sido décadas caracterizadas por la violencia extrema desatada por las AUC y el Plan Patriota, por el gobierno autoritario de Álvaro Uribe, por los grandes proyectos mineroenergéticos y agroindustriales, por la irrupción de la mafias con la parapolítica, por la impunidad consagrada en la desmovilización paramilitar de Justicia y Paz,  por la hegemonía de los medios y el fraude en los procesos electorales. El resultado en lo internacional es una Colombia en contravía de los procesos sociales, democráticos y soberanos que se desarrollan en América Latina. El régimen oligárquico colombiano olvidó muy pronto los compromisos retóricos con la paz, la democracia y la equidad y sometió al país al autoritarismo y la violencia.  Con este resultado surge la pregunta: ¿con base en qué autoridad o legitimidad, se pretende mostrar las negociaciones del 90 como un modelo a seguir? Los dirigentes de esas desmovilizaciones  pertenecen al pasado y hay que dejarlos en el pasado. Con mayor razón cuando sus opiniones, ampliamente difundidas por los medios de opinión, favorecen a los enemigos del actual proceso.[24]


Las Negociaciones de La Habana

Un entorno favorable
Comencemos por afirmar que, contrario a las condiciones del 91, las condiciones internacionales de hoy son desfavorables al imperio y favorables a las causas de los  pueblos y a los cambios democráticos: en primer lugar, la hegemonía impuesta por el imperialismo norteamericano en todo el mundo después del derrumbe del campo socialista, está hoy seriamente cuestionada por varios factores. Entre estos se destaca la derrota militar y política en Irak y Afganistán, donde Estados Unidos se vio obligado a retirar sus tropas de ocupación sin haber conseguido sus aspiraciones estratégicas de control en Centro Oriente, donde se confronta con el desafío de Irán y el mundo musulmán. El sueño de los neoconservadores republicanos de un mundo unipolar bajo el control de Estados Unidos, se estrella hoy con la fuerte tendencia hacia un mundo multipolar, con procesos de desarrollo en otros centros de poder mundial  en abierta competencia con los Estados Unidos como la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), con el Pacto de Shanghái, con los cambios en la unidad e integración de América Latina gracias a significativos procesos sociales, democráticos, soberanos y de revolución reunidos en  el ALBA. Por el contrario, por los lados del Imperio norteamericano y sus aliados se encuentran serios fenómenos de desaceleración y recesión económicas, con la crisis del modelo neoliberal y del capitalismo, con sus fuertes repercusiones sociales y políticas en esos países, que han puesto en duda hasta la viabilidad de la Unión Europea.

Esta situación se refleja en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana y explican en buena parte el respaldo casi automático que obtuvo el gobierno de Santos  en el Departamento de Estado Norteamericano, en la Unión Europea, La ONU, la OEA y, recientemente, en la “Commonwealth” (Mancomunidad Británica). Con su crisis social creciente Estados Unidos y Europa no pueden arriesgarse a promover una estrategia de guerra fallida. En cambio, la paz parece ser un buen negocio para la comunidad internacional, pendiente de enormes proyectos económicos y de inversión energética que hoy miran hacia América Latina donde Colombia les abre la puerta de entrada. Al fin y al cabo, los capitales se desplazan siempre en busca de una mayor rentabilidad y la Unión Europea no es hoy el mejor sitio para invertir. Con la inversión de 62 billones de pesos en la paz, calcula el Banco Mundial, se puede conseguir un crecimiento superior a dos puntos del PIB.

De otro lado, el proceso de paz cuenta también con un enorme respaldo de los países y pueblos de América Latina, que aspiran a que los procesos políticos lleven a Colombia a una nueva gobernabilidad en sintonía con el nuevo mapa político latinoamericano. No se puede desconocer que el pasado gobierno de Álvaro Uribe convirtió a Colombia en una especie de Israel en contravía de la región y a punto de prender una guerra en la frontera colombovenezolana, escenario ideal para las intervenciones gringas en busca de las reservas energéticas de Venezuela y de recobrar su hegemonía en la región. El respaldo a las negociaciones de paz por parte de Cuba, Venezuela y los países del ALBA, Unasur y Mercosur, reflejan la esperanza de paz en nuestra región y  es la mejor garantía  para los acuerdos que se logren y los cambios sociales y políticos que se puedan generar después del proceso de paz.

Los resultados de la guerra contrainsurgente
El gobierno de Santos y sus aliados internacionales parecen haber entendido que, pese al enorme esfuerzo realizado en las dos décadas anteriores, no pudieron derrotar militarmente a las Farc ni a la insurgencia colombiana. Veamos un poco la historia reciente.

Las conversaciones pasadas desarrolladas en El Caguán,  fueron el resultado directo de las derrotas militares sufridas por el ejército colombiano a manos de las FARC entre 1996 y 1998. Lo antecedieron 16 derrotas de importancia en Puerres, Las Delicias, San Juanito, Patascoy, El Billar, Mutatá, Miraflores, entre otras, donde las FARC mostraron capacidad de concentrar centenares y aún miles de guerrilleros y lanzarlos al combate con éxito, aniquilar fuerzas élites, copar bases fijas,  controlar grandes porciones de territorio, dejar fuera de combate a oficiales de alto rango y a centenares de soldados, capturar y retener por años a más de 500 prisioneros de guerra. Fueron el producto del cumplimiento de las decisiones de la VIII conferencia de las FARC en 1993 que decidió convertirse en ejército, y los hechos que prendieron las alarmas de los estrategas militares de los Estados Unidos y sus socios colombianos.

La respuesta del Pentágono fue ganar tiempo para fortalecer la capacidad operativa del ejército de Colombia,  impulsar el Plan Colombia y fortalecer militar y políticamente a los paramilitares de las AUC (1997-2002), columna vertebral de la agenda oculta del plan contrainsurgente en Colombia. Nunca hubo una verdadera voluntad de paz por parte del gobierno de Pastrana y el desarrollo de las conversaciones demostró que solo se trató de una estratagema dilatoria.

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana en ese entonces,  y los altos mandos militares han reconocido que las conversaciones de paz fueron motivadas por la necesidad de ganar tiempo para producir la reingeniería de la Fuerza Pública. El presidente Pastrana escribió:  “Entre 1996 y 1998  las Fuerzas Militares de Colombia recibieron los golpes más fuertes y humillantes de toda su historia de lucha contra los grupos guerrilleros. Los nombres de Puerres, Las Delicias, La Carpa, Patascoy, El Billar y Miraflores quedaron grabados con sangre en la memoria de los colombianos y afectaron enormemente la moral de los militares. (…) La ecuación de la guerra parecía estar entonces a favor de los grupos armados ilegales (…) Las Fuerzas Militares no estaban en capacidad de montar una gran ofensiva contra los grupos ilegales porque no tenían medios ni recursos humanos ni logísticos para ello. Tan simple como eso. Su moral estaba por el suelo y la fe de los colombianos en su Ejército había decaído”[25]. Tan grave era la situación que el Comandante del ejército, el ex General  Fernando Tapias, expresó: “Señor presidente, la democracia está en peligro y las Fuerzas Armadas en cuidados intensivos”[26].  Este mismo General, años más tarde reconoció: “A finales del 97 y principios del 98  había en el Estado una gran preocupación porque se habían presentado los hechos de Miraflores, del Billar y otros, y temíamos que se repitieran a mayor escala y que se fuera generando un efecto de castillo de naipes similar al que sucedió en Irán cuando se entregó un Batallón y, poco a poco, se fueron entregando los demás... Las FARC no pensaron en la reestructuración de las Fuerzas Militares, que para ellos fue fatal...no previó el fortalecimiento de los paramilitares que tenían el mismo panorama a finales de 1997, es decir, que la guerrilla estaba en un buen momento y que podía intentar tomarse el poder”[27].

