PLIEGO DE LA CUMBRE AGRARIA, ETNICA Y POPULAR
LA GRAN CONSIGNA FUE LA UNIDAD
FOTO: http://www.remacpp.com/
Después de la exitosa jornada de unidad de los sectores
agrarios étnicos y populares en el marco de la gran cumbre agraria llevada a
cabo en Bogotá los días 15, 16 y 17 de marzo tras jornadas de discusión y una
gran movilización del día lunes, reproducimos el pliego unitario de la cumbre, 8
puntos que muestran el resultado de la unidad y la esperanza para una nueva Colombia.
Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz :
1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El país necesita un proceso de
Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la
manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo,
se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas
estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese
ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con
el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.
Por lo anterior, Exigimos:
- Que sean las comunidades y los pueblos
quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras
de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los
pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial
propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas,
y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales
y colectivos.
El ordenamiento territorial exigido
tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de
gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
- Resguardos indígenas y territorios ancestrales
- Territorios colectivos afrocolombianos
- Zonas de Reserva Campesina
- Zonas Agroalimentarias
- Zonas de biodiversidad
- Territorios interétnicos e interculturales
- Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
- Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Las organizaciones, comunidades,
autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se
incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de
los términos del ordenamiento territorial para garantizar la
permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural.
Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las
organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que
participen del proceso.
- Que el gobierno nacional nos dé
garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y
que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana
y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones,
pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento
constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.
- Una política de reforma agraria
integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que
desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y
genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como
la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y
afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con
las organizaciones rurales y urbano-populares.
Esta política debe tener un enfoque
territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se
deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino
que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los
territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano,
asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas,
afro, campesinos y urbano-populares.
- La construcción de un fondo de tierras
que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de
narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad,
o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y
playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
- Que se reconozcan los derechos
históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades
afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable
de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de
las comunidades afro.
- Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.
- Que se detengan todos los planes y
proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre
ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de
empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las
tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas
son otra forma de despojo contra los pueblos.
- Que se aplique el derecho de
prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y
campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y
despojadores.
- Que la consulta previa, y el
consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades
campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.
- Que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160
de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
- Que los baldíos se destinen
exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos,
trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
- Que se proscriban todas las formas de
extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o
jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar
superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
- El cumplimiento y fortalecimiento de
la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no
cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
- La restitución integral de las tierras
despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis
comunitarios en tales procesos de reparación.
- La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
- El reconocimiento del enfoque
diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del
territorio y la tierra para las mujeres.
- La creación de una nueva
institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento
territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.
2. La economía propia contra el modelo de despojo
El avance y profundización del modelo
neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en
especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias
de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los
pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han
generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los
pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y
multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los
intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas
culturales y de vida asociadas a estos.
Por lo anterior, Exigimos:
- La transformación del modelo
productivo del país, apuntando a una política económica planificada y
agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la
economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del
paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades
campsinas os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.
- La implementación de una política que
restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el
inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un
modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica
basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los
pueblos y comunidades.
- Condonación de las deudas y retiro de
los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través
del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no
determinadas por la lógica de mercado.
- Creación y fortalecimiento de
cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con
financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
- El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia,
deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos
internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria
nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de
Nuestra América Latina y el Caribe, en
el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto,
exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones,
propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.
- Un régimen de subsidios que proteja la
producción nacional, en especial a los sectores afectados por la
apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de
sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos
la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de
alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al
transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas
y afros.
- Un plan de choque para el estímulo a
la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños
productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en
los términos propuestos en el punto anterior. Así como el
fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la
integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y
eliminando la figura de los intermediarios.
- Una política de apoyo a la
transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las
comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con
los intereses de las mismas.
- La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.
- La derogación de las leyes de semillas
que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores
vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno
deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar
semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de
2012 y derogue la resolución 970 del ICA.
- La creación de un sistema nacional,
regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección,
multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan
registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la
producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para
el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y
controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
- Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano,
en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando
los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
- El avance en la protección de la
soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como
utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
- La reglamentación del capítulo VII de
la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los
territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se
hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos.
- Financiación del sector agrario, en
particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción
especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos
provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a
grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la
explotación de recursos minero energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad
La mala gestión y el saqueo de los
recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre
tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen
en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y
criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas
transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado
por el gobierno colombiano. En ese
marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo
minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento
planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y
la redistribución de los rendimientos generados por las actividades
mineras y energéticas.
Por lo anterior exigimos:
- Que se inicie un proceso democrático
de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con
participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y
los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un
ejercicio de legislación popular e incluyente.
