COMPARTIMOS ESTE TEXTO QUE NOS HACEN LLEGAR
RESPECTO AL ACTUAL PROCESO DE PAZ
“Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del
insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su
inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el cuerpo se acostumbraba al
estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la
infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad
de las personas y aún, la conciencia de su propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado”
(Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad)
CARTA BOLIVARIANA
Colombia,
julio de 2013
Negociación o sometimiento
Respondiendo
a la pregunta de qué hacer con quienes están en contra de la participación
política de las Farc, Antonio Navarro, graduado de experto pazólogo por los
medios de comunicación del establecimiento, respondió: “Ellos quieren derrotar a la guerrilla y después desarmarla. Yo les
propongo que la desarmen y que luego la derroten en las urnas”[1]. Iniciamos con esta frase
nuestras reflexiones sobre el actual proceso de paz porque
resume acertadamente la posición de las dos vertientes de la oligarquía
colombiana: la de quienes quieren derrotar a las Farc por medio de la guerra y
la de quienes las quieren derrotar
apelando principalmente a la política. La primera posición la representa el ex
presidente Álvaro Uribe. La segunda la representa el presidente Santos.
Por
esto, para quienes se empeñan en derrotar políticamente a las Farc en la mesa
de negociaciones, es tan importante presentar el desarme y el sometimiento del M19 como si hubiera sido una
negociación de paz exitosa para el M19 y positiva para el país. Además, lo presentan como un modelo a imitar en el
actual proceso de paz. Unos y otros, gobierno, “expertos” y voceros de los
procesos de sometimiento de los grupos guerrilleros de los años 90, (M19, EPL,
PRT, CRS,) insisten en algunas matrices de opinión, fabricadas en los centros
de pensamiento de derecha, que alimentan sus posturas. Veamos algunas: que la guerrilla colombiana está derrotada
militarmente y no tiene otro camino que el sometimiento y el desarme; que la
lucha armada en Colombia no tiene justificación ni sentido; que no hay
condiciones internacionales favorables para la lucha revolucionaria; que
existen garantías en el país para la participación política y la acción
parlamentaria; que el estado colombiano no tiene responsabilidad histórica en la
violencia ni en el paramilitarismo, sino que ambos son producto exclusivo del narcotráfico
y la guerrilla. Con esos argumentos concluyen que basta desarmar la guerrilla para
conseguir la paz. La Constitución del 91 fue, según ellos, la gran conquista
democrática del proceso de paz del M19, por lo cual es intocable. De ahí la
inconveniencia de una Asamblea Nacional
Constituyente para refrendar los acuerdos que eventualmente salgan de La Habana
y recomiendan, en su lugar, la riesgosa
senda del plebiscito o el referendo. Estas y otras ideas que confunden y
desarman ideológica y políticamente cualquier voluntad de lucha, son repetidas
insistentemente desde todas las instancias del establecimiento político y por
la mayoría de los opinadores y “expertos” que hoy dicen ser sociales y
democráticos.
Por esto
consideramos importante entregar, con respeto y solidaridad, algunas ideas y reflexiones sobre los procesos
de paz del 90, con el propósito de aportar en la comprensión de nuestras
propias experiencias y en el actual proceso de paz de La Habana.
Aquel 19… y la paz
El
proceso de paz con el M19 (iniciado el
10 de enero de 1988), tuvo un entorno internacional y nacional desfavorable
para su desarrollo. En lo externo, después de iniciado el proceso, se produjo
la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del llamado Campo Socialista lo
que fortaleció la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Y
en Colombia, la década del 90 se inauguró con el auge del modelo neoliberal y
con el fortalecimiento de la maquinaria de guerra paramilitar.
En
efecto, el paramilitarismo tuvo un gran impulso a finales de la década de los
80, con la creación de cerca de 300 grupos regionales reconocidos por la
procuraduría y amparados, la mayoría de ellos, bajo la razón social del MÁS. En
el año 1988 la fuerza élite de estos grupos fue entrenada por agentes
internacionales de Israel e Inglaterra, disfrazados como “mercenarios”, invitados
oficialmente por generales, políticos y empresarios colombianos, a “petición de
los norteamericanos”, con el objetivo inicial de atacar “Casa Verde”[2] y atajar a la izquierda colombiana.
(Ver declaraciones de Yair Klein [3] y otros “mercenarios” [4]). Es importante resaltar que en los famosos
cursos paramilitares de Klein y compañía, estaba presente la fuerte decisión de
la contrainsurgencia colombiana (estado y paramilitares) de arremeter contra la
izquierda y el movimiento popular, apelando a la ilegalidad, al magnicidio y al
crimen, para atajar el extraordinario auge de la lucha social e insurgente que
se acrecentó durante toda la década del 80. Durante ella se dieron multitud de
movilizaciones y paros regionales como el paro del nororiente colombiano que
movilizó a centenares de miles de campesinos, las marchas de mayo, el paro de
Boyacá, del Chocó y otras regiones del país. A la par con ellos, se
desarrollaron importantes procesos de unidad del movimiento social, del
sindicalismo, del campesinado y de los movimientos cívicos, que dieron lugar a
la CUT, la reorganización de la ANUC y la Coordinadora Nacional de Movimientos
Cívicos, entre otros. En otro nivel, se produjo un proceso de unidad del movimiento
insurgente concretado en la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar que le dio un impulso sin antecedentes a la lucha
guerrillera en todo el país.
Todo
ello produjo un significativo debate en los medios de comunicación, promovido
por los generales y dirigentes políticos más importantes del país. Discutieron la
imposibilidad de derrotar a la izquierda y a la insurgencia en el marco de la
institucionalidad democrática, y la necesidad de recobrar la iniciativa militar
de la contrainsurgencia y de vencer el “síndrome de la procuraduría”, como se
le llamó a las luchas por los derechos humanos. El resultado del entrenamiento
de esta fuerza élite de la contrainsurgencia fue la oleada de crímenes
políticos que se desató a finales del 80 e inicios del 90, que van desde las masacres hasta los magnicidios,
pasando por las desapariciones, las torturas, los desplazamientos y los
crímenes selectivos, que incluyeron a cuatro candidatos presidenciales: Pardo Leal, Luis
Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, además de miles de dirigentes y activistas
políticos, sociales y de derechos humanos, especialmente de la UP. Con esta
oleada salvaje y sangrienta lograron
torcerle el rumbo al país y neutralizar el auge popular de la década del
80.
La
contrainsurgencia fue determinante también para la ruptura que se dio en el
llamado Cartel de Medellín. Este incluía en su seno a todos los sectores del
narcotráfico del país: desde el sector plebeyo y del bandidaje que representaba
Pablo Escobar, pasando por la élite de industriales, políticos y ganaderos que
representaban los Ochoa, hasta las fuerzas contrainsurgentes orientadas por las
autodefensas del Magdalena Medio y de Córdoba, representadas por Rodríguez
Gacha y los hermanos Castaño, ligados fuertemente con la inteligencia del
estado y la fuerza pública. La presión
de la embajada norteamericana y del estado por la extradición condujo al sector
de Pablo Escobar a un agudo enfrentamiento contra el estado que lo llevó a la
muerte. A la par con esto, se conformó también otro bloque de narcotraficantes
y paramilitares que se enfrentó a Escobar y acentuó su guerra contra la
izquierda, el movimiento popular y la insurgencia. El rompimiento entre estas
dos fuerzas del antiguo cartel se protocolizó en enero del 90[5]
, y se extendió hasta la creación de los Pepes (diciembre de 1992), liderados
por los hermanos Castaño, los paramilitares de Córdoba y el Magdalena Medio
aliados con el gobierno de Gaviria, el DAS, la fuerza pública, la DEA, la CIA y
el Cartel de Cali [6].
Los Pepes sería el núcleo fundacional, años más tarde (18 de abril de 1997) de
las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El
rompimiento del cartel de Medellín y sus guerras internas, azuzadas desde el estado produjeron una
sumatoria de violencias difíciles de comprender. Escobar contra el estado. El estado
y los pepes contra Escobar. El ejército, el DAS y paramilitares contra la izquierda.
La insurgencia contra el estado, etc., causaron en el país tanta confusión que
nadie podía discernir con claridad el
origen concreto de cada uno de los asesinatos que se presentaban día a día y
esa confusión fue aprovechada para que la contrainsurgencia de los
paramilitares y el estado cometiera toda clase de crímenes que se le achacaron
de manera automática a Pablo Escobar, acusación que aún hoy les resulta muy cómoda a los medios de
comunicación de la oligarquía, expertos en la contra información e interesados
en “blanquear” la imagen del estado.
El
sentir de este momento lo reflejan muy bien las palabras del Comandante Alfonso
Cano cuando expresó en entrevista del 7 de octubre de 1988: “todo el mundo
quiere la paz, la gente está hastiada de la guerra. Y yo digo que más que de la
guerra, la gente está hastiada de la violencia. Y lo que nosotros queremos,
exactamente, es una patria sin violencia”.[7]
La desmovilización
La
saturación de violencias, fue, en ese momento, un factor clave para llevar al
M19 a considerar la paz como una salida
inmediata para la crisis del país. Pero
fue la necesidad de sintonizarse con el
sentir popular, de abrir nuevos espacios de participación social y recobrar la esperanza y la confianza en un
futuro de cambio, el factor fundamental que decidió la participación del M 19
en el Proceso de Paz y la búsqueda de
nuevos espacios para hacer política, para acceder a las ciudades con otras
formas de deliberación e intervención de las mayorías nacionales deseosas de
paz, y de transformaciones sociales y políticas. En entrevista del 15 de abril
del 89, Pizarro dijo: “A mí no me quita el sueño la desmovilización. Nosotros
no estamos casados con las armas. El problema nuestro no es ser revolucionarios
en armas para toda la vida, y guerrilleros eternos para satisfacer clisés,
donde uno es revolucionario porque tiene un arma en la mano. Para nosotros la
desmovilización es acceder a un nuevo estadio en la política, donde podamos
trabajar en los propósitos que nos han animado siempre. El objetivo central es
poder realizar los objetivos que nos animan, ojalá al menor costo posible. Y si
se puede hacer dentro de la legalidad, mucho mejor. Así como ayer nos movilizamos, cuando fundamos al M19, mañana también
nos podríamos movilizar, en el caso en que los pactos fueran rotos y hubiera
una traición enorme sobre el conjunto de los aspectos que fueren negociados en este
proceso. O porque en Colombia se instaurara un régimen autoritario que
justificara un nuevo alzamiento.”[8]
Estas y
no otras fueron las consideraciones políticas fundamentales para que el M19
asumiera el reto del proceso de paz. Algunos sectores piensan erróneamente que
los resultados de la toma del Palacio de Justicia fue la causa determinante de
la desmovilización del M 19. Nada más incierto. A decir verdad, con pocas
excepciones como la operación de la toma de la embajada de la República
Dominicana, el M19 superó derrotas
militares de distinta envergadura como la operaciones del Cantón Norte, del
Orteguaza, del Karina, del ingreso por
Nariño y Chocó, campañas militares como De Pie Colombia y Paso de
Vencedores, que tuvieron también fuertes impactos en el M19. Pero siempre se
pudieron superar e, inclusive, pudieron
convertir derrotas militares en éxitos políticos. En eso consistió buena parte
de la genialidad de Bateman. Hoy nos
recuerdan las enormes peripecias de Bolívar que le granjearon el título de “El
hombre de las dificultades”. El M 19 siempre supo resurgir de entre las cenizas
y ganar la simpatía y el respeto dentro y fuera del país, en permanente
crecimiento político. De manera que la desmovilización no fue motivada por la
debilidad militar sino por los factores políticos planteados en esta carta.