El Plan Colombia fue la respuesta a esta situación. Fue presentado al país por el presidente Pastrana como si fuera otro “Plan Marshall” pero orientado al desarrollo y actualizado para la lucha contra el narcotráfico. Después, tras el 11 de septiembre y la llegada de Uribe a la presidencia, quedó en evidencia que formaba parte de su enfoque en la “guerra global contra el terrorismo” que, en colombiano, quiere decir  “guerra contra las FARC”. La asistencia de USA a Colombia en diez años alcanzó la cifra de US$ 7.558  millones, 79% para lo militar y 21% para lo social. El Gobierno de Uribe  subió el gasto de defensa de 3,2 por ciento del PIB al 6,0 por ciento y creó el impuesto de guerra que produjo cerca de seis billones de pesos en cuatro años de recaudo. Esto permitió, entre otros aspectos, acrecentar la fuerza pública de  260.000 efectivos a 445.000 en seis años. El Plan no ayudó a la paz sino a la guerra, tampoco ayudó erradicar el narcotráfico. Sirvió para golpear las FARC pero no para derrotarlas. Fue funcional en la consolidación del paramilitarismo pues los mayores esfuerzos se orientaron al sur del país, dejando el norte despejado para que los paramilitares, principales exportadores de coca a USA, desarrollaran su proyecto y su posterior Pacto de Ralito.

Es indudable que la ayuda gringa fue clave para la reestructuración y modernización de la Fuerzas Armadas, aprobada el 2 de marzo de1999. Se aumentó y modernizó significativamente  su personal e infraestructura aérea, de comunicaciones e inteligencia, más los soldados profesionales, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, las fuerzas de despliegue rápido, la red de cooperantes e informantes que algunos analistas calculan en 3.5 millones de personas y desarrolló una base humana, tecnológica  y satelital de inteligencia en tiempo real que le permitió  ejercer sus ventajas en la superioridad aérea.

Paralelo al proceso del Caguán, se presentó el período de mayor crecimiento y expansión del paramilitarismo cuando se fundó las AUC y se unió en una sola organización confederada a todas las autodefensas del país  con todos los carteles de la mafia (18 de abril de 1997), un estrategia militarista semejante a la actual, de negociación en medio de la guerra. En cinco años los 6 mil efectivos de las AUC se triplicaron y  extendieron a todo el territorio nacional. Construyeron una economía de guerra basada  en el narcotráfico, el dinero de las élites, empresas transnacionales, trata de personas, negociados con el estado, desfalco a la salud y venta de servicios de intimidación y asesinato a los “parapolíticos”. Adquirieron cobertura nacional y controlaron la política y las finanzas públicas en extensas regiones. Construyeron una dirección centralizada y unidad de mando en manos de Carlos Castaño quien, por estatutos, tuvo asignada la mitad de los votos del Estado Mayor de las AUC.

Durante esos cinco años de barbarie las AUC realizaron el mayor número de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, desplazamientos y toda clase de violaciones a Derechos Humanos de la población, que fue el objeto principal de sus incursiones y no la confrontación militar con la guerrilla. Se opusieron al proceso de paz con las FARC y sabotearon las conversaciones con el ELN. Ya en 2002, participaron activamente en la política electoral, conquistaron importantes alcaldías, gobernaciones, la tercera parte del congreso y apoyaron la elección a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, con cuya elección “coronaron”. Para ello contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación. El vertiginoso crecimiento  de esta tenebrosa maquinaria de guerra contó con el apoyo múltiple de poderosas instancias nacionales e internacionales, institucionales e ilegales que no tuvieron reparo en apoyarse en la ilegalidad, el narcotráfico y el crimen para consolidar su proyecto contrainsurgente y  acumular poder y riqueza.

La creación de las CONVIVIR mediante el decreto 356, fue el respaldo gubernamental e institucional más importante para la expansión de las AUC durante esos años. Lo mismo que los pactos en la sombra del Departamento de Justicia de Washington y la Fiscalía de los Estados Unidos con narcotraficantes colombianos realizado bajo el Programa de Resocialización de Narcotraficantes iniciado en 1996 bajo cuyo amparo Carlos Castaño, apoyado en agentes de la CIA,  consolidó la unidad en las AUC de la contrainsurgencia y los capos de los carteles del narcotráfico.

En conclusión, durante las dos últimas décadas en Colombia se desarrolló una lucha contrainsurgente que no tiene antecedentes en ningún país de América. Fue el mejor esfuerzo de la extrema derecha colombiana e internacional. Fue una lucha integral, contó con el apoyo de todo el estado, con todos los medios de comunicación convertidos en instrumentos de guerra, con la ayuda de todos los partidos del establecimiento, incluso con la neutralización de algunos sectores de “izquierda”, y por supuesto, con la arremetida criminal de todo el aparataje paramilitar. Y pese a toda esta asociación criminal tan poderosa, no se logró derrotar militarmente a la insurgencia, principalmente a las Farc. Ni se logró doblegarla, ni quitarle su voluntad de lucha, ni dividirla, ni desmovilizarla, como era el objetivo de semejante esfuerzo. Por el contrario,  el desgaste se sintió en las filas del  establecimiento político y militar. La disminución de la ayuda económica norteamericana también tuvo su impacto. El desmonte obligado del paramilitarismo produjo su división y ha destapado parte de la responsabilidad del Estado, la fuerza pública, el Das, la Fiscalía y los partidos políticos en la guerra sucia y la descomposición de la sociedad. Así las cosas, el bloque gobernante del anterior gobierno se dividió entre los partidarios de derrotar a las Farc militarmente, (El uribismo), y los partidarios de someterla en una negociación política

Sin embargo, hay que señalar que el cambio en la modalidad de combate de las Fuerzas Militares, el llamado combate aéreo-terrestre, les permitió  propinarle a las Farc serios golpes de valor estratégico. La reingeniería del Ejército no sólo fue cuantitativa, sino cualitativa, y consistió en adecuar a la lucha contrainsurgente colombiana los enormes cambios que se sucedieron durante las dos últimas décadas en los ejércitos más avanzados del mundo y que provienen de los avances tecnológicos, especialmente de la electrónica. El empleo de la informática, las comunicaciones, la información, la robótica, la tecnología satelital y aérea, las armas de precisión etc., le han permitido a las Fuerzas Militares un avance notorio en la ventaja aérea, en la inteligencia humana y electrónica en tiempo real, en la velocidad de la reacción y los desplazamientos,  en la precisión de los golpes aéreos. Con ello ha eliminado importantes mandos nacionales y regionales y  golpear centros de comando y control de las Farc. En pocas palabras las fuerzas militares se le metieron al rancho de las Farc, o  sea, pudieron penetrar sus líneas interiores y eso les dio cierta ventaja militar y  capacidad ofensiva. Sobre esta base, el plan estratégico de las Fuerzas Militares está centrado ahora en golpear la dirección nacional y media de las Farc, producir una gran ofensiva mediática y política para desmoralizar los combatientes guerrilleros e inducirlos a la deserción y desmovilización.  A su vez, las Farc se readecuaron a las nuevas condiciones de la guerra. Se replegó a zonas más seguras, fraccionó sus fuerzas, abandonó las grandes unidades, mejoró su seguridad y se empleó a fondo en la modalidad de guerra de guerrillas en donde su ventaja es enorme, donde mantiene la iniciativa y la ofensiva, la cual muestra un balance de bajas desfavorable para el Ejército del Estado.

Pensamos que ese balance militar es en últimas el que lleva a la negociación, un balance en el campo de batalla y no en los medios de comunicación. Las FARC necesitan la negociación y Santos también. Santos llega a esa conclusión  cuando se da cuenta que no lograron derrotar militarmente a la FARC a pesar de semejante ofensiva internacional y nacional. En el fondo, y en silencio, tiene que reconocer que enfrenta una fuerza con capacidad de lucha, con una dirección centralizada y mando unificado, con una estructura de cuadros y combatientes de una alta moral capaz de propinarle derrotas al ejército. La negociación, entonces, es producto de una especie de empate: ni el gobierno pudo derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla pudo tomarse al gobierno. La decisión de Santos de abrir conversaciones terminó por dividir el bloque en el poder, división que se ha sentido en los mandos militares y en la tropa. Al uribismo le conviene la guerra, bajo su amparo entregó el territorio nacional y las reservas mineras a las multinacionales y a sus amigos cercanos, el paramilitarismo. Pero además, le conviene deslegitimar a la insurgencia y a la lucha social para prevenir un juicio posterior que posiblemente lo lleve al estado en que se encuentra Fujimori.