- Exigimos la reformulación de un nuevo
modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética,
con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y
urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la
garantía de los derechos de las comunidades.
- Detener la concesión de títulos
mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina
concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del
sector la política minero- energético del país.
- Una moratoria minera que congele la
adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se
aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera
razonable para el país y las comunidades.
- La reversión de los bloques petroleros
y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave
deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación
de los derechos de los trabajadores.
- La reversión de todos los títulos
mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y
afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
- Que no se aprueben nuevos títulos
mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros,
sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el
derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las
concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
- Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
- Que en el desarrollo de la política
minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos,
bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias,
fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la
biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero
en dichos territorios.
- En ningún caso se aprueben proyectos
minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito
de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la
realización de consultas campesinas y populares en los territorios que
puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de
solicitud del proyecto, del título o la concesión.
- Suspender la implementación de
megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades
campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de
alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías
apropiadas y limpias.
- Revocar las licencias ambientales de
megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión
nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de
los afectados por las hidroeléctricas.
- La reestructuración de la fórmula que
define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más
equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación
ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de
hidrocarburos.
- Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.
- Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.
- Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y amapola
Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano,
consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el
tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.
Por lo anterior, Exigimos:
- El cumplimiento de los compromisos
adquiridos con los procesos organizativos representantes de los
cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
- Un programa de sustitución social,
gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una
fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de
usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa
deberá hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial,
acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de
las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en
el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo
sostenibles, integrales y/o de vida.
- Un programa de sustitución de cultivos
de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de
programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan
contra la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro
descendientes y Campesinos).
- La liberación de las y los presos
judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no
relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.
- No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.
- Una política de sustitución gradual
que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a
cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la
sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la
palma de aceite, el caucho y otros similares.
- Una política de sustitución basada en
la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina
que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo
plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se
refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y
el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de
derechos.
- Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.
- Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.
- Respetar y fortalecer los usos
tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de
coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de
las comunidades agrarias.
- La sustitución debe ser manejada por
las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas,
Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen
las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional.
- Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción.
- Respeto y promoción la producción e
industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas
basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.
- Garantizar el despliegue comunicativo
nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y
capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas,
ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y
marihuana.
- No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación.
- El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia
Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos
e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la
falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la
constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se
movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en
reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías
mínimas para vivir en una sociedad democrática
Por lo anterior, Exigimos:
- La verdad, justicia y reparación
integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las
comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
- Desmonte total de las estructuras
paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una
veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad.
Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos
entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares.
- La conformación de una comisión de la
verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las
violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia
y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha
política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así
como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las
asociaciones de víctimas, de manera concertada.
- Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.
- Justicia, verdad, reparación integral y
no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el
Estado en el marco de las movilizaciones sociales.
- Garantías para el derecho a la
protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad
inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos
políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni
intimidatorio.
- Celeridad y efectividad en las
investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de
graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus
resultados.
- El traslado de todas las
investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por
la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
- Investigación, judicialización y
castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad
del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos
ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga
del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de
verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las
víctimas.
- Solución estructural a la crisis
carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por
la reformulación de la política criminal actualmente basada en la
privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta
social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que
garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de
garantías.
- Abolir la mal llamada “limpieza
social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por
funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer
ejemplares sanciones a los responsables.
- Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.
- Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
- Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
- Fin de la doctrina de seguridad
nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en
el respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación.
- Reforma al régimen de servicio
militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la
prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de
las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a
cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades
civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de
reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además
exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas
que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de
requisito para trámites con el Estado.
- Igualdad de derechos políticos,
sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de
género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una
equitativa participación política en las instancias de decisión en los
asuntos que afectan sus vidas.
- Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.
- Tipificación del feminicidio como un delito autónomo.
- Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.
- Reconocimiento con carácter vinculante
de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los
derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU;
exigimos que el Estado colombiano
adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas
directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas
públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte
el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el
desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y
negritudes.
- Participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la
política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las
organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos
definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la
Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la
participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas
directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la
atención a la población rural.
- Otorgar reconocer y garantizar con
carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento
previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas,
afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que
afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en
lo económico y lo cultural.
- Garantías para una verdadera y genuina
política de restitución de tierras despojadas así como el
reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.
- Garantías para la construcción de
planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios,
reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto
al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía
propias.
- Cumplimiento perentorio de los autos
004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de
peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.
- Respeto al DIH, incluyendo la
prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y
poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho
internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil
en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución
a la población civil mediante montajes judiciales.
