¿QUE ES LA CUMBRE AGRARIA, ETNICA Y POPULAR?
Declaración política de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular
Por convocatoria de
la Mesa de Interlocución Agraria – MIA, la Marcha Patriótica, el
Coordinador Nacional Agrario – CNA, el Congreso de los Pueblos, el
Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa de Unidad Agraria – MUA, la
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –
COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el
Movimiento por la Constituyente Popular – MCP, Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas
de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó
en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria:
campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas
provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un
proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e
indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19
compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y
encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de
pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre
nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y
bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional,
el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al
movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de
política agraria nacional.
La Cumbre realizó un balance del
incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos,
los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del
movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada
de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y
unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las
nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a
sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las
iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio
de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes
ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de
habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la
conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan,
las comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas
territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno
propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas,
indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue
siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de
acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural,
con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es
preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la
tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía
campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo
económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del
fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes
y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor
determinante en la construcción de una política económica y de
producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la
normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y
el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza
minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra,
su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y
desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos
una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a
rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las
fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el
encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el
reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos.
Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el
impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para
el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla
con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un
aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las
garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de
la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe
permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en
las instancias de planeación y definición de la políticas de producción
agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas
construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos
tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las
condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto
especial para garantizar la financiación de las iniciativas
territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado
debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades
son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo
en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y
populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los
grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las
grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la
canasta familiar.
La solución política al conflicto social y
armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz
con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se
inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL.
Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC.
Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como
movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una
herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda
social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un
gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y
exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre
Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos
sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones
campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa
las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y
territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es
un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender
estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos.
La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario
que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y
dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y
mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción,
contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y
alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una
apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable
y duradera requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y
nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la
justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los
derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte
transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga
indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del
pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los
mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen
las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El
acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte
culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso
de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de
la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta
propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino
hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso
movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores
políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de
ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales
del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del
gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para
levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre
Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional
agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La
Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A
partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a
las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y
organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar
los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y
populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en
perspectiva de bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son
soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos
con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la
oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a
partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos
en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la
anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están
sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de
atenderlas.