Un modelo de negociación viable
Pensamos que fue la reflexión y no la derrota lo que llevó a las Farc a la mesa de negociaciones. Con un modelo de negociación que no es ni el sometimiento ni la pretensión de ganarlo todo en la mesa de negociaciones. La paz con justicia no significa la revolución por decreto como se le ha querido malinterpretar. Negociación no es el final de la lucha, hay que entenderla como un escenario más en la acumulación de fuerza hacia una Colombia justa. Con mayor razón, cuando  América Latina conquista hoy mejores condiciones de vida y bienestar para sus pueblos ensayando otros caminos, que no han sido los  nuestros.

Para algunos, en la negociación se trata de conseguirlo todo, y en esa medida lanzan opiniones desobligantes y fuera de lugar, planteando por ejemplo que la ‘paz de La Habana’ es la paz del TLC. Son los mismos que ayer han dicho desafiantes que la lucha armada no tiene validez y que la insurgencia no tiene base social. Hoy se oponen a la negociación de la insurgencia. Palo porque bogas y palo por que no bogas. ¿En qué estamos? Esta oposición  coincide con el ala de extrema derecha encabezada por el Uribismo.

Pensamos  que el objetivo de fondo del proceso de negociación es ganar la confianza, la mente y el corazón de los colombianos. Hoy las Farc han ganado un lugar en la interlocución política del país. Y lo que digan o hagan es determinante en la agenda nacional. Sus propuestas están en sintonía con el sentir de las grandes mayorías por lo cual debe mantener el tono convocante y no perder el sentido de las proporciones en los objetivos que busca alcanzaren la presente etapa. Los cinco puntos que definieron el rumbo de la negociación, y el acuerdo sobre el primer punto en cuanto al desarrollo del campo, reflejan una enorme madurez política. Y es el camino para conseguir triunfos y logros que dan confianza en la victoria.  Pensamos que antes de aferrarse a unos inamovibles hay que estar atentos a los cambios que produce el mismo proceso

Hace un año, el proceso de paz era una posibilidad en la que nadie creía, ni dentro ni fuera del país. Hace seis meses era percibido como unas remotas conversaciones desarrolladas lejos de nuestro entorno. Después de la movilización del 9 de abril pasado, esas conversaciones se sintieron en toda Colombia, y con los acuerdos preliminares logrados ha crecido la confianza y esperanza en el mismo. Esa es la dinámica del proceso que tiene  varios escenarios entre los cuales la Mesa de Negociación es el primero de ellos, seguido por las luchas sociales (paro del Catatumbo), la propuesta de constituyente, los eventos electorales, en fin, los demás espacios democráticos que están por venir. Creemos que este es el camino para cambiar la correlación de fuerzas en tiempos que pueden ser muy intensos y dinámicos, lejos  de la versión estática y derrotista que insiste en que las fuerzas de la extrema derecha son imbatibles en las urnas y que por lo tanto, el escenario de una asamblea constituyente será inevitablemente hegemonizado por el uribismo y pondría en riesgo las “conquistas” de la Constitución del 91.  Por supuesto, que hay que conseguir en la Mesa unas condiciones que equilibren y garanticen la participación electoral democrática, para que se expresen los millones de colombianos insatisfechos con el actual régimen económico y político.

La propuesta de Constituyente es la clave para liberar la gran dinámica nacional. No sólo es la mejor vía para refrendar los acuerdos que se logren en La Habana, lejos de los riesgos que conlleva las propuestas de referendo y plebiscito sujetos a las manipulaciones del congreso. Al margen incluso del proceso de paz en curso, la constituyente es una necesidad nacional para tramitar la salida a las grandes crisis nacionales y sociales. Ahí se van a dar cita los voceros de las víctimas, de la salud, la educación, la vivienda, los desempleados, los campesinos y los trabajadores. Ahí se van a expresar  los productores agrícolas, los industriales y comerciantes arruinados por el TLC.  La consigna de Constituyente puede convertirse en el eje articulador de los dos procesos, y la mejor forma de acercar las negociaciones de La Habana, con la más amplia participación ciudadana en procura de sus reivindicaciones sociales, económicas y políticas. La Constituyente expresa la necesidad de un nuevo Contrato Social. Y es, además,  la única forma de ganar legitimidad a los poderes de un estado con serios cuestionamientos de legitimidad  derivados de la parapolítica, la intimidación, el fraude, la corrupción, la impunidad y el monopolio de los medios.

Creemos que la causa de la paz tiene enemigos poderosos. Los resume muy bien las “cuatro murallas” planteadas por el Padre Javier Giraldo, S.J. en su “Carta al oído de los que dialogan sobre la paz”[28], dándole una especial importancia a la capacidad conspiradora de la extrema derecha y sus instrumentos paramilitares que están al acecho. Ellos conocen los instrumentos de la conjura y el terror para reversar los procesos democráticos, y en Colombia han sido recurrentes desde los tiempos de Bolívar, Sucre, Uribe Uribe, Gaitán, Guadalupe Salcedo, hasta recurrir al genocidio y a los magnicidios recientes. La extrema derecha Colombiana sí que sabe de la combinación de las formas de lucha y de conducir la política usando métodos violentos. Las Farc no se inventaron la guerra en Colombia, la responsabilidad la tienen el estado y la clase política que lo ha detentado y que lleva, desde 1948, 65 años continuos de guerra contra el pueblo que contabiliza cerca de un millón de muertos. Otra dificultad del proceso, es el manejo de los tiempos que se constituye en un importante elemento de presión cuando el gobierno de Santos  quiere empaquetar el proceso, para producir una negociación en cualquier forma.  De ahí la justeza de la propuesta de aplazar el calendario electoral. A la final tiene que prevalecer la prioridad de la paz, para que ésta no quede atrapada en las afugias electorales.

Consideramos que las Farc tienen la oportunidad para hacer la gran convocatoria, al país político y al país nacional. Está muy bien colaborar e integrar al proceso  a las otras fuerzas insurgentes, el ELN y el EPL. Está muy bien convocar a nuevos procesos de unidad a las fuerzas de izquierda. Pero la convocatoria debe trascender esos marcos, debe abrirse a otras fuerzas y sectores sociales, democráticos y populares “no alineados”, como se dijera en tiempos de Camilo, que necesitan nuevos cauces de expresión e identidad, e incluso abrirse a acuerdos puntuales o de fondo con todos los sectores  que desean la paz y que hoy se distancian de la propuesta de guerra del bloque político de la extrema derecha encabezado por el uribismo. Hay que abrir una interlocución y espacios de concertación local y nacional  con sectores industriales y de la producción agrícola afectados por el régimen económico y que necesitan un entorno de seguridad social y jurídica para el desarrollo de sus proyectos. Se necesitan espacios de interlocución con la Iglesia Colombiana o con sectores de ella que proclaman la paz. Y tenderle puentes, incluso proponer beneficios jurídicos a sectores de las Fuerzas Militares a cambio de la verdad y de respaldo al proceso de paz. Al fin y al cabo los militares y paramilitares han sido instrumentos del modelo violento de la élites económicas y políticas. Creemos que con una actitud así, abierta, unitaria y convocante, podemos conquistarle espacios a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los cuadros y militantes de base de los procesos y experiencias ya descritos, lejos de sus dirigencias ya cooptadas, deseamos profundamente que el actual proceso, fortalecido con las demás fuerzas insurgentes y sociales,  conduzca a una paz estable y justa, merecida por todos los colombianos. Pero también debemos afirmar que si la extrema derecha colombiana e internacional logra de nuevo frustrar nuestras aspiraciones de paz, no dudaremos en  convocar al pueblo colombiano a desenvainar de nuevo la Espada de Bolívar hasta la victoria final.

Con ustedes,
Aureliano Buendía
Desde Macondo
¡Se siente, se siente que camina, la Espada de Bolívar por América Latina!