- Reconocimiento y la no estigmatización
y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y
lideresas sociales y populares
- Desmonte, supresión y ordenamiento
jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la
figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos
positivos), y otras arbitrariedades similares.
- Democratización de los medios de
comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios
alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de
nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los
sectores populares.
- Democratización del espectro electromagnético.
- Democratización del espectro electromagnético.
6. Derechos sociales
Para los pueblos afro e indígenas y para
las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda
digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios,
y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las
comunidades.
Por lo tanto, Exigimos:
- El aumento de las partidas
presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para
educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas,
saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
- Una política educativa que propenda
por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a
los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y
sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y
una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la
participación decisoria de las comunidades campesinas y sus
organizaciones. También exigimos mayor formación docente y
fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
- Derogar el acto legislativo 01 del
2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución
Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y
la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y
educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.
- Derogar la ley 30 de 1992, de
educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley
de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación
como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
- Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
- cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.
- Reconocimiento y plenas garantías al
ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de
un nuevo sistema de salud.
- Implementación de planes de medicina
preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las
prácticas culturales de cada comunidad o región.
- Que la salud deje de concebirse como
negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y
fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que
mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos
los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el
proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
- El fin de la política del subsidio a
la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y
educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las
instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a
la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los
gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediación financiera
privada en salud y educación, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva
Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva
legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma
integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
- El derecho fundamental al Trabajo
digno, por medio de contratación directa, garantías laborales,
protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación a
las personas perseguidas.
- La definición de un sistema de
seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el
cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
- Un plan progresivo para el acceso,
cobertura integral de población rural al sistema de educación básica,
media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las
comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
- El nombramiento inmediato de la planta
docente calificada para la educación que requieren las comunidades
agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
- Que se detenga la privatización y se
reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento
básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los
acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio
social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común.
- Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.
- La condonación de las deudas de los
usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han
efectuado por este motivo.
- Que se garantice un mínimo vital
gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen
veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.
- El servicio de energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios.
- Programas masivos de vivienda rural
digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos
la garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con
remuneración justa y seguridad social.
- Que las escuelas, hospitales y salones
comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus
construcciones no respondan a intereses estratégicos de guerra y
confrontación.
- Respeto por la propiedad comunitaria
para administración de espacios de recreación y de servicios públicos,
estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su
función social.
- La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.
- La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.
7. Relación campo-ciudad
La configuración actual de la relación
ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del
movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo
ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede
evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese
orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre
ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a
través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial.
Por lo anterior, Exigimos:
- La protección de todas las fuentes de
agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las
grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el
desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su
pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y
administración de los acueductos comunitarios.
- La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
- Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.
- Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.
- Frenar la privatización de las
empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter
estatal con veeduría de las comunidades.
- En las ciudades, en especial en las
grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y
municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben
priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva
campesina, los territorios afrocolombianos,
los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas
alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos
regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante
asociación de municipios (como está previsto en la Constitución
Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de
solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el
reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
- Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.
- Redefinición de criterios para las
tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios
y más bajas para pequeños propietarios.
- Demandamos garantías de regreso a los
campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los
desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la
construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden
todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al
campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la
ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.
- Exigimos una reforma urbana integral que incluya:
- Hábitat y vivienda digna garantizada
por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con
tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
- El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
- La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
- La creación de la ley orgánica de plan
de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de
las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas
construcciones territoriales y planes de vida.
- Participación comunitaria en la toma
de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de
presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de
planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas
previas y vinculantes de las comunidades.
- Transformación del modelo de movilidad
urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción
de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la
movilidad alternativa.
8. Paz, justicia social y solución política
Las anteriores reivindicaciones y
propuestas de país se constituyen en parte de la agenda de paz que
impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra
agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los
territorios.
Por lo tanto, Exigimos:
- La solución política al conflicto
social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana
entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la
instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y
el EPL.
- Las comunidades rurales, quienes
conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus
peores manifestaciones exigimos la participación en los procesos de
negociación, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de
negociaciones.
- La implementación de una política
integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y
financiada por el gobierno nacional.
- Garantías para un gran diálogo
nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en
aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.
- La desmilitarización de los
territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos,
universitarios y el respeto de la autonomía en los territorios que se
encuentran en medio del conflicto social y armado.
- La eliminación de la doctrina de
seguridad nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza,
depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases
militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar
con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan
de inteligencia y contrainteligencia.
- La reestructuración del presupuesto
nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede
ser mayor al de la inversión social.
- Garantías para que las organizaciones,
procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y
política para la construcción del movimiento social por la paz;
Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos
como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de estado.
- Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.