El Proceso de Paz del M19, bajo la
comandancia de Carlos Pizarro, fue concebido como un proyecto revolucionario,
como un proyecto de poder. La
negociación, la búsqueda de acuerdos y la dejación de las armas, fueron
asumidas como otras formas de lucha. Desde los tiempos de la comandancia de
Bateman, el M19 entendió que “la lucha armada no es un principio” e hizo de la
lucha por la paz parte de su patrimonio histórico. Fue larga y ardua la lucha
del M19 por incorporar la paz al ideario de la izquierda, aún con la
incomprensión de la misma. Tal convicción sólo es comparable con la del
Comandante Manuel Marulanda Vélez, que
intentó conseguirla en múltiples negociaciones emprendidas desde los años 50,
en mala hora frustradas por la incomprensión y torpeza de la oligarquía colombiana.
Nunca
Pizarro concibió la desmovilización como una rendición, como un abandono de los
objetivos históricos y programáticos del M19. Mucho menos contempló siquiera la
entrega de la Espada de Bolívar, símbolo de la lucha libertaria de América
Latina. Tampoco la desintegración y desorganización de la fuerza dejando a su
propia suerte a la militancia que había dado tantas muestras de consecuencia y
sacrificio. Por el contrario, el planteamiento inicial era formar un movimiento
social y político con un plante de un millón de personas, de las cuales se
calculó organizar el 10% para crear una fuerza nucleada de 100.000 militantes
vinculados a las luchas urbanas. Fiel a la concepción y vocación democrática
del M19, Pizarro le apostó a abrir el espacio para que fuese el pueblo el que
se apersonara de la conducción de su destino:
“El M 19, sin pueblo, no es el M19”, “Si la gente no hace propias las doctrinas,
las ideologías, las luchas, los objetivos, los propósitos, y no siente que
tiene posibilidades de éxito, y no se siente en un marco de solidaridad grande,
la gente en la soledad siempre rehúye la responsabilidad y la confrontación.
Hoy el problema es ser capaz de acercarse a la gente para construir esa nueva
fuerza, esa fuerza capaz de enfrentar cualquier tipo de desafío, las amenazas,
los fusiles, los tanques, los sicarios, construyendo una esperanza cierta en
Colombia. Yo creo que vamos avanzando en ese camino”[9], y agregó: “Nosotros no
estamos pidiendo la revolución por decreto. Nosotros estamos haciendo este Proceso de Paz porque nos da la gana, no
para ganar cositas. Porque queremos hacerlo, porque queremos la paz en Colombia
(…) Lo hacemos para romper el escepticismo, la incertidumbre y la impotencia
entre los colombianos. Estamos entregando la posibilidad de que surjan nuevas
fuerzas, estamos construyendo una esperanza. Los colombianos verán si la usan o
no. Pero yo creo que el pueblo colombiano no va a dejar pasar esa oportunidad.
El pueblo va a luchar con nosotros. Y vamos a llenar las plazas públicas. Y
vamos a darles una sorpresa”[10].
Para esto se tomaron medidas orgánicas
especiales en la visión de que una fuerza de esta magnitud, activa en las
ciudades, no sería tolerada por la oligarquía colombiana. Esta decisión explica
que, cuando se cayó en el Congreso la Reforma Constitucional que incluía una
favorabilidad de acceso al Congreso para el M19, el proceso siguió adelante, no
se detuvo. Al final, en realidad no hubo negociación. Hubo un acuerdo político
en el cual el estado se comprometió a profundizar la democracia y el M19 se
comprometió a abandonar la lucha armada. A la hora de decidir la continuidad
del proceso en esas condiciones, pesó más el impresionante apoyo ciudadano que
se logró en un tiempo récord, hasta el punto de vislumbrarse una victoria
presidencial con una campaña relámpago de tan sólo 3 meses.
Esto
prendió las alarmas de la oligarquía colombiana cuando comprobó que las plazas
de las principales ciudades del país comenzaron a rebozarse casi
espontáneamente, con la sola presencia del candidato. “¡Pizarro tenía que
morir!”[11], “no iba a permitir que
un comunista se tomara la presidencia de la República”, confesaron los hermanos
Castaño. Ese 26 de abril de 1990, en plena campaña electoral, se asesinó a
Carlos Pizarro, cuando era el candidato presidencial con más opción, y se frustraron las esperanzas de cambio de las
grandes mayorías. “! Fue Pablo Escobar!”, exclamó inmediatamente Miguel Maza
Márquez, Director del DAS. Las repercusiones para el país y para el M19 fueron
fatales. El proceso quedó herido de muerte, el pueblo colombiano salió a las
calles masivamente exigiendo una respuesta del tamaño de la afrenta. La
respuesta inmediata de la nueva dirección del M19 representada en Antonio
Navarro, Otty Patiño, Rosember Pabón, Ever Bustamante y otros miembros fue el llamamiento a la
calma, la promesa de una investigación exhaustiva en colaboración con el
Gobierno de Virgilio Barco, y la entrega de la Espada de Bolívar.
El viraje y la Constituyente del 91
Con la
muerte del comandante Pizarro se produjo un viraje en la conducción del proceso
de paz y del M19. Las decisiones y posturas tomadas por la nueva dirección del
M19, después del asesinato de Pizarro, indican un cambio de rumbo radical que
llevó a la crisis del proyecto AD - M19, a su postración, y a plantear serios
interrogantes hoy revividos a raíz del papel protagónico que nuevamente
pretende jugar Antonio Navarro como vocero oficioso del establecimiento en las
actuales negociaciones de La Habana.
Para
comenzar, negaron y aún niegan la
responsabilidad del estado en el crimen de Carlos Pizarro, escudándose en la
cómoda posición oficial de que fue Pablo Escobar el autor intelectual y
material de este magnicidio, al igual que los de Galán, José Antequera, Bernardo Jaramillo y tantos otros dirigentes
que fueron asesinados, sin ninguna duda, por los jefes del paramilitarismo,
Fidel y Carlos Castaño, aliados con inteligencia militar, con el DAS y otros
agentes del estado. Contra toda la evidencia recogida hasta hoy, y en contra de
las confesiones de los jefes paramilitares, Antonio Navarro insiste todavía en que “el asesinato de Pizarro fue
por el cartel de Medellín, no por paramilitares, como dicen las series de
televisión”[12].
Sobre el
papel de esta dirección en la Constituyente existen todavía serios
cuestionamientos sin ninguna respuesta convincente, empezando por la inclusión
en la lista de AD-M19 del médico de Puerto Boyacá Augusto Ramírez Cardona, como
parte de un acuerdo con los jefes paramilitares del Magdalena Medio, Henry
Pérez Morales y Luis Antonio Meneses
(alias Ariel Otero), acuerdo que
en principio contempló la inclusión del nombre de Roberto Duque (alias Ernesto
Báez), conocido jefe paramilitar que había formado el grupo de ultraderecha MORENA y después cofundador
de las AUC. Ante la resistencia del dirigente de la AD-M19, Carlos Ossa
Escobar, el nombre de Roberto Duque fue cambiado por el de Augusto Ramírez,
menos conocido como paramilitar[13]. Este personaje se hizo
famoso porque, con ayuda de la inteligencia de la policía, se prestó para
grabar un video donde un supuesto emisario de Pablo Escobar le ofreció varios
millones de pesos para que votara contra la extradición en la Asamblea Nacional
Constituyente, con el evidente propósito de desprestigiarla. La pregunta que
surge es, porqué Navarro incluyó en la lista de la Constituyente a un
representante de los paramilitares del Magdalena Medio, íntimos aliados de los
hermanos Castaño, hoy confesos asesinos de Carlos Pizarro y, en cambio excluyó
a dedo a juristas demócratas de mucho peso, militantes y amigos de AD-M19, como
Diego Montaña Cuellar, José María Velasco Guerrero, Eduardo Umaña Mendoza, y
tantos otros que hubieran jugado un papel decisivo en la Constituyente?
Sobre la
Asamblea Nacional Constituyente, hay que
decir que ella no hizo parte de los acuerdos con el M19. La ANC fue producto de
la lucha entre dos procesos muy fuertes que se dieron al final de la década del
80: uno, impulsado por el Banco Mundial en casi todos los países de América
Latina, planteó y logró en estos países las reformas constitucionales con el
fin de adecuarlas a las exigencias de la globalización, de la apertura
económica y del modelo neoliberal. Su representante en Colombia fue el presidente
César Gaviria. La otra condición, de origen popular y democrático, nació desde
un país en crisis institucional, agobiado por la violencia, el Estado de Sitio,
la exclusión política y social, la desigualdad, la carencia de derechos, que
exigía un nuevo pacto social, soberanía popular, democracia, participación,
descentralización, pluralismo, integración etc. Esta iniciativa popular tuvo su
máxima expresión en el Encuentro Nacional
de Convergencia con cerca de 5 mil delegados de organizaciones sociales realizado
el 9 de abril del año 88 en Bogotá. La Asamblea tuvo un nuevo impulso con la Séptima Papeleta y la posterior
desmovilización del M19, que terminó por darle el apoyo que necesitaba. Esta
breve memoria es importante para entender que la ANC también tuvo un proceso de
años de gestación en los sectores populares y contó con un gran respaldo
social, con una excelente correlación de fuerzas que dio la oportunidad de oro
para emprender cambios estructurales en el país. No fue así, a pesar de que la
Corte Suprema de Justicia, en histórico fallo, reivindicó el carácter soberano
de la ANC.