[1] Entrevista a Antonio Navarro, El Tiempo, 15 de junio.

[2] Las verdaderas intenciones de los paramilitares, Corporación Observatorio para la paz, declaraciones de Luis Antonio Meneses ante la Dijin, en nov de 1989. Anexo 9, pag.284
“ INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INTERROGADO
1.     Operación para atacar CASA VERDE con instrucción de comandos israelíes.
El Ejército Nacional a través del Coronel Velandia contrató al Coronel YAIR KLEIN, Jefe de operaciones del Ministerio de Defensa de Israel (Tel Aviv, Piso 16-El Hueco), junto con el Jefe de la Policía Antiterrorista de Israel, segundo el mando de YAIR KLEIN, y hombre del MOSSAT (SIC) (Servicio de Inteligencia de Israel) y un traductor de nombre TEDDE MELMIKI por la suma de US $80.000.
La instrucción comenzó a principios del año 1998 en Cimitarra (SS), junto al Batallón de dicha localidad. El armamento era de propiedad de las autodefensas a (sic) del Ejército, se componía de fusiles R-15 (…)”

[3] www.VerdadAbierta.com, 16 nov. 2012, Versiones ante Justicia y Paz, Los viajes de Klein a Colombia
 “ Los tres viajes de Klein
De acuerdo con la versión del mercenario, al principio la idea era realizar los entrenamientos en la región de Urabá, por eso el primer viaje se realizó a esta zona en donde fue recibido por Luis Meneses, alias ‘Ariel Otero’. “Los contactos para los dos primeros viajes los hice a través de Yitzhat Shoshani, representante en Colombia de Hal Cal”, narró Klein.
“Nos recibió Luis y nos encontramos en el Club Militar con un General que nos comentó los problemas de la zona en que debíamos entrenar, la dificultad del ejército de moverse en la noche. Después nos encontramos con el presidente de una organización de cultivadores de banano, quien también nos explicó que sus fincas podían caer en mano de la guerrilla”, aseguró Klein.
Sin embargo, según el mercenario, antes de regresar a Israel y mientras hacia su informe diagnóstico del Urabá, la zona en donde se iban a hacer los entrenamientos cayó en manos de la guerrilla y por eso se iniciaron las gestiones con la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, una organización creada por los jefes paramilitares de la zona, Henry y Gonzalo Pérez, para administrar los recursos que recibían del Cartel de Medellín.
“Para el segundo viaje Shoshani me dijo teníamos una reunión en Bogotá con el presidente de Acdegam, un oficial del DAS, el presidente del Banco Ganadero y el jefe paramilitar Luis Meneses alias ‘Ariel Otero’, señaló Klein.
De acuerdo con el ex militar israelí, los asistentes a la reunión les explicaron los problemas del Magdalena Medio y les pidieron empezar lo antes posible con el entrenamiento. “A la mañana siguiente viajé a Puerto Boyacá. Nos reunimos en la oficina de la Alcaldía con Henry Pérez y su padre que eran líderes de Acdegam, un encargado del Ministerio de Agricultura, el comandante de la Policía de la zona, un alto mando militar y por supuesto el alcalde. Salimos a hacer el recorrido en el terreno e hice las observaciones sobre el lugar”, aseguró Klein.
Según Klein luego de regresar a Israel se reunió con su equipo de instructores. “Les comenté lo que había visto y el peligro de la situación. Les pregunté si querían viajar y la respuesta fue positiva”, agregó.
Tres semanas después y luego de que ‘Ariel Otero’ aprobó el plan de entrenamiento, Klein asegura que salió para Colombia con su equipo.”
.
[4] Revista Semana, Yair Klein cuenta su historia, 18 de marzo de 2012.

[5]www.VerdadAbierta.com, Mafia vs paramilitarismo, la otra guerra de Pablo Escobar, 20 de febrero de 2012

 “Pablo Escobar intentó convencer a los paramilitares del Magdalena Medio a sumarse a su guerra contra el Estado y el Cartel de Cali. Pero Henry Pérez y Ramón Isaza desistieron y estuvieron a punto de matar al capo.
A principios del año 1990, Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, citó en la hacienda Nápoles a Henry Pérez y Ramón Isaza, jefes de las Autodefensas del Magdalena Medio. 
La reunión transcurrió en medio de la tensión generada por la solicitud de Escobar de involucrar de lleno a los “paras” en la guerra frontal contra el Estado. 
Los viejos aliados no llegaron a ningún acuerdo y se declaró una guerra que dejó centenares de víctimas y cambió radicalmente la estructura de poder en la zona.
El encuentro en Nápoles ocurrió un sábado en la mañana, pero se pactó que la guerra solo comenzaría dos días después.  En sus declaraciones en el proceso de Justicia y Paz, Ramón Isaza cuenta que a la salida de la reunión le propuso a Pérez aprovechar la oportunidad y acabar en ese mismo instante con Escobar. 
“Matemos a ese hijueputa ahora, mire que no tiene casi escoltas”, fueron las palabras textuales de ‘El Viejo’, como era conocido Isaza, según el libro Crónicas que da miedo contar, del periodista Antonio Sánchez. El jefe de las autodefensas le respondió que le había dado su palabra al capo y había que esperar a un par de días.
Para ese momento, Escobar se había refugiado en el Magdalena Medio, huyendo de los comandos élite de la Policía y de sus enemigos del Cartel de Cali.  Había optado por una guerra de terror contra la sociedad, para presionar la caída de la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente. 
Aunque por casi una década había tenido el respaldo militar de los hombres de Pérez, en ese momento se quedó prácticamente solo.  Pero,  ¿cómo y por qué terminaron estos viejos socios enfrentados en una lucha frontal?
(…) La situación comenzó a cambiar tras el asesinato de Luis Carlos Galán, cometido en agosto del 89.  El gobierno de Virgilio Barco comenzó una guerra frontal contra el Cartel que meses después, en diciembre de ese mismo año, produjo la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha. 
(…)Todas estas peticiones según el ex jefe paramilitar, fueron rechazadas porque iban en contra de las ideas fundacionales de las autodefensas, que se centraban en atacar a la guerrilla y no al Estado”


[6]Semana, 18 de febrero de 2008, edición 1346, “Pacto con el diablo”
“ Pacto con el diablo
INVESTIGACIÓNSEMANA revela documentos recién desclasificados en Washington que dejan en evidencia la relación de la CIA con los nacientes grupos paramilitares colombianos.
Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.

SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escoba . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".

¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.

Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.

En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".

Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".

Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".

La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".

El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".

Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".

El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".

The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".

Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentado se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.

Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado”

[7] Entrevista a Alfonso Cano. M !9 el Heavy metal Latino Americano.  Ángel Beccassino. Pág. 90, Fondo Editorial Santo Domingo.

[8] Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano. Angel Beccassino. Pág. 99, Fondo Editorial Santodomingo.

[9]Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano. Angel Beccassino. Pág. 100.Fondo Editorial Santodomingo.

[10]Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano. Angel Beccassino. Pág. 121.Fondo Editorial Santodomingo.

[11]Carlos Castaño, Mi confesión, Editorial la oveja negra, pág. 40

[12]Antonio Navarro, entrevista, El Colombiano, Especiales de paz, Daniel Rivera Marín, “Las Farc aspiran a más de lo que deben”, 13 de mayo de 2013

[13]www.VerdadAbierta.com, Justicia y Paz-Versiones, “¿Acuerdo entre paras y el M19 en la constituyente del 91?, 07 de marzo de 2012

                  “Ernesto Báez’ dijo que un político cercano a los paramilitares de Puerto Boyacá estuvo en la lista del M-19 en la Constituyente del 91.
  

“Un médico sin experiencia política y cercano al proyecto paramilitar del Magdalena Medio, llamado Augusto Ramírez Cardona, resultó elegido por la lista del M-19 a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 a través de la cual se escribió una nueva Constitución Política de Colombia.
El hecho fue narrado por el exparamilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’ ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz realizada en Medellín, quien dijo que conoció de ese acuerdo con el M-19 porque se lo comunicó personlamente Henry Pérez Morales, comandante de las autodefensas de Puerto Boyacá.
Si bien algunos hechos fueron corroborados por un exmilitante de la organización guerrillera  consultado por VerdadAbierta.com; algunos otros fueron controvertidos, pues no concuerdan, según él, con lo ocurrido. Ambas miradas sobre un hecho significativo de la historia política reciente del país son un claro ejemplo de las dificultades que debe afrontar el proceso de reconstrucción del pasado que vive el país.
La versión de 'Báez'
“Una vez Henry me mandó llamar y me dijo que me iba a dar una gran noticia”, relató alias ‘Ernesto Báez’. “El M-19 estaba dispuesto a incluir un representante de las autodefensas para que ocupara uno de los renglones en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, que ese grupo estaba conformando”.
De acuerdo con ‘Báez’, para comienzos de la década del noventa, era frecuente la presencia de dirigentes del M-19 en Puerto Boyacá, pues estaban asesorando a la dirigencia de las autodefensas en una posible desmovilización. De ahí la cercanía entre unos y otros. Por ello, ante el propósito de la organización exguerrillera de conformar una lista amplia, de diferentes matices, le ofrecieron un cupo a las autodefensas. “En esa reunión, Henry me dijo que nos habían asignado el renglón 17”.

En un rápido balance de la oferta, alias ‘Ernesto Báez’ consideró que el M-19 no sacaría más de 10 curules en esas elecciones, por lo que consideró que el ofrecimiento de la organización exguerrillera era más una muestra de cortesía que una propuesta política seria.

“Ellos se enfrentarían a los poderosos partidos tradicionales; acababan de salir de un proceso de paz y estaban muy golpeados con la muerte de Carlos Pizarro. Yo no le veía mayor opción y le dije a Henry que mientras ofrezcan el renglón 17 estamos de relleno”, indicó el exparamilitar.

Para tratar de lograr una mejor ubicación en la lista, ‘Báez’ dijo que le consiguieron una entrevista con Antonio Navarro Wolf en Bogotá. “Yo le dije que buscaba que la oferta fuera más atractiva, que nos pasara a un mejor renglón y le propuse el siete u ocho, pero ni siquiera me ofrecieron el 16. Me dijo Navarro: 'Esto está definido, las personas están notificadas, yo no puedo hacer cambios, eso sería un cataclismo.  No puedo decirle a la persona del renglón 9 que se pase para el 10 porque hay que darle entrada a ustedes'. No fue posible”.

Pero ese no sería el único obstáculo de las pretensiones de las autodefensas de Puerto Boyacá de obtener una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días antes de la inscripción de los candidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, uno de los integrantes de la lista del M-19 amenazó con hacer un escándalo y retirarse si no excluían a Duque Gaviria de la baraja de candidatos.

Se trató de Carlos Ossa Escobar, un político del Partido Liberal, incluido en la lista del M-19. “Me llaman y me dicen que el señor Carlos Ossa Escobar había dicho que mientras el señor Iván Roberto Duque estuviera en la lista públicamente iba a hacer la denuncia”, narró el exparamilitar, quien era conocido por haber promovido en Puerto Boyacá el fugaz Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ligado a los paramilitares del Magdalena Medio.

Para Ossa Escobar era inaceptable que el M-19 apoyara a un hombre venido de Puerto Boyacá contaminado por las autodefensas. “El problema no era que se retirara sino cómo se iba a retirar, haciendo un escándalo”, indicó ‘Báez’.

El pronunciamiento privado de este político puso en dificultades al M-19.  Sin embargo, participar en las elecciones a la Constituyente era una orden de Henry Pérez. Se logró, según dijo Duque Gaviria, que la organización ex guerrillera mantuviera el renglón para las autodefensas con el compromiso de que se nombrara a otro candidato.

“Henry me dijo que ellos (el M-19) estaban dispuestos a conservar la curul para las autodefensas, pero no en la persona de Iván Roberto Duque  y nos solicitan que pongamos a otra persona”, precisó ‘Báez’.

Pero ya el tiempo de inscripción se estaba venciendo y comenzaron a buscar a una persona que ocupara ese renglón 17. La idea era colocar a alguien que nadie conociera, pero que fuera cercano a las autodefensas. En esas búsquedas, uno de los jefes del grupo armado de Puerto Boyacá, Luis Antonio Meneses Báez, ‘Ariel Otero’, propuso el nombre de Augusto Ramírez Cardona, en ese momento médico de la clínica que tenía la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Agdegam), una organización social de los paramilitares.

En ese momento se dijo que  nadie conocía y, por lo tanto, nadie podía señalarlo de dónde venía. La ventaja, en ese momento, era que el médico estaba justamente en Bogotá, comprando insumos para la clínica y era el último día de inscripciones. Se le buscó por teléfono, se le comunicó la decisión y se le ordenó que fuera a la Registraduría y se inscribiera. Y así se hizo. A las seis de la tarde de ese día, el médico Augusto Ramírez Cardona fue inscrito en la lista del M-19.

Y pese a los malos pronósticos de alias ‘Ernesto Báez’, el M-19 sacó 19 curules, lo que le permitió a las autodefensas de Puerto Boyacá tener un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente. Al médico se le dotó de escoltas, carro blindado y viajaba de Bogotá a Puerto Boyacá en un avión de propiedad de la Texas Petrolium Company, que tenía en esa localidad una planta.

Ramírez Cardona se hizo famoso porque durante las sesiones de la Asamblea circuló un video en el que aparecía él denunciando que Pablo Escobar estaba ofreciéndole a través de un abogado varios millones de pesos para que votara favorablemente la propuesta de la prohibición de la extradición de colombianos a otros países. Este hecho muestra la enemistad que tenían para la fecha el jefe del Cartel de Medellín y Henry Pérez, que terminó con la muerte de éste el 20 de julio de 1991 en Puerto Boyacá por jóvenes sicarios contratados por el capo.

Duque Gaviria explicó que la trama del video se fraguó en la finca La Palmera, el bunker de Pérez en Puerto Boyacá, donde se hicieron constantes reuniones para trata de probar que Pablo Escobar ofrecía dineros a algunos constituyentes a cambio del voto por la prohibición de la extradición.

Al hacer referencia al papel cumplido por Ramírez Cardona durante la Asamblea Nacional Constituyente, ‘Báez’ habló en contra del médico: “era un hombre corto de palabra, sin ninguna formación política, que seguía las orientaciones políticas de 'Ariel Otero', a quien le debía esa curul. Pasó sin pena ni gloria”.

El ex paramilitar Duque Gaviria aseveró que dado lo desconocido que era Ramírez Cardona el país nunca asimiló que se trataba de una curul del M-19 entregada a las autodefensas, que para esa época estaban armadas, en desarrollo de su proyecto político y militar en el Magdalena Medio, y estaban comandadas por un hombre señalado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. "Yo no he escuchado a los dirigentes del M-19 una explicación satisfactoria sobre este asunto”, concluyó 'Báez'



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[14]Roberto Romero Ospina, Declaraciones exclusivas del ex comandante del EPL, Francisco Caraballo, “El papel de Humberto  de la Calle y de Angelino Garzón en la no participación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la Asamblea Constituyente, 25 octubre 2012, ANNCOL,  “ El 5 de junio (de 1991) la Constituyente invita a la plenaria a Manuel Marulanda a una sesión informal. Solamente hubo tres votos en contra: Alberto Zalamea, Álvaro Gómez Hurtado y Juan Gómez Martínez, sin embargo, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, que instaló las conversaciones de Caracas, señaló que la presencia del líder guerrillero depende de los acuerdos de Caracas y si la insurgencia antes se desarma y se desmoviliza. La Coordinadora de inmediato replicó aduciendo que este no era un gesto de paz. Navarro Wolff, que votó a favor de la invitación a Marulanda, sin embargo, una hora antes en su noticiero de televisión coincidió con el ministro, es decir, una invitación condicionada prácticamente a una rendición y en un plazo perentorio de dos semanas. La misma propuesta que transmitió Gaviria a través de una comisión de la UP, el 8 de noviembre de 1990. (Un conveniente repaso a la historia de la ANC de 1991)