El
resultado fue una Constitución bipolar, híbrida, donde se aprobaron dos cosas
opuestas y contradictorias entre sí, que explican buena parte de las crisis
sociales y económicas que sacuden al país: de un lado, una carta de derechos
que se ha quedado en su mayoría en letra muerta, en retórica, con la excepción
de la figura de la tutela que ha sido un instrumento positivo en manos de la
ciudadanía. De otro lado, la Constituyente se abrió a la aplicación del modelo
neoliberal que arrasó con la carta de derechos aprobada en la misma ANC. Así se
le dio vida a la apertura económica, las privatizaciones, los privilegios a la
inversión extranjera, la desregulación del empleo, la autonomía de la banca
central, los TLC, la ley 100, la ley 50 etc., que niegan o restringen los
derechos a la salud, la educación, la vivienda, el empleo, los servicios
públicos, la seguridad social, el desarrollo, la soberanía.
En
términos prácticos, la Constituyente aprobó que la salud, por ejemplo, es un
derecho, pero permitió también que la salud se convirtiera en un negocio
privado, y así con todos los derechos que se transformaron en negocios en manos,
principalmente, del sector financiero. A
veinte años de la aplicación del modelo neoliberal, con la crisis social que ha
generado, no puede argumentarse entonces
que la Constitución y el modelo son intocables. Mucho menos con las reformas y
modificaciones que se le han introducido, como la llamada “Sostenibilidad
Fiscal”, que deja en las ruinas el llamado Estado Social de Derecho. Hay que decir que el papel jugado por la
dirección del M19 en la Constituyente sirvió al modelo neoliberal. Navarro y
compañía estaban obnubilados por la participación en el Gobierno de César
Gaviria a quien llegaron a caracterizar como representante de la burguesía
progresista. Además, Navarro se opuso a desmontar el régimen presidencialista
en la ANC, a desmontar los fueros y privilegios de las Fuerzas Armadas, y a facilitar
la participación de la insurgencia en la ANC[14]. Todo esto en contravía del criterio unitario expresado antes por el
Comandante Carlos Pizarro, partidario siempre de la participación unitaria del
movimiento guerrillero en el proceso de paz[15], y de que “1) La Nueva
Constitución exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un
AUTÉNTICO TRATADO DE PAZ. 2) El diseño de un Plan de Desarrollo Económico y
Social concertado. 3) Una filosofía de convivencia que induzca un manejo
democrático del orden público y restablezca el imperio de la justicia (…) y la
disolución, con los instrumentos que prevé la ley, de los grupos paramilitares.
”[16]
La ANC,
tampoco fue un pacto de paz real, como se repite con frecuencia. Con la anuencia del poder oligárquico, un año
después de la ANC, se fundaron los PEPES en alianza de los paramilitares con la
DEA, la policía, el DAS, el gobierno de Gaviria, el cartel de Cali y las
oficinas de sicarios de Medellín[17] . Tres años más tarde el
gobierno de Samper aprobó las CONVIVIR que les extendió la legalidad que
tuvieron los paramilitares durante 24
años, a 3 años más. Y, cuatro años más tarde, se fundaron las AUC, con la
participación encubierta de agentes del estado y apoyo de agencias de inteligencia
extranjeras. Estas maquinarias de guerra y de muerte, que han producido en el
país más de 5 millones y medio de víctimas, fueron amparadas en la legalidad
durante 27 años, fueron sostenidas por la parapolítica, en convivencia con el ejército, el Das, la
Fiscalía, el Congreso, gobernaciones, alcaldías, y demás instancias del Estado.
¿Puede afirmarse entonces que en medio de esta escalada de violencia estatal,
la oposición en Colombia ha gozado y goza de garantías constitucionales para su
desempeño?[18]
La
errática orientación política de Antonio Navarro y compañía se expresó
plenamente en la alianza y participación en el gobierno de Gaviria (1990-1994),
que fue el gobierno de la apertura económica y de la aplicación del modelo
neoliberal, que arrasó con parte de la producción nacional y la economía
agrícola, impulsó la nefasta ley 100 sobre la salud y la ley 50 que redujo los
derechos de los trabajadores, inició la entrega de los servicios públicos a los
particulares e impuso una política de
tierra arrasada contra la insurgencia,
comenzando con el ataque a Casa Verde, el día de la instalación de la ANC.
En el
balance del papel de la dirección encabezada por Navarro y otros, pesan también la actitud y
los acuerdos con sectores paramilitares del Magdalena medio y de Córdoba,
después de la muerte de Pizarro. En el libro “Las verdaderas intenciones de los
paramilitares” suscrito por Otty Patiño y Álvaro Jiménez, se le hace una
verdadera apología a “Lucho”, “un ser humano con gran sentido ético” (pág. 249).
“Lucho” es Luis Meneses, alias Ariel Otero, un personaje nefasto que jugó un
papel de primer orden en la construcción del paramilitarismo, como él mismo lo
declaró[19]. Además, fue el
intermediario clave entre el Ejército Nacional, los israelitas y los
norteamericanos para traer a Colombia a Yair Klein y demás oficiales del
ejército de Israel[20]. Igual cosa sucedió más
tarde en la intermediación que hizo el M19, (Otty Patiño y Álvaro Jiménez) para
las relaciones entre el EPL, recién desmovilizado, y los paramilitares de Sucre
y Córdoba dirigidos por los Castaño. Es sabido que esas relaciones terminaron
con el respaldo del EPL y de la AD-M19
al dirigente ganadero Álvaro García, ideólogo de Carlos Castaño y uno de los
“seis patriotas”[21],
a la Gobernación de Córdoba en 1992 y
con la incorporación de mandos y comandantes del EPL a las ACCU primero y a las
AUC posteriormente[22]. Es curioso que hoy se
insista en la versión oficial de las supuestas alianzas del M19 con Pablo
Escobar, que no fueron ciertas, y nada se dice de los acuerdos que hizo la
nueva dirección de AD-M19 con la
contrainsurgencia paramilitar, enemigos de Escobar y autores del genocidio
contra la UP, a los cuales nos hemos referido.
Por estas
y otras consideraciones el proyecto AD-M19, se desvertebró y se convirtió poco
a poco en una sumatoria de proyectos personales electorales donde se impuso el
“todo vale” y el llamado “realismo político”. Una buena parte de los dirigentes
de las organizaciones de desmovilizados, sea por intimidación o por
oportunismo, fueron cooptados por la
derecha, como los conocidos casos de
Rosember Pabón y Ever Bustamante del M 19, de Carlos Franco y Darío Mejía del
EPL, los cuales participaron y participan abiertamente en el proyecto de ultraderecha
de Álvaro Uribe, y otros desmovilizados como Adolfo Bula y León Valencia, que
se convirtieron en sujetos funcionales del establecimiento. Estos casos sólo fueron
la antesala de casos posteriores de dirigentes conversos, conocidos como “la
izquierda de la Embajada” después de que se dieron a conocer los cables de
Wikileaks, donde se destaparon las relaciones de estos sujetos con la Embajada
Americana y sus afinidades con el TLC, con la seguridad democrática, con la
extradición, y su compromiso de dividir el Polo si éste fuere controlado por la
“extrema izquierda”[23]. Los dirigentes conversos
han sido mimados por el establecimiento, mientras la militancia de las
organizaciones desmovilizadas llevó la peor parte. ¿Cuáles fueron las
conquistas? Ninguna, ni en términos personales ni en términos políticos. El
modelo de reinserción aplicado sirvió para el enriquecimiento personal o el
protagonismo mediático de algunos
dirigentes, dejando a la militancia en
la dispersión y a su propia suerte para sumarse a los miles de desempleados,
informales, guachimanes, guardaespaldas,
desplazados, exiliados y rebuscadores, útiles sólo cuando de conseguir votos se
trata.
Estos y
otros hechos, nos llevan al penoso reconocimiento de que en los procesos de
desmovilización del M19, EPL, PRT, y la CRS hubo una derrota política e
ideológica de estas organizaciones y una frustración enorme de los sectores
populares que creyeron y apoyaron estos procesos. De ésta caracterización sólo
se salva el Movimiento Quintín Lame, cuyos principales cuadros y militantes
siguieron, en lo fundamental, vinculados
a la causa y a las luchas indígenas. Las últimas dos décadas posterior a las
desmovilizaciones no presentaron ninguna mejoría en las condiciones sociales,
económicas y políticas para el pueblo Colombiano. Han sido décadas
caracterizadas por la violencia extrema desatada por las AUC y el Plan
Patriota, por el gobierno autoritario de Álvaro Uribe, por los grandes
proyectos mineroenergéticos y agroindustriales, por la irrupción de la mafias
con la parapolítica, por la impunidad consagrada en la desmovilización paramilitar
de Justicia y Paz, por la hegemonía de
los medios y el fraude en los procesos electorales. El resultado en lo
internacional es una Colombia en contravía de los procesos sociales,
democráticos y soberanos que se desarrollan en América Latina. El régimen
oligárquico colombiano olvidó muy pronto los compromisos retóricos con la paz,
la democracia y la equidad y sometió al país al autoritarismo y la violencia. Con este resultado surge la pregunta: ¿con
base en qué autoridad o legitimidad, se pretende mostrar las negociaciones del
90 como un modelo a seguir? Los dirigentes de esas desmovilizaciones pertenecen al pasado y hay que dejarlos en el
pasado. Con mayor razón cuando sus opiniones, ampliamente difundidas por los
medios de opinión, favorecen a los enemigos del actual proceso.[24]
Las Negociaciones de La Habana
Un entorno favorable
Comencemos
por afirmar que, contrario a las condiciones del 91, las condiciones
internacionales de hoy son desfavorables al imperio y favorables a las causas
de los pueblos y a los cambios
democráticos: en primer lugar, la hegemonía impuesta por el imperialismo norteamericano
en todo el mundo después del derrumbe del campo socialista, está hoy seriamente
cuestionada por varios factores. Entre estos se destaca la derrota militar y
política en Irak y Afganistán, donde Estados Unidos se vio obligado a retirar
sus tropas de ocupación sin haber conseguido sus aspiraciones estratégicas de
control en Centro Oriente, donde se confronta con el desafío de Irán y el mundo
musulmán. El sueño de los neoconservadores republicanos de un mundo unipolar
bajo el control de Estados Unidos, se estrella hoy con la fuerte tendencia
hacia un mundo multipolar, con procesos de desarrollo en otros centros de poder
mundial en abierta competencia con los
Estados Unidos como la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS),
con el Pacto de Shanghái, con los cambios en la unidad e integración de América
Latina gracias a significativos procesos sociales, democráticos, soberanos y de
revolución reunidos en el ALBA. Por el
contrario, por los lados del Imperio norteamericano y sus aliados se encuentran
serios fenómenos de desaceleración y recesión económicas, con la crisis del
modelo neoliberal y del capitalismo, con sus fuertes repercusiones sociales y
políticas en esos países, que han puesto en duda hasta la viabilidad de la
Unión Europea.