[15]Entrevista a Carlos Pizarro. M 19 el Heavy metal Latino Americano. Angel Beccassino. Pág. 94, Santodomingo, cauca, abril 15 del 89.Fondo Editorial Santodomingo. “Nosotros no fuimos a negociar solos este proceso, ni a mantenernos solos durante el proceso, ni a trabajar única y exclusivamente  con el gobierno. Fuimos a buscar espacios nacionales para la concertación, y fundamentalmente a garantizar que uno de los factores de poder en éste país, como es el movimiento guerrillero, estuviera presente. Allí abrimos una avenida para que transitaran todos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque consideramos que la solución política sí es viable en Colombia. Porque nosotros no sacamos una propuesta de solución política para atraer incautos. No  era una carnada lo que nosotros estábamos lanzando, sino realmente un objetivo para el conjunto de los colombianos, que tenía que abrirse camino con cualquier tipo de procedimientos. Heterodoxos u ortodoxos. Por cualquier camino que facilitara que esto fuera una realidad. Eso fue lo que hicimos. Aún hoy, después de meses de haberse lanzado la primera propuesta, después de múltiples entrevistas y declaraciones, después de múltiples dificultades, la puerta sigue abierta”

[16]Tres rectificaciones necesarias hacia la democracia plena. Carlos Pizarro. Documento en Mimeógrafo. Abril 1989
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[17] Matar a Pablo Escobar. Mark Browden. Pág.218, 219,228,290,232,233,306,312
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[18] Por cierto, la agenda mediática del gobierno se ha encargado de desgastar el enorme peso moral y emocional de las víctimas del conflicto colombiano durante los siglos XX y XXI. Bastan los medios de comunicación lavadores de imágenes y constructores  de historietas televisivas donde los victimarios paramilitares son justificados y convertidos en héroes.  Ellos destacan las figuras de los negociadores mudos, Pearl y Jaramillo,  otrora Gerentes del Plan Colombia, hecho en inglés por los Estados Unidos.

Esta  “banalización del mal” (Hanna Arendt calificó así a la presentación pública que los nazis hacían de sus operaciones genocidas), nos permitimos recordarle a los ciudadanos colombianos que el número de víctimas del conflicto social colombiano que pretendemos terminar hoy es semejante al de la llamada Solución Final, realizada durante unos 5 años en “un complejo industrial compuesto de 3 campos, Auschwitz I, II, III, complementados  con cincuenta pequeños campos dispersos por la región. Durante algo más de 5 años fueron sacrificados 5.500.000 seres humanos  (hombres, mujeres y niños), en un 90% judíos junto con gitanos y otros representantes de razas consideradas impuras. Ver al respecto: Elizabeth Roudinesco, La parte oscura de nosotros mismos. Albin Michel, Paris, 2007.

[19]  Las verdaderas intenciones de los paramilitares, Corporación Observatorio para la paz, declaraciones de Luis Antonio Meneses ante la Dijin, en nov de 1989. Anexo 9, pag.284
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[20]El Caso Klein el origen del paramilitarismo en Colombia, Olga Behar y Carolina Ardila, Editorial Icono, Pág. 43,55,56
                  Frente a la propuesta de atacar un campamento guerrillero de las Farc dice Klein “ Me pareció una buena idea. Total, ese era el objetivo, era la razón por la que me habían llevado. Yo no fui ni a trabajar con el cartel de las drogas ni en su contra. Si hubiera ido a trabajar con el cartel, tampoco hubiera hecho un ejercicio final en su contra. Pero como yo fui a trabajar contra la guerrilla, estuve dispuesto a que los muchachos hicieran el operativo de verdad.
Luis Meneses dijo en esa reunión que tenía que ir a verificar si se podría hacer. Es decir, si nos darían autorización, y al regresar dijo que no, que “ellos” habían dicho que no, pero no explicó quiénes eran “ellos”. Creo que la consulta fue hecha a la CIA, porque él todo el tiempo me había ofrecido reunirme con la CIA. No sé si fue la agencia la que desaprobó, pero así lo creo” (Pag 55)

[21]www.VerdadAbierta.com, Versiones ante Justicia y Paz, Los consejeros de los paras según “Don Berna”, 15 de febrero de 2012.

“El ex jefe paramilitar señaló al ex secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, y al ganadero cordobés, Rodrigo García, como dos personas que aconsejaban a Carlos Castaño.

                 
Pedro Juan Moreno Villa pasó de ser incondicional a distanciarse de Álvaro Uribe. Rodrigo García fue detenido en 2009 pero murió dos años después. Fotomontaje VerdadAbierta.com 
En su segundo día de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, señaló a Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de Gobierno de Antioquia, como uno de los integrantes del ‘Grupo de Notables’ que asesoraba al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil.

El ex jefe los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, así como ex inspector de las Auc, se refirió desde una prisión de Miami al ex funcionario de la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez al tratar de explicarle a la Fiscalía en qué consistía el llamado ‘Grupo de los Seis’, reseñado por Castaño Gil en el libro Mi Confesión.

En esa extensa entrevista describió a sus integrantes como “hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!”.

Al respecto, alias ‘Don Berna’ corrigió la historia y dijo que llamado ‘Grupo de los Seis’ realmente estaba conformado por doce personas a los que el comandante Castaño acudía con regularidad.

“Yo lo llamaría el ‘Consejo Superior’: daba orientaciones en la parte política en la lucha contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”.

De acuerdo con las explicaciones de Murillo Bejarano, este grupo apoyaba a los paramilitares desde su nacimiento y su interés era que las Auc evitaran acuerdos con estos grupos insurgentes y continuaran con su confrontación antisubversiva hasta que no hubiera ni un guerrillero en Colombia.

“Las autodefensas era una organización político-militar, con una propuesta para el país que se identificaba con unos sectores interesados en que en Colombia se mantuviera la democracia y que la guerrilla no tuviera espacio ni la posibilidad de triunfar. Nuestra guerra no solo era militar sino ideológica y política”, indicó alias ‘Don Berna’ y agregó que el ‘Grupo de los Notables’ se disolvió en el año 2004, una vez se constató la desaparición y muerte de Carlos Castaño.

Uno de los momentos tensos de la versión libre fue cuando los fiscales que conducían la audiencia le preguntaron al ex jefe paramilitar sobre quiénes integraban ese grupo. “De manera muy atenta solicito a la Fiscalía obviar esta pregunta y más adelante la ampliaré, ya que por razones de seguridad me preocupa responder ahora”, respondió Murillo Bejarano.

Ante la insistencia de la representante del ente acusador por conocer los nombres de las doce personas que asesoraban a la comandancia de las Accu, el exparamilitar dijo: “hay unos que ya fallecieron, como Rodrigo García y Pedro Juan Moreno, pero hay otros que están vivos y siguen teniendo algún tipo de injerencia en la vida nacional”.

Rodrigo García Caicedo fue un líder del Partido Conservador y directivo del Fondo Ganadero de Córdoba; por varios años padeció las secuelas de la extorsión y la muerte de sus reses que le infligía la guerrilla del Epl y sobrevivió a los atentados realizados por las Farc en su contra.

Los constantes ataques de la subversión lo llevaron a convertirse en uno de los principales consejeros de Carlos Castaño, así como uno de sus financiadores. Por sus nexos con el paramilitarismo fue detenido el 23 de enero de 2009 en Montería y murió dos años después, el 24 de febrero de 2011.

Por su parte, Pedro Juan Moreno Villa fue un exitoso ingeniero y comerciante de la ciudad de Medellín, quien llegó a la política a través del Partido Conservador, siendo elegido concejal de Medellín, luego diputado y Representante a la Cámara.

En las elecciones de 1994 hizo parte de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia, quien una vez electo para el periodo 1995-1997, lo llamó para que ocupara la Secretaría de Gobierno, donde alcanzó fama de “matón, de loco y atravesado”, descripción que, según le confesaba a la prensa, no le molestaba.

Debido a su enconado odio contra la izquierda, se convirtió  en un ejemplo del pensamiento de derecha en el país. Y según alias ‘Don Berna’, “siendo Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan  era uno de los asiduos visitantes de Carlos”.

Desde ese cargo, y en medio de grandes polémicas nacionales e internacionales, impulsó las llamadas de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, que eran conocidas como Convivir. Varios paramilitares que hoy están desmovilizados y están postulados a los beneficios de la Ley 975 han confesado que esas organizaciones fueron las fachadas de las Accu y las Auc en diversas subregiones de Antioquia”.


[22]www.VerdadAbierta.com, Versiones ante Justicia y Paz, Comandos Populares de Urabá base de las ACCU, 17 de noviembre de 2012.
Por primera vez, antiguos guerrilleros del Epl contaron la historia de los Comandos Populares, grupo armado que se enfrentó a la guerrilla y luego se unió al proyecto de los Castaño Gil.

                 
En el Urabá antioqueño se desmovilizó una facción del Epl.          
La historia del paramilitarismo en el Urabá antioqueño no quedaría completa sino no se conociera lo que significaron los Comandos Populares, un grupo armado que se creó un año después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl) y que sirvió de base para que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se expandieran hacia esa región agroindustrial.

Así lo entendió la Fiscalía 17 de la Unidad de Justicia y Paz, y decidió realizar una versión conjunta con ex paramilitares que hicieron parte de los Comandos Populares, que se desmovilizaron con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que hoy están postulados a Justicia y Paz.

A la versión citada por el ente acusador comparecieron Rafael García, alias ‘El Viejo’, Cardenio Caicedo Mena, alias ‘El Burro’, Germán Tuberquia, alias ‘El Diablito’, Manuel Ángel Cartagena, alias ‘Omar’, Jesús Alirio Guisao, alias ‘El Tigre’, y Luis Antonio Córdoba, alias ‘Lucho’, quienes relataron su paso por ese grupo ilegal, que delinquió entre 1992 y 1995, en buena parte del Urabá antioqueño.

Desmovilización de Epl
Para entender de dónde surgen los Comandos Populares es necesario referenciar el proceso de desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl) que se plasmó en un acuerdo entre el Gobierno nacional y la comandancia de esa guerrilla, firmado el 15 de febrero de 1991, y concretado el 1 de marzo de ese año, cuando 2.200 combatientes dejaron las armas, en cuatro campamentos, ubicados en Antioquia, Risaralda, Córdoba y Norte de Santander.

(…)“Toda la gente del Epl se desmovilizó”, afirmó García, con lo que quiso subrayar la idea de que por lo menos en este proceso no hubo guerrilleros que evitaron la dejación de armas. Incluso, narró que a ellos se unieron los llamados “Tangueros”, una facción paramilitar que habían creado los hermanos Fidel y Carlos Castaño en Córdoba, para enfrentar a la guerrilla.

(…)Pero no sólo los ex Epl volvieron a la guerra. Según alias ‘El Viejo’, quienes también se rearmaron fueron ‘Los Tangueros’, pues sintieron que también el Gobierno les incumplió. “Ahí es cuando surge el nombre de las Accu”, precisó el exparamilitar.

Así se estructuraron
De acuerdo con la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, en el Urabá antioqueño los Comandos Populares conformaron cinco facciones, distribuidas en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa, comandadas por antiguos guerrilleros del Epl.

(…)Sobre los mandos superiores de esas facciones, los ex paramilitares no se pusieron de acuerdo. Alias ‘El Tigre’ detalló lo que para él fue la comandancia de los Comandos Populares. Según él, estuvieron Manuel Teodoro Díaz, alias ‘Platón’; Mario Agudelo Vásquez; Miguel Galeano, alias ‘Ratón’; Rafael García, alias ‘El viejo’, y Aníbal Palacio, quienes conformaban la dirección política de Esperanza, Paz y Libertad. “Esta es mi verdad, ya ustedes confirmarán”, le dijo a la Fiscalía. “Urabá enteró sabe la verdad sobre la comandancia de los comandos populares”.

Sin embargo, entre los años 1992 y 1995, los Comandos Populares no fueron combatidos por la Fuerza Pública. (…)lo que si hubo, según este exparamilitar fue patrullajes del Ejército que, como no conocía algunas zonas, recurrió a los reinsertados del Epl para que los guiaran. “Por ello la gente se refería a esas acciones como operaciones conjuntas entre “esperanzados” y el Ejército”, indicó.

(…)Los Castaño, detrás
La Fiscalía 17 de Justicia y Paz mostró particular interés en determinar de dónde habían salido las armas, los uniformes y los pertrechos para que los Comandos Populares libraran la guerra contra la disidencia del Epl y las Farc. En este punto tampoco hubo una versión coherente.

(…)Carlos Castaño mostró especial interés por los Comandos Populares.   
Una de las primeras preguntas que hizo Caicedo Mena era de dónde saldrían las armas para enfrentarse a la guerrilla: “Camacho me dijo que no me preocupara, que teníamos el apoyo de la Casa Castaño. Eso fue en el año 92. Al año siguiente nos enviaron un calzado”.

Alias ‘El Burro’ agregó que los Comandos recibieron, además, orientación de los paramilitares de Castaño, aunque admitió que algunas personas de Esperanza, Paz y Libertad no estaban de acuerdo que tuvieran vínculos con las Accu, “pero ya había comandantes que estaban con los Castaño, los visitaban en San Pedro de Urabá y recibían sus indicaciones”, dijo.

En 1995 la guerra en la región de Urabá se había recrudecido y las Accu comenzaron a tener una mayor presencia armada, lo que significó la fusión de los Comandos Populares en esa organización paramilitar, para fortalecerla. La decisión no estuvo exenta de enfrentamientos.

Rafael García hizo referencia a una reunión que tuvo con Carlos Castaño en la finca Las Tangas, en Valencia, Córdoba. Allí, el jefe de las Accu le dijo que los Comandos Populares estaban operando muy bien, que “el Eje Bananero lo tienen muy controlado de guerrilla, pero falta la parte más dura, que es la política”.

La tarea de exterminio fue asumida directamente por las Accu en 1995. Ya para ese año, los Comandos Populares dejaron de existir como estructura autónoma y se incorporaron a los paras de los Castaño.

En ese momento comenzó una de las fases más sangrientas de la guerra en Urabá, que tuvo como blanco a líderes de la Unión Patriótica, sindicalistas que hacían parte de Partido Comunista y a todo aquel que simpatizara con ambos movimientos. Pero esa ya es otra historia”

[23]Wikileaks |30 Mar 2011 - 6:30 am
Colombia en Wikileaks
Moderados y extremos en el Polo
Por: Elespectador.com
Las diferencias entre Carlos Gaviria y Daniel García-Peña, dudas de corrupción, cábalas de Petro. Un partido en crisis.
Las divergencias internas en el Polo Democrático también se han ventilado en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Al menos así se desprende de la lectura de algunos cables diplomáticos —liberados por Wikileaks—, en los cuales se advierte que desde comienzos de 2008 existía la inquietud de que la colectividad empezara a caer bajo el dominio de la extrema izquierda. Un año después, con fuentes del propio partido, la Embajada enviaba a Washington un pormenorizado análisis de los dilemas del Polo Democrático a raíz de la crisis en el gobierno distrital regentado por uno de sus miembros, el alcalde Samuel Moreno Rojas.

El primer cable, fechado a mediados de 2008, tuvo como telón de fondo la sorpresiva salida de la colectividad del ex comisionado de Paz Daniel García-Peña. Una decisión que la Embajada calificó como la probabilidad de que el partido quedara bajo el dominio de la maquinaria de los ortodoxos comunistas, maoístas y chavistas. Sin embargo, en el reporte se incluyó, de antemano, el comentario del exalcalde Lucho Garzón, en el sentido que, a largo plazo, era mejor que el Polo se dividiera para que los moderados pudieran adelantar una agenda social democrática que estuviera desligada de las Farc o del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El cable manifestó que Daniel García-Peña había tenido que dejar su cargo de secretario general del partido después de que el ex candidato Carlos Gaviria amenazara con renunciar a la presidencia del Polo si García-Peña se quedaba. Según el cable, el propio García-Peña comentó en la Embajada que de todos modos se sentía bien fuera del circo del Polo y que la extrema izquierda se había opuesto a su esfuerzo de promover un partido más pragmático y abierto. No obstante, Gaviria expresó que si bien García-Peña no había cometido fraudes, sí se había gastado US$500.000 más del dinero que le había sido autorizado por el partido político.