Esta
situación se refleja en las conversaciones de paz que se desarrollan en La
Habana y explican en buena parte el respaldo casi automático que obtuvo el gobierno
de Santos en el Departamento de Estado
Norteamericano, en la Unión Europea, La ONU, la OEA y, recientemente, en la
“Commonwealth” (Mancomunidad Británica). Con su crisis social creciente Estados
Unidos y Europa no pueden arriesgarse a promover una estrategia de guerra
fallida. En cambio, la paz parece ser un buen negocio para la comunidad
internacional, pendiente de enormes proyectos económicos y de inversión
energética que hoy miran hacia América Latina donde Colombia les abre la puerta
de entrada. Al fin y al cabo, los capitales se desplazan siempre en busca de
una mayor rentabilidad y la Unión Europea no es hoy el mejor sitio para invertir.
Con la inversión de 62 billones de pesos en la paz, calcula el Banco Mundial,
se puede conseguir un crecimiento superior a dos puntos del PIB.
De otro
lado, el proceso de paz cuenta también con un enorme respaldo de los países y
pueblos de América Latina, que aspiran a que los procesos políticos lleven a Colombia
a una nueva gobernabilidad en sintonía con el nuevo mapa político
latinoamericano. No se puede desconocer que el pasado gobierno de Álvaro Uribe
convirtió a Colombia en una especie de Israel en contravía de la región y a
punto de prender una guerra en la frontera colombovenezolana, escenario ideal
para las intervenciones gringas en busca de las reservas energéticas de
Venezuela y de recobrar su hegemonía en la región. El respaldo a las
negociaciones de paz por parte de Cuba, Venezuela y los países del ALBA, Unasur
y Mercosur, reflejan la esperanza de paz en nuestra región y es la mejor garantía para los acuerdos que se logren y los cambios
sociales y políticos que se puedan generar después del proceso de paz.
Los resultados de la guerra contrainsurgente
El gobierno
de Santos y sus aliados internacionales parecen haber entendido que, pese al
enorme esfuerzo realizado en las dos décadas anteriores, no pudieron derrotar
militarmente a las Farc ni a la insurgencia colombiana. Veamos un poco la
historia reciente.
Las
conversaciones pasadas desarrolladas en El Caguán, fueron el resultado directo de las derrotas
militares sufridas por el ejército colombiano a manos de las FARC entre 1996 y
1998. Lo antecedieron 16 derrotas de importancia en Puerres, Las Delicias, San
Juanito, Patascoy, El Billar, Mutatá, Miraflores, entre otras, donde las FARC
mostraron capacidad de concentrar centenares y aún miles de guerrilleros y
lanzarlos al combate con éxito, aniquilar fuerzas élites, copar bases
fijas, controlar grandes porciones de
territorio, dejar fuera de combate a oficiales de alto rango y a centenares de
soldados, capturar y retener por años a más de 500 prisioneros de guerra.
Fueron el producto del cumplimiento de las decisiones de la VIII conferencia de
las FARC en 1993 que decidió convertirse en ejército, y los hechos que
prendieron las alarmas de los estrategas militares de los Estados Unidos y sus
socios colombianos.
La
respuesta del Pentágono fue ganar tiempo para fortalecer la capacidad operativa
del ejército de Colombia, impulsar el Plan Colombia y fortalecer
militar y políticamente a los paramilitares de las AUC (1997-2002), columna
vertebral de la agenda oculta del plan contrainsurgente en Colombia. Nunca
hubo una verdadera voluntad de paz por parte del gobierno de Pastrana y el
desarrollo de las conversaciones demostró que solo se trató de una estratagema
dilatoria.
El presidente
de Colombia, Andrés Pastrana en ese entonces,
y los altos mandos militares han reconocido que las conversaciones de
paz fueron motivadas por la necesidad de ganar tiempo para producir la
reingeniería de la Fuerza Pública. El presidente Pastrana escribió: “Entre 1996 y 1998 las Fuerzas Militares de Colombia recibieron
los golpes más fuertes y humillantes de toda su historia de lucha contra los
grupos guerrilleros. Los nombres de Puerres, Las Delicias, La Carpa, Patascoy,
El Billar y Miraflores quedaron grabados con sangre en la memoria de los
colombianos y afectaron enormemente la moral de los militares. (…) La ecuación
de la guerra parecía estar entonces a favor de los grupos armados ilegales (…)
Las Fuerzas Militares no estaban en capacidad de montar una gran ofensiva
contra los grupos ilegales porque no tenían medios ni recursos humanos ni
logísticos para ello. Tan simple como eso. Su moral estaba por el suelo y la fe
de los colombianos en su Ejército había decaído”[25]. Tan grave era la
situación que el Comandante del ejército, el ex General Fernando Tapias, expresó: “Señor presidente,
la democracia está en peligro y las Fuerzas Armadas en cuidados intensivos”[26]. Este mismo General, años más tarde reconoció:
“A finales del 97 y principios del 98
había en el Estado una gran preocupación porque se habían presentado los
hechos de Miraflores, del Billar y otros, y temíamos que se repitieran a mayor
escala y que se fuera generando un efecto de castillo de naipes similar al que
sucedió en Irán cuando se entregó un Batallón y, poco a poco, se fueron
entregando los demás... Las FARC no pensaron en la reestructuración de las
Fuerzas Militares, que para ellos fue fatal...no previó el fortalecimiento de
los paramilitares que tenían el mismo panorama a finales de 1997, es decir, que
la guerrilla estaba en un buen momento y que podía intentar tomarse el poder”[27].
El Plan
Colombia fue la respuesta a esta situación. Fue presentado al país por el presidente
Pastrana como si fuera otro “Plan Marshall” pero orientado al desarrollo y actualizado
para la lucha contra el narcotráfico. Después, tras el 11 de septiembre y la
llegada de Uribe a la presidencia, quedó en evidencia que formaba parte de su
enfoque en la “guerra global contra el terrorismo” que, en colombiano, quiere
decir “guerra contra las FARC”. La
asistencia de USA a Colombia en diez años alcanzó la cifra de US$ 7.558 millones, 79% para lo militar y 21% para lo
social. El Gobierno de Uribe subió el
gasto de defensa de 3,2 por ciento del PIB al 6,0 por ciento y creó el impuesto
de guerra que produjo cerca de seis billones de pesos en cuatro años de
recaudo. Esto permitió, entre otros aspectos, acrecentar la fuerza pública
de 260.000 efectivos a 445.000 en seis
años. El Plan no ayudó a la paz sino a la guerra, tampoco ayudó erradicar el
narcotráfico. Sirvió para golpear las FARC pero no para derrotarlas. Fue
funcional en la consolidación del paramilitarismo pues los mayores esfuerzos se
orientaron al sur del país, dejando el norte despejado para que los
paramilitares, principales exportadores de coca a USA, desarrollaran su
proyecto y su posterior Pacto de Ralito.
Es
indudable que la ayuda gringa fue clave para la reestructuración y modernización
de la Fuerzas Armadas, aprobada el 2 de marzo de1999. Se aumentó y modernizó
significativamente su personal e
infraestructura aérea, de comunicaciones e inteligencia, más los soldados
profesionales, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, las
fuerzas de despliegue rápido, la red de cooperantes e informantes que algunos
analistas calculan en 3.5 millones de personas y desarrolló una base humana,
tecnológica y satelital de inteligencia
en tiempo real que le permitió ejercer
sus ventajas en la superioridad aérea.
Paralelo
al proceso del Caguán, se presentó el período de mayor crecimiento y expansión
del paramilitarismo cuando se fundó las AUC y se unió en una sola organización
confederada a todas las autodefensas del país
con todos los carteles de la mafia (18 de abril de 1997), un estrategia
militarista semejante a la actual, de negociación en medio de la guerra. En
cinco años los 6 mil efectivos de las AUC se triplicaron y extendieron a todo el territorio nacional.
Construyeron una economía de guerra basada en el narcotráfico, el dinero de las élites,
empresas transnacionales, trata de personas, negociados con el estado, desfalco
a la salud y venta de servicios de intimidación y asesinato a los
“parapolíticos”. Adquirieron cobertura nacional y controlaron la política y las
finanzas públicas en extensas regiones. Construyeron una dirección centralizada
y unidad de mando en manos de Carlos Castaño quien, por estatutos, tuvo asignada
la mitad de los votos del Estado Mayor de las AUC.
Durante esos
cinco años de barbarie las AUC realizaron el mayor número de asesinatos
selectivos, masacres, desapariciones, desplazamientos y toda clase de
violaciones a Derechos Humanos de la población, que fue el objeto principal de
sus incursiones y no la confrontación militar con la guerrilla. Se opusieron al
proceso de paz con las FARC y sabotearon las conversaciones con el ELN. Ya en
2002, participaron activamente en la política electoral, conquistaron importantes
alcaldías, gobernaciones, la tercera parte del congreso y apoyaron la elección
a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, con cuya elección “coronaron”. Para
ello contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación. El
vertiginoso crecimiento de esta
tenebrosa maquinaria de guerra contó con el apoyo múltiple de poderosas
instancias nacionales e internacionales, institucionales e ilegales que no
tuvieron reparo en apoyarse en la ilegalidad, el narcotráfico y el crimen para
consolidar su proyecto contrainsurgente y
acumular poder y riqueza.