En ese sentido, el reporte a Washington, recogiendo los comentarios de Lucho Garzón y de Angelino Garzón, agregó que la expulsión de García-Peña representaba una victoria para la izquierda extrema del Polo y que los dos estaban de acuerdo en que el senador Jorge Enrique Robledo, con el apoyo de Carlos Gaviria, la habían orquestado. Incluso, Lucho Garzón calificó la facción de Robledo como “los contras”, manifestando que se oponían a todo, incluyendo la política de seguridad democrática de Uribe, el Tratado de Libre Comercio, la extradición, la fumigación de drogas o las reformas políticas.

La Embajada de Estados Unidos comentó que la apertura de Lucho Garzón con los liberales había aumentado la tensión dentro del Polo y por eso no iba a ser candidato a las elecciones presidenciales de 2010. Además, que Carlos Gaviria iba a tener mucha presión para que entrara en la contienda. El cable añadió que Carlos Gaviria había manifestado que iba a apoyar al senador Gustavo Petro. La Embajada agregó que Petro era una especie de “agente libre” que condenaba por igual a las Farc y a Uribe. Sin embargo, García-Peña anotó que los chavistas del Polo ahora estaban perdidos y sin liderazgo con los movimientos de Petro hacia el centro.

Meses después, en febrero de 2009, la Embajada de Estados Unidos volvió a ocuparse del Polo, esta vez para comentar que el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afrontaba una crisis, no sólo por dificultades de seguridad y movilidad en la ciudad, sino por las críticas de los miembros de su propio partido. La Embajada describió a Moreno como un líder que no era conocido por posiciones ideológicas fuertes, aunque venía de un abuelo populista y controvertido que fue presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. En cambio, agregó que la alcaldía de su hermano Iván en Bucaramanga había estado marcada por numerosos escándalos de corrupción.

Aún así, el cable diplomático incluyó la postura del presidente del Polo Carlos Gaviria, quien se definió apaleado por lo mal que Moreno había comenzado su mandato, y manifestó que escuchaba rumores crecientes de que en su gabinete se estaba manejando mucha corrupción. De paso, añadió que estaba especialmente preocupado por la secretaria de Gobierno de Samuel Moreno, la dirigente Clara López, y también por su esposo, quienes manejaban los contratos de la ciudad. A su vez el senador del Polo Gustavo Petro lo criticó abiertamente por no acoger políticas en seguridad democrática y permitir la corrupción dentro de su gobierno.

(…)El mismo cable diplomático, citando como fuente al entonces ex senador del Polo Gustavo Petro, expresó que el grupo de los hermanos Samuel e Iván Moreno mantenía un balance entre la extrema izquierda del Polo y el centro, que ellos continuaban hablando con ambos lados, pero que el problema consistía en muchos oportunistas que estaban en el Ejecutivo distrital únicamente por hacer plata. Y añadió Gustavo Petro que, particularmente, el ex presidente Ernesto Samper tenía mucha influencia sobre Samuel Moreno, situación que hacía del alcalde un dirigente menos confiable.

El cable diplomático concluye con los análisis del presidente del Polo Carlos Gaviria reconociendo que la actuación de Moreno como Alcalde iba a determinar el destino del partido en las elecciones de 2010. Aún más, Gaviria agregó que esa administración podría llevar a un resultado devastador para las elecciones presidenciales. En ese momento, las divergencias del Polo se debían saldar en una reunión prevista para febrero de 2010, y dos de los líderes, que la Embajada calificó como de centro izquierda, Lucho Garzón y Gustavo Petro, comentaron que si los extremistas cogían el control de la colectividad, ambos se irían del partido.

La evolución de los hechos no estuvo distante de lo presupuestado en los cables diplomáticos. 

[24] Juan Gómez Martínez, DE ACUERDO CON NAVARRO, página web del Centro de pensamiento “primero Colombia” ,El Colombiano,  20/06/2013, se lee : “ Navarro hace una crítica, con toda la lógica, a ese atrevimiento” (la Constituyente); (…) Las Farc deben aprender de los del M 19 que se sometieron a las normas democráticas. Que renunciaron a las armas, que las entregaron, que fueron a unas elecciones democráticas sin condiciones, que se sentaron a discutir una nueva Constitución para Colombia y se acogieron a las mayorías. Así, con el respeto por parte de ellos, la democracia colombiana los respetó sin condiciones.
Admiro al doctor Navarro, a pesar de sus equivocaciones anteriores. Ahora nos da ejemplo de demócrata y de amor a la patria.”

[25] La palabra bajo fuego, Andrés Pastrana, Editorial Planeta, Octubre 2006.

[26]Ídem.

[27]El Tiempo, Lecturas dominicales, entrevista al General Fernando Tapias, 20 de octubre de 2002.


[28]Javier Giraldo S.J, “Carta al oído de los que dialogan sobre la paz”, www.aipazcomun,org, 20 de mayo de 2013.

 “Pero en mi sentir, las cuatro murallas tienen un orden calculado:
• Primero, la MURALLA CULTURAL-MEDIÁTICA se encarga de acondicionar los niveles más íntimos de las personas [su conciencia] para convertirlas en usuarios adaptados y sumisos al sistema político imperante. Dicha muralla proyecta toda su sombra sobre la conciencia de las gentes y la va modelando, desde niveles inconscientes, como verdaderos robots, haciendo asimilar los anti-valores, la lectura sesgada y manipulada de la realidad, las aficiones y modas inducidas, los odios y fanatismos, las preferencias políticas y hasta las opciones profesionales y éticas, ajustadas mediante técnicas subliminales a los intereses de élites dominantes.
• La MURALLA ECONÓMICA es el segundo filtro para bloquear una participación consciente y libre de esa población ya robotizada. La reverberación mediática ha acondicionado ya su conciencia para aceptar que todo, en la sociedad, debe ser susceptible de compra y venta por mandato de la misma naturaleza, y que por lo que más se desea o se necesita hay que pagar precios más altos. Sobre esa base del ajuste psíquico mediático a la mercantilización universalizada, se acepta, como algo natural, competir económicamente por el poder, silenciando en las trastiendas de lo inconsciente la descomunal desigualdad de los competidores. Así, el dogma “democrático” de la competencia, lleva a aceptar el veredicto fáctico ineludible de que los pobres jamás podrán tener poder ni incidencia política, aunque constituyan la inmensa mayoría de la nación
• Pero enseguida la MURALLA POLÍTICA, léase el aparato o maquinaria electoral, como un tercer filtro, entroniza los poderes mafiosos en el control real del clientelismo, sirviéndose a su vez del enorme poder encubridor y des-informador de la Muralla Mediática y del poder intimidante de las armas ligadas al dinero (narco-paramilitarismo) con capacidad de controlar incluso el anémico y corrupto aparato de justicia. Aferrados a esta muralla, los partidos llegaron a convertirse en unidades administrativas para la compra de votos y para pagarlos con puestos, abandonando toda identidad ideológica.
• Finalmente la MURALLA PARAMILITAR cierra el círculo de oclusión a la participación política. Si hay grupos que logran traspasar las tres murallas anteriores y conserven aún impulsos reformadores o de alguna incidencia –como ocurrió en el caso de la U.P.- el imperio del terror, vía genocidio u otras formas de exterminio, da cuenta rápidamente de su persistencia. La impresentabilidad de esta muralla ha llevado reiterativamente a disfrazarla y ocultarla tras ropajes andrajosos de delincuencia común que nunca han podido ocultar su vergüenza deslegitimante del Estado”