La
creación de las CONVIVIR mediante el decreto 356, fue el respaldo gubernamental
e institucional más importante para la expansión de las AUC durante esos años.
Lo mismo que los pactos en la sombra del Departamento de Justicia de Washington
y la Fiscalía de los Estados Unidos con narcotraficantes colombianos realizado
bajo el Programa de Resocialización de Narcotraficantes iniciado en 1996 bajo
cuyo amparo Carlos Castaño, apoyado en agentes de la CIA, consolidó la unidad en las AUC de la
contrainsurgencia y los capos de los carteles del narcotráfico.
En
conclusión, durante las dos últimas décadas en Colombia se desarrolló una lucha
contrainsurgente que no tiene antecedentes en ningún país de América. Fue el
mejor esfuerzo de la extrema derecha colombiana e internacional. Fue una lucha
integral, contó con el apoyo de todo el estado, con todos los medios de
comunicación convertidos en instrumentos de guerra, con la ayuda de todos los
partidos del establecimiento, incluso con la neutralización de algunos sectores
de “izquierda”, y por supuesto, con la arremetida criminal de todo el aparataje
paramilitar. Y pese a toda esta asociación criminal tan poderosa, no se logró
derrotar militarmente a la insurgencia, principalmente a las Farc. Ni se logró doblegarla, ni quitarle su voluntad de
lucha, ni dividirla, ni desmovilizarla, como era el objetivo de semejante
esfuerzo. Por el contrario, el desgaste se
sintió en las filas del establecimiento
político y militar. La disminución de la ayuda económica norteamericana también
tuvo su impacto. El desmonte obligado del paramilitarismo produjo su división y
ha destapado parte de la responsabilidad del Estado, la fuerza pública, el Das,
la Fiscalía y los partidos políticos en la guerra sucia y la descomposición de
la sociedad. Así las cosas, el bloque gobernante del anterior gobierno se
dividió entre los partidarios de derrotar a las Farc militarmente, (El uribismo),
y los partidarios de someterla en una negociación política
Sin
embargo, hay que señalar que el cambio en la modalidad de combate de las
Fuerzas Militares, el llamado combate aéreo-terrestre, les permitió propinarle a las Farc serios golpes de valor
estratégico. La reingeniería del Ejército no sólo fue cuantitativa, sino
cualitativa, y consistió en adecuar a la lucha contrainsurgente colombiana los
enormes cambios que se sucedieron durante las dos últimas décadas en los
ejércitos más avanzados del mundo y que provienen de los avances tecnológicos, especialmente
de la electrónica. El empleo de la informática, las comunicaciones, la
información, la robótica, la tecnología satelital y aérea, las armas de
precisión etc., le han permitido a las Fuerzas Militares un avance notorio en
la ventaja aérea, en la inteligencia humana y electrónica en tiempo real, en la
velocidad de la reacción y los desplazamientos,
en la precisión de los golpes aéreos. Con ello ha eliminado importantes mandos
nacionales y regionales y golpear
centros de comando y control de las Farc. En pocas palabras las fuerzas militares
se le metieron al rancho de las Farc, o sea, pudieron penetrar sus líneas interiores y
eso les dio cierta ventaja militar y
capacidad ofensiva. Sobre esta base, el plan estratégico de las Fuerzas
Militares está centrado ahora en golpear la dirección nacional y media de las
Farc, producir una gran ofensiva mediática y política para desmoralizar los
combatientes guerrilleros e inducirlos a la deserción y desmovilización. A su vez, las Farc se readecuaron a las nuevas
condiciones de la guerra. Se replegó a zonas más seguras, fraccionó sus
fuerzas, abandonó las grandes unidades, mejoró su seguridad y se empleó a fondo
en la modalidad de guerra de guerrillas en donde su ventaja es enorme, donde
mantiene la iniciativa y la ofensiva, la cual muestra un balance de bajas desfavorable
para el Ejército del Estado.
Pensamos
que ese balance militar es en últimas el que lleva a la negociación, un balance
en el campo de batalla y no en los medios de comunicación. Las FARC necesitan
la negociación y Santos también. Santos llega a esa conclusión cuando se da cuenta que no lograron derrotar
militarmente a la FARC a pesar de semejante ofensiva internacional y nacional.
En el fondo, y en silencio, tiene que reconocer que enfrenta una fuerza con
capacidad de lucha, con una dirección centralizada y mando unificado, con una
estructura de cuadros y combatientes de una alta moral capaz de propinarle
derrotas al ejército. La negociación, entonces, es producto de una especie de
empate: ni el gobierno pudo derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla pudo
tomarse al gobierno. La decisión de Santos de abrir conversaciones terminó por dividir
el bloque en el poder, división que se ha sentido en los mandos militares y en
la tropa. Al uribismo le conviene la guerra, bajo su amparo entregó el
territorio nacional y las reservas mineras a las multinacionales y a sus amigos
cercanos, el paramilitarismo. Pero además, le conviene deslegitimar a la
insurgencia y a la lucha social para prevenir un juicio posterior que
posiblemente lo lleve al estado en que se encuentra Fujimori.
Un modelo de negociación viable
Pensamos
que fue la reflexión y no la derrota lo que llevó a las Farc a la mesa de
negociaciones. Con un modelo de negociación que no es ni el sometimiento ni la
pretensión de ganarlo todo en la mesa de negociaciones. La paz con justicia no
significa la revolución por decreto como se le ha querido malinterpretar.
Negociación no es el final de la lucha, hay que entenderla como un escenario
más en la acumulación de fuerza hacia una Colombia justa. Con mayor razón,
cuando América Latina conquista hoy
mejores condiciones de vida y bienestar para sus pueblos ensayando otros
caminos, que no han sido los nuestros.
Para
algunos, en la negociación se trata de conseguirlo todo, y en esa medida lanzan
opiniones desobligantes y fuera de lugar, planteando por ejemplo que la ‘paz de
La Habana’ es la paz del TLC. Son los mismos que ayer han dicho desafiantes que
la lucha armada no tiene validez y que la insurgencia no tiene base social. Hoy
se oponen a la negociación de la insurgencia. Palo porque bogas y palo por que
no bogas. ¿En qué estamos? Esta oposición
coincide con el ala de extrema derecha encabezada por el Uribismo.
Pensamos que el objetivo de fondo del proceso de
negociación es ganar la confianza, la mente y el corazón de los colombianos.
Hoy las Farc han ganado un lugar en la interlocución política del país. Y lo
que digan o hagan es determinante en la agenda nacional. Sus propuestas están
en sintonía con el sentir de las grandes mayorías por lo cual debe mantener el
tono convocante y no perder el sentido de las proporciones en los objetivos que
busca alcanzaren la presente etapa. Los cinco puntos que definieron el rumbo de
la negociación, y el acuerdo sobre el primer punto en cuanto al desarrollo del
campo, reflejan una enorme madurez política. Y es el camino para conseguir
triunfos y logros que dan confianza en la victoria. Pensamos que antes de aferrarse a unos
inamovibles hay que estar atentos a los cambios que produce el mismo proceso
Hace un
año, el proceso de paz era una posibilidad en la que nadie creía, ni dentro ni
fuera del país. Hace seis meses era percibido como unas remotas conversaciones
desarrolladas lejos de nuestro entorno. Después de la movilización del 9 de
abril pasado, esas conversaciones se sintieron en toda Colombia, y con los
acuerdos preliminares logrados ha crecido la confianza y esperanza en el mismo.
Esa es la dinámica del proceso que tiene varios escenarios entre los cuales la Mesa de Negociación
es el primero de ellos, seguido por las luchas sociales (paro del Catatumbo),
la propuesta de constituyente, los eventos electorales, en fin, los demás espacios
democráticos que están por venir. Creemos que este es el camino para cambiar la
correlación de fuerzas en tiempos que pueden ser muy intensos y dinámicos,
lejos de la versión estática y
derrotista que insiste en que las fuerzas de la extrema derecha son imbatibles
en las urnas y que por lo tanto, el escenario de una asamblea constituyente
será inevitablemente hegemonizado por el uribismo y pondría en riesgo las
“conquistas” de la Constitución del 91.
Por supuesto, que hay que conseguir
en la Mesa unas condiciones que equilibren y garanticen la participación
electoral democrática, para que se expresen los millones de colombianos
insatisfechos con el actual régimen económico y político.
La
propuesta de Constituyente es la clave para liberar la gran dinámica nacional. No
sólo es la mejor vía para refrendar los acuerdos que se logren en La Habana,
lejos de los riesgos que conlleva las propuestas de referendo y plebiscito
sujetos a las manipulaciones del congreso. Al margen incluso del proceso de paz
en curso, la constituyente es una necesidad nacional para tramitar la salida a
las grandes crisis nacionales y sociales. Ahí se van a dar cita los voceros de las
víctimas, de la salud, la educación, la vivienda, los desempleados, los
campesinos y los trabajadores. Ahí se van a expresar los productores agrícolas, los industriales y
comerciantes arruinados por el TLC. La
consigna de Constituyente puede convertirse en el eje articulador de los dos
procesos, y la mejor forma de acercar las negociaciones de La Habana, con la
más amplia participación ciudadana en procura de sus reivindicaciones sociales,
económicas y políticas. La Constituyente expresa la necesidad de un nuevo
Contrato Social. Y es, además, la única
forma de ganar legitimidad a los poderes de un estado con serios
cuestionamientos de legitimidad derivados de la parapolítica, la intimidación,
el fraude, la corrupción, la impunidad y el monopolio de los medios.
Creemos
que la causa de la paz tiene enemigos poderosos. Los resume muy bien las
“cuatro murallas” planteadas por el Padre Javier Giraldo, S.J. en su “Carta al
oído de los que dialogan sobre la paz”[28], dándole una especial
importancia a la capacidad conspiradora de la extrema derecha y sus
instrumentos paramilitares que están al acecho. Ellos conocen los instrumentos
de la conjura y el terror para reversar los procesos democráticos, y en
Colombia han sido recurrentes desde los tiempos de Bolívar, Sucre, Uribe Uribe,
Gaitán, Guadalupe Salcedo, hasta recurrir al genocidio y a los magnicidios
recientes. La extrema derecha Colombiana sí que sabe de la combinación de las
formas de lucha y de conducir la política usando métodos violentos. Las Farc no
se inventaron la guerra en Colombia, la responsabilidad la tienen el estado y
la clase política que lo ha detentado y que lleva, desde 1948, 65 años continuos
de guerra contra el pueblo que contabiliza cerca de un millón de muertos. Otra
dificultad del proceso, es el manejo de los tiempos que se constituye en un
importante elemento de presión cuando el gobierno de Santos quiere empaquetar el proceso, para producir
una negociación en cualquier forma. De
ahí la justeza de la propuesta de aplazar el calendario electoral. A la final
tiene que prevalecer la prioridad de la paz, para que ésta no quede atrapada en
las afugias electorales.
Consideramos
que las Farc tienen la oportunidad para hacer la gran convocatoria, al país
político y al país nacional. Está muy bien colaborar e integrar al proceso a las otras fuerzas insurgentes, el ELN y el
EPL. Está muy bien convocar a nuevos procesos de unidad a las fuerzas de
izquierda. Pero la convocatoria debe trascender esos marcos, debe abrirse a
otras fuerzas y sectores sociales, democráticos y populares “no alineados”,
como se dijera en tiempos de Camilo, que necesitan nuevos cauces de expresión e
identidad, e incluso abrirse a acuerdos puntuales o de fondo con todos los
sectores que desean la paz y que hoy se
distancian de la propuesta de guerra del bloque político de la extrema derecha
encabezado por el uribismo. Hay que abrir una interlocución y espacios de
concertación local y nacional con
sectores industriales y de la producción agrícola afectados por el régimen
económico y que necesitan un entorno de seguridad social y jurídica para el
desarrollo de sus proyectos. Se necesitan espacios de interlocución con la
Iglesia Colombiana o con sectores de ella que proclaman la paz. Y tenderle
puentes, incluso proponer beneficios jurídicos a sectores de las Fuerzas
Militares a cambio de la verdad y de
respaldo al proceso de paz. Al fin y al cabo los militares y paramilitares han
sido instrumentos del modelo violento de la élites económicas y políticas. Creemos
que con una actitud así, abierta, unitaria y convocante, podemos conquistarle
espacios a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los
cuadros y militantes de base de los procesos y experiencias ya descritos, lejos
de sus dirigencias ya cooptadas, deseamos profundamente que el actual proceso,
fortalecido con las demás fuerzas insurgentes y sociales, conduzca a una paz estable y justa, merecida
por todos los colombianos. Pero también debemos afirmar que si la extrema
derecha colombiana e internacional logra de nuevo frustrar nuestras
aspiraciones de paz, no dudaremos en convocar
al pueblo colombiano a desenvainar de nuevo la Espada de Bolívar hasta la
victoria final.
Aureliano Buendía
Desde Macondo
¡Se siente, se siente que camina, la Espada de Bolívar por América
Latina!
[1] Entrevista a Antonio Navarro, El Tiempo, 15 de junio.
[2] Las verdaderas intenciones de los paramilitares, Corporación
Observatorio para la paz, declaraciones de Luis Antonio Meneses ante la Dijin,
en nov de 1989. Anexo 9, pag.284
“
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INTERROGADO
1. Operación para atacar CASA VERDE con instrucción de comandos
israelíes.
El Ejército Nacional a través del Coronel Velandia contrató al
Coronel YAIR KLEIN, Jefe de operaciones del Ministerio de Defensa de Israel
(Tel Aviv, Piso 16-El Hueco), junto con el Jefe de la Policía Antiterrorista de
Israel, segundo el mando de YAIR KLEIN, y hombre del MOSSAT (SIC) (Servicio de
Inteligencia de Israel) y un traductor de nombre TEDDE MELMIKI por la suma de
US $80.000.
La instrucción comenzó a principios del año 1998 en Cimitarra (SS),
junto al Batallón de dicha localidad. El armamento era de propiedad de las
autodefensas a (sic) del Ejército, se componía de fusiles R-15 (…)”
[3] www.VerdadAbierta.com, 16 nov. 2012, Versiones ante Justicia y Paz,
Los viajes de Klein a Colombia
“ Los tres viajes de Klein
De acuerdo
con la versión del mercenario, al principio la idea era realizar los
entrenamientos en la región de Urabá, por eso el primer viaje se realizó a esta
zona en donde fue recibido por Luis Meneses, alias ‘Ariel Otero’. “Los
contactos para los dos primeros viajes los hice a través de Yitzhat Shoshani,
representante en Colombia de Hal Cal”, narró Klein.
“Nos
recibió Luis y nos encontramos en el Club Militar con un General que nos
comentó los problemas de la zona en que debíamos entrenar, la dificultad del
ejército de moverse en la noche. Después nos encontramos con el presidente de
una organización de cultivadores de banano, quien también nos explicó que sus
fincas podían caer en mano de la guerrilla”, aseguró Klein.
Sin
embargo, según el mercenario, antes de regresar a Israel y mientras hacia su
informe diagnóstico del Urabá, la zona en donde se iban a hacer los
entrenamientos cayó en manos de la guerrilla y por eso se iniciaron las
gestiones con la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena
Medio, Acdegam, una organización creada por los
jefes paramilitares de la zona, Henry y Gonzalo Pérez, para administrar los
recursos que recibían del Cartel de Medellín.
“Para el
segundo viaje Shoshani me dijo teníamos una reunión en Bogotá con el presidente
de Acdegam, un oficial del DAS, el presidente del Banco Ganadero y el jefe
paramilitar Luis Meneses alias ‘Ariel Otero’, señaló Klein.
De acuerdo
con el ex militar israelí, los asistentes a la reunión les explicaron los
problemas del Magdalena Medio y les pidieron empezar lo antes posible con el
entrenamiento. “A la mañana siguiente viajé a Puerto Boyacá. Nos reunimos en la
oficina de la Alcaldía con Henry Pérez y su padre que eran líderes
de Acdegam, un encargado del Ministerio de Agricultura, el comandante de la
Policía de la zona, un alto mando militar y por supuesto el alcalde. Salimos a
hacer el recorrido en el terreno e hice las observaciones sobre el lugar”,
aseguró Klein.
Según Klein
luego de regresar a Israel se reunió con su equipo de instructores. “Les
comenté lo que había visto y el peligro de la situación. Les pregunté si
querían viajar y la respuesta fue positiva”, agregó.
Tres
semanas después y luego de que ‘Ariel Otero’ aprobó el plan de entrenamiento,
Klein asegura que salió para Colombia con su equipo.”
.
[4] Revista Semana, Yair Klein cuenta su historia, 18 de marzo de 2012.
[5]www.VerdadAbierta.com,
Mafia vs paramilitarismo, la otra guerra de Pablo Escobar, 20 de febrero de
2012
“Pablo Escobar intentó
convencer a los paramilitares del Magdalena Medio a sumarse a su guerra contra
el Estado y el Cartel de Cali. Pero Henry Pérez y Ramón Isaza desistieron y
estuvieron a punto de matar al capo.
A principios del año 1990, Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, citó en la hacienda Nápoles a Henry Pérez y Ramón Isaza, jefes de las Autodefensas del Magdalena Medio.
A principios del año 1990, Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, citó en la hacienda Nápoles a Henry Pérez y Ramón Isaza, jefes de las Autodefensas del Magdalena Medio.
La reunión
transcurrió en medio de la tensión generada por la solicitud de Escobar de
involucrar de lleno a los “paras” en la guerra frontal contra el Estado.
Los viejos
aliados no llegaron a ningún acuerdo y se declaró una guerra que dejó
centenares de víctimas y cambió radicalmente la estructura de poder en la zona.
El encuentro en Nápoles ocurrió un sábado en la mañana, pero se pactó que la guerra solo comenzaría dos días después. En sus declaraciones en el proceso de Justicia y Paz, Ramón Isaza cuenta que a la salida de la reunión le propuso a Pérez aprovechar la oportunidad y acabar en ese mismo instante con Escobar.
El encuentro en Nápoles ocurrió un sábado en la mañana, pero se pactó que la guerra solo comenzaría dos días después. En sus declaraciones en el proceso de Justicia y Paz, Ramón Isaza cuenta que a la salida de la reunión le propuso a Pérez aprovechar la oportunidad y acabar en ese mismo instante con Escobar.
“Matemos a
ese hijueputa ahora, mire que no tiene casi escoltas”, fueron las palabras
textuales de ‘El Viejo’, como era conocido Isaza, según el libro Crónicas que
da miedo contar, del periodista Antonio Sánchez. El jefe de las autodefensas le
respondió que le había dado su palabra al capo y había que esperar a un par de
días.
Para ese momento, Escobar se había refugiado en el Magdalena Medio, huyendo de los comandos élite de la Policía y de sus enemigos del Cartel de Cali. Había optado por una guerra de terror contra la sociedad, para presionar la caída de la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente.
Para ese momento, Escobar se había refugiado en el Magdalena Medio, huyendo de los comandos élite de la Policía y de sus enemigos del Cartel de Cali. Había optado por una guerra de terror contra la sociedad, para presionar la caída de la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque por
casi una década había tenido el respaldo militar de los hombres de Pérez, en
ese momento se quedó prácticamente solo. Pero, ¿cómo y por qué
terminaron estos viejos socios enfrentados en una lucha frontal?
(…) La situación comenzó a cambiar tras el asesinato de Luis Carlos Galán, cometido en agosto del 89. El gobierno de Virgilio Barco comenzó una guerra frontal contra el Cartel que meses después, en diciembre de ese mismo año, produjo la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha.
(…) La situación comenzó a cambiar tras el asesinato de Luis Carlos Galán, cometido en agosto del 89. El gobierno de Virgilio Barco comenzó una guerra frontal contra el Cartel que meses después, en diciembre de ese mismo año, produjo la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha.
(…)Todas
estas peticiones según el ex jefe paramilitar, fueron rechazadas porque iban en
contra de las ideas fundacionales de las autodefensas, que se centraban en
atacar a la guerrilla y no al Estado”
[6]Semana, 18 de febrero de 2008, edición 1346, “Pacto con el diablo”
“ Pacto con el diablo
INVESTIGACIÓNSEMANA
revela documentos recién desclasificados en Washington que dejan en evidencia
la relación de la CIA con los nacientes grupos paramilitares colombianos.
Diego
Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de
miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de
que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia
en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia
y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los
comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el
pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector
general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás,
cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas
tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del
hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escoba . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentado se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado”
SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escoba . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".
¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.
Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.
En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".
Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".
Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".
La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".
El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".
Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".
El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes".
The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".
Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentado se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.
Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado”
[7] Entrevista a Alfonso Cano. M !9 el Heavy metal Latino
Americano. Ángel Beccassino. Pág. 90,
Fondo Editorial Santo Domingo.
[8] Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano.
Angel Beccassino. Pág. 99, Fondo Editorial Santodomingo.
[9]Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano.
Angel Beccassino. Pág. 100.Fondo Editorial Santodomingo.
[10]Entrevista a Carlos Pizarro. M !9 el Heavy metal Latino Americano.
Angel Beccassino. Pág. 121.Fondo Editorial Santodomingo.
[11]Carlos Castaño, Mi confesión, Editorial la oveja negra, pág. 40
[12]Antonio Navarro, entrevista, El Colombiano, Especiales de paz,
Daniel Rivera Marín, “Las Farc aspiran a más de lo que deben”, 13 de mayo de
2013
[13]www.VerdadAbierta.com,
Justicia y Paz-Versiones, “¿Acuerdo entre paras y el M19 en la constituyente
del 91?, 07 de marzo de 2012
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“Ernesto Báez’ dijo que un político
cercano a los paramilitares de Puerto Boyacá estuvo en la lista del M-19 en
la Constituyente del 91.
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“Un médico
sin experiencia política y cercano al proyecto paramilitar del Magdalena Medio,
llamado Augusto Ramírez Cardona, resultó elegido por la lista del M-19 a la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 a través de la cual se escribió una
nueva Constitución Política de Colombia.
El hecho
fue narrado por el exparamilitar Iván
Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’ ante fiscales de la Unidad
de Justicia y Paz realizada en Medellín, quien dijo que conoció de ese acuerdo
con el M-19 porque se lo comunicó personlamente Henry Pérez
Morales, comandante de las autodefensas de Puerto Boyacá.
Si bien
algunos hechos fueron corroborados por un exmilitante de la organización
guerrillera consultado por VerdadAbierta.com; algunos otros fueron
controvertidos, pues no concuerdan, según él, con lo ocurrido. Ambas miradas
sobre un hecho significativo de la historia política reciente del país son un
claro ejemplo de las dificultades que debe afrontar el proceso de
reconstrucción del pasado que vive el país.
La
versión de 'Báez'
“Una vez Henry me mandó llamar y me dijo que me iba a dar una gran noticia”, relató alias ‘Ernesto Báez’. “El M-19 estaba dispuesto a incluir un representante de las autodefensas para que ocupara uno de los renglones en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, que ese grupo estaba conformando”.
“Una vez Henry me mandó llamar y me dijo que me iba a dar una gran noticia”, relató alias ‘Ernesto Báez’. “El M-19 estaba dispuesto a incluir un representante de las autodefensas para que ocupara uno de los renglones en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, que ese grupo estaba conformando”.
De acuerdo
con ‘Báez’, para comienzos de la década del noventa, era frecuente la presencia
de dirigentes del M-19 en Puerto Boyacá, pues estaban asesorando a la
dirigencia de las autodefensas en una posible desmovilización. De ahí la
cercanía entre unos y otros. Por ello, ante el propósito de la organización
exguerrillera de conformar una lista amplia, de diferentes matices, le
ofrecieron un cupo a las autodefensas. “En esa reunión, Henry me dijo que nos
habían asignado el renglón 17”.
En un rápido balance de la oferta, alias ‘Ernesto Báez’ consideró que el M-19 no sacaría más de 10 curules en esas elecciones, por lo que consideró que el ofrecimiento de la organización exguerrillera era más una muestra de cortesía que una propuesta política seria.
“Ellos se enfrentarían a los poderosos partidos tradicionales; acababan de salir de un proceso de paz y estaban muy golpeados con la muerte de Carlos Pizarro. Yo no le veía mayor opción y le dije a Henry que mientras ofrezcan el renglón 17 estamos de relleno”, indicó el exparamilitar.
Para tratar de lograr una mejor ubicación en la lista, ‘Báez’ dijo que le consiguieron una entrevista con Antonio Navarro Wolf en Bogotá. “Yo le dije que buscaba que la oferta fuera más atractiva, que nos pasara a un mejor renglón y le propuse el siete u ocho, pero ni siquiera me ofrecieron el 16. Me dijo Navarro: 'Esto está definido, las personas están notificadas, yo no puedo hacer cambios, eso sería un cataclismo. No puedo decirle a la persona del renglón 9 que se pase para el 10 porque hay que darle entrada a ustedes'. No fue posible”.
Pero ese no sería el único obstáculo de las pretensiones de las autodefensas de Puerto Boyacá de obtener una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días antes de la inscripción de los candidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, uno de los integrantes de la lista del M-19 amenazó con hacer un escándalo y retirarse si no excluían a Duque Gaviria de la baraja de candidatos.
Se trató de Carlos Ossa Escobar, un político del Partido Liberal, incluido en la lista del M-19. “Me llaman y me dicen que el señor Carlos Ossa Escobar había dicho que mientras el señor Iván Roberto Duque estuviera en la lista públicamente iba a hacer la denuncia”, narró el exparamilitar, quien era conocido por haber promovido en Puerto Boyacá el fugaz Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ligado a los paramilitares del Magdalena Medio.
Para Ossa Escobar era inaceptable que el M-19 apoyara a un hombre venido de Puerto Boyacá contaminado por las autodefensas. “El problema no era que se retirara sino cómo se iba a retirar, haciendo un escándalo”, indicó ‘Báez’.
El pronunciamiento privado de este político puso en dificultades al M-19. Sin embargo, participar en las elecciones a la Constituyente era una orden de Henry Pérez. Se logró, según dijo Duque Gaviria, que la organización ex guerrillera mantuviera el renglón para las autodefensas con el compromiso de que se nombrara a otro candidato.
“Henry me dijo que ellos (el M-19) estaban dispuestos a conservar la curul para las autodefensas, pero no en la persona de Iván Roberto Duque y nos solicitan que pongamos a otra persona”, precisó ‘Báez’.
Pero ya el tiempo de inscripción se estaba venciendo y comenzaron a buscar a una persona que ocupara ese renglón 17. La idea era colocar a alguien que nadie conociera, pero que fuera cercano a las autodefensas. En esas búsquedas, uno de los jefes del grupo armado de Puerto Boyacá, Luis Antonio Meneses Báez, ‘Ariel Otero’, propuso el nombre de Augusto Ramírez Cardona, en ese momento médico de la clínica que tenía la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Agdegam), una organización social de los paramilitares.
En ese momento se dijo que nadie conocía y, por lo tanto, nadie podía señalarlo de dónde venía. La ventaja, en ese momento, era que el médico estaba justamente en Bogotá, comprando insumos para la clínica y era el último día de inscripciones. Se le buscó por teléfono, se le comunicó la decisión y se le ordenó que fuera a la Registraduría y se inscribiera. Y así se hizo. A las seis de la tarde de ese día, el médico Augusto Ramírez Cardona fue inscrito en la lista del M-19.
Y pese a los malos pronósticos de alias ‘Ernesto Báez’, el M-19 sacó 19 curules, lo que le permitió a las autodefensas de Puerto Boyacá tener un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente. Al médico se le dotó de escoltas, carro blindado y viajaba de Bogotá a Puerto Boyacá en un avión de propiedad de la Texas Petrolium Company, que tenía en esa localidad una planta.
Ramírez Cardona se hizo famoso porque durante las sesiones de la Asamblea circuló un video en el que aparecía él denunciando que Pablo Escobar estaba ofreciéndole a través de un abogado varios millones de pesos para que votara favorablemente la propuesta de la prohibición de la extradición de colombianos a otros países. Este hecho muestra la enemistad que tenían para la fecha el jefe del Cartel de Medellín y Henry Pérez, que terminó con la muerte de éste el 20 de julio de 1991 en Puerto Boyacá por jóvenes sicarios contratados por el capo.
Duque Gaviria explicó que la trama del video se fraguó en la finca La Palmera, el bunker de Pérez en Puerto Boyacá, donde se hicieron constantes reuniones para trata de probar que Pablo Escobar ofrecía dineros a algunos constituyentes a cambio del voto por la prohibición de la extradición.
Al hacer referencia al papel cumplido por Ramírez Cardona durante la Asamblea Nacional Constituyente, ‘Báez’ habló en contra del médico: “era un hombre corto de palabra, sin ninguna formación política, que seguía las orientaciones políticas de 'Ariel Otero', a quien le debía esa curul. Pasó sin pena ni gloria”.
El ex paramilitar Duque Gaviria aseveró que dado lo desconocido que era Ramírez Cardona el país nunca asimiló que se trataba de una curul del M-19 entregada a las autodefensas, que para esa época estaban armadas, en desarrollo de su proyecto político y militar en el Magdalena Medio, y estaban comandadas por un hombre señalado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. "Yo no he escuchado a los dirigentes del M-19 una explicación satisfactoria sobre este asunto”, concluyó 'Báez'
En un rápido balance de la oferta, alias ‘Ernesto Báez’ consideró que el M-19 no sacaría más de 10 curules en esas elecciones, por lo que consideró que el ofrecimiento de la organización exguerrillera era más una muestra de cortesía que una propuesta política seria.
“Ellos se enfrentarían a los poderosos partidos tradicionales; acababan de salir de un proceso de paz y estaban muy golpeados con la muerte de Carlos Pizarro. Yo no le veía mayor opción y le dije a Henry que mientras ofrezcan el renglón 17 estamos de relleno”, indicó el exparamilitar.
Para tratar de lograr una mejor ubicación en la lista, ‘Báez’ dijo que le consiguieron una entrevista con Antonio Navarro Wolf en Bogotá. “Yo le dije que buscaba que la oferta fuera más atractiva, que nos pasara a un mejor renglón y le propuse el siete u ocho, pero ni siquiera me ofrecieron el 16. Me dijo Navarro: 'Esto está definido, las personas están notificadas, yo no puedo hacer cambios, eso sería un cataclismo. No puedo decirle a la persona del renglón 9 que se pase para el 10 porque hay que darle entrada a ustedes'. No fue posible”.
Pero ese no sería el único obstáculo de las pretensiones de las autodefensas de Puerto Boyacá de obtener una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días antes de la inscripción de los candidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, uno de los integrantes de la lista del M-19 amenazó con hacer un escándalo y retirarse si no excluían a Duque Gaviria de la baraja de candidatos.
Se trató de Carlos Ossa Escobar, un político del Partido Liberal, incluido en la lista del M-19. “Me llaman y me dicen que el señor Carlos Ossa Escobar había dicho que mientras el señor Iván Roberto Duque estuviera en la lista públicamente iba a hacer la denuncia”, narró el exparamilitar, quien era conocido por haber promovido en Puerto Boyacá el fugaz Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ligado a los paramilitares del Magdalena Medio.
Para Ossa Escobar era inaceptable que el M-19 apoyara a un hombre venido de Puerto Boyacá contaminado por las autodefensas. “El problema no era que se retirara sino cómo se iba a retirar, haciendo un escándalo”, indicó ‘Báez’.
El pronunciamiento privado de este político puso en dificultades al M-19. Sin embargo, participar en las elecciones a la Constituyente era una orden de Henry Pérez. Se logró, según dijo Duque Gaviria, que la organización ex guerrillera mantuviera el renglón para las autodefensas con el compromiso de que se nombrara a otro candidato.
“Henry me dijo que ellos (el M-19) estaban dispuestos a conservar la curul para las autodefensas, pero no en la persona de Iván Roberto Duque y nos solicitan que pongamos a otra persona”, precisó ‘Báez’.
Pero ya el tiempo de inscripción se estaba venciendo y comenzaron a buscar a una persona que ocupara ese renglón 17. La idea era colocar a alguien que nadie conociera, pero que fuera cercano a las autodefensas. En esas búsquedas, uno de los jefes del grupo armado de Puerto Boyacá, Luis Antonio Meneses Báez, ‘Ariel Otero’, propuso el nombre de Augusto Ramírez Cardona, en ese momento médico de la clínica que tenía la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Agdegam), una organización social de los paramilitares.
En ese momento se dijo que nadie conocía y, por lo tanto, nadie podía señalarlo de dónde venía. La ventaja, en ese momento, era que el médico estaba justamente en Bogotá, comprando insumos para la clínica y era el último día de inscripciones. Se le buscó por teléfono, se le comunicó la decisión y se le ordenó que fuera a la Registraduría y se inscribiera. Y así se hizo. A las seis de la tarde de ese día, el médico Augusto Ramírez Cardona fue inscrito en la lista del M-19.
Y pese a los malos pronósticos de alias ‘Ernesto Báez’, el M-19 sacó 19 curules, lo que le permitió a las autodefensas de Puerto Boyacá tener un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente. Al médico se le dotó de escoltas, carro blindado y viajaba de Bogotá a Puerto Boyacá en un avión de propiedad de la Texas Petrolium Company, que tenía en esa localidad una planta.
Ramírez Cardona se hizo famoso porque durante las sesiones de la Asamblea circuló un video en el que aparecía él denunciando que Pablo Escobar estaba ofreciéndole a través de un abogado varios millones de pesos para que votara favorablemente la propuesta de la prohibición de la extradición de colombianos a otros países. Este hecho muestra la enemistad que tenían para la fecha el jefe del Cartel de Medellín y Henry Pérez, que terminó con la muerte de éste el 20 de julio de 1991 en Puerto Boyacá por jóvenes sicarios contratados por el capo.
Duque Gaviria explicó que la trama del video se fraguó en la finca La Palmera, el bunker de Pérez en Puerto Boyacá, donde se hicieron constantes reuniones para trata de probar que Pablo Escobar ofrecía dineros a algunos constituyentes a cambio del voto por la prohibición de la extradición.
Al hacer referencia al papel cumplido por Ramírez Cardona durante la Asamblea Nacional Constituyente, ‘Báez’ habló en contra del médico: “era un hombre corto de palabra, sin ninguna formación política, que seguía las orientaciones políticas de 'Ariel Otero', a quien le debía esa curul. Pasó sin pena ni gloria”.
El ex paramilitar Duque Gaviria aseveró que dado lo desconocido que era Ramírez Cardona el país nunca asimiló que se trataba de una curul del M-19 entregada a las autodefensas, que para esa época estaban armadas, en desarrollo de su proyecto político y militar en el Magdalena Medio, y estaban comandadas por un hombre señalado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. "Yo no he escuchado a los dirigentes del M-19 una explicación satisfactoria sobre este asunto”, concluyó 'Báez'
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[14]Roberto Romero Ospina, Declaraciones exclusivas del ex comandante
del EPL, Francisco Caraballo, “El papel de Humberto de la Calle y de Angelino Garzón en la no
participación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la Asamblea
Constituyente, 25 octubre 2012, ANNCOL,
“ El 5 de junio (de 1991) la Constituyente invita a la plenaria a Manuel
Marulanda a una sesión informal. Solamente hubo tres votos en contra: Alberto
Zalamea, Álvaro Gómez Hurtado y Juan Gómez Martínez, sin embargo, el ministro
de Gobierno, Humberto de la Calle, que instaló las conversaciones de Caracas,
señaló que la presencia del líder guerrillero depende de los acuerdos de
Caracas y si la insurgencia antes se desarma y se desmoviliza. La Coordinadora
de inmediato replicó aduciendo que este no era un gesto de paz. Navarro Wolff,
que votó a favor de la invitación a Marulanda, sin embargo, una hora antes en
su noticiero de televisión coincidió con el ministro, es decir, una invitación
condicionada prácticamente a una rendición y en un plazo perentorio de dos
semanas. La misma propuesta que transmitió Gaviria a través de una comisión de
la UP, el 8 de noviembre de 1990. (Un conveniente repaso a la historia de la
ANC de 1991)
[15]Entrevista a Carlos Pizarro. M 19 el Heavy metal Latino Americano.
Angel Beccassino. Pág. 94, Santodomingo, cauca, abril 15 del 89.Fondo Editorial
Santodomingo. “Nosotros no fuimos a negociar solos este proceso, ni a
mantenernos solos durante el proceso, ni a trabajar única y exclusivamente con el gobierno. Fuimos a buscar espacios
nacionales para la concertación, y
fundamentalmente a garantizar que uno de los factores de poder en éste país,
como es el movimiento guerrillero, estuviera presente. Allí abrimos una
avenida para que transitaran todos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque
consideramos que la solución política sí es viable en Colombia. Porque nosotros
no sacamos una propuesta de solución política para atraer incautos. No era una carnada lo que nosotros estábamos
lanzando, sino realmente un objetivo para el conjunto de los colombianos, que
tenía que abrirse camino con cualquier tipo de procedimientos. Heterodoxos u
ortodoxos. Por cualquier camino que facilitara que esto fuera una realidad. Eso
fue lo que hicimos. Aún hoy, después de meses de haberse lanzado la primera
propuesta, después de múltiples entrevistas y declaraciones, después de
múltiples dificultades, la puerta sigue
abierta”
[16]Tres rectificaciones necesarias hacia la democracia plena. Carlos
Pizarro. Documento en Mimeógrafo. Abril 1989
.
[17] Matar a Pablo Escobar. Mark Browden. Pág.218, 219,228,290,232,233,306,312
.
[18] Por cierto, la agenda mediática del gobierno se ha encargado de
desgastar el enorme peso moral y emocional de las víctimas del conflicto
colombiano durante los siglos XX y XXI. Bastan los medios de comunicación
lavadores de imágenes y constructores de
historietas televisivas donde los victimarios paramilitares son justificados y
convertidos en héroes. Ellos destacan
las figuras de los negociadores mudos, Pearl y Jaramillo, otrora Gerentes del Plan Colombia, hecho en
inglés por los Estados Unidos.
Esta “banalización del mal” (Hanna Arendt calificó
así a la presentación pública que los nazis hacían de sus operaciones
genocidas), nos permitimos recordarle a los ciudadanos colombianos que el
número de víctimas del conflicto social colombiano que pretendemos terminar hoy
es semejante al de la llamada Solución Final, realizada durante unos 5 años en
“un complejo industrial compuesto de 3 campos, Auschwitz I, II, III,
complementados con cincuenta pequeños
campos dispersos por la región. Durante algo más de 5 años fueron sacrificados
5.500.000 seres humanos (hombres,
mujeres y niños), en un 90% judíos junto con gitanos y otros representantes de
razas consideradas impuras. Ver al respecto: Elizabeth Roudinesco, La parte
oscura de nosotros mismos. Albin Michel, Paris, 2007.
[19] Las verdaderas intenciones
de los paramilitares, Corporación Observatorio para la paz, declaraciones de
Luis Antonio Meneses ante la Dijin, en nov de 1989. Anexo 9, pag.284
,
[20]El Caso Klein el origen del paramilitarismo en Colombia, Olga Behar
y Carolina Ardila, Editorial Icono, Pág. 43,55,56
Frente a la propuesta de
atacar un campamento guerrillero de las Farc dice Klein “ Me pareció una buena
idea. Total, ese era el objetivo, era la razón por la que me habían llevado. Yo
no fui ni a trabajar con el cartel de las drogas ni en su contra. Si hubiera
ido a trabajar con el cartel, tampoco hubiera hecho un ejercicio final en su
contra. Pero como yo fui a trabajar contra la guerrilla, estuve dispuesto a que
los muchachos hicieran el operativo de verdad.
Luis
Meneses dijo en esa reunión que tenía que ir a verificar si se podría hacer. Es
decir, si nos darían autorización, y al regresar dijo que no, que “ellos”
habían dicho que no, pero no explicó quiénes eran “ellos”. Creo que la consulta
fue hecha a la CIA, porque él todo el
tiempo me había ofrecido reunirme con la CIA. No sé si fue la agencia la
que desaprobó, pero así lo creo” (Pag 55)
[21]www.VerdadAbierta.com,
Versiones ante Justicia y Paz, Los consejeros de los paras según “Don Berna”,
15 de febrero de 2012.
“El ex jefe paramilitar señaló al ex secretario de Gobierno de
Antioquia, Pedro Juan Moreno, y al ganadero cordobés, Rodrigo García, como dos
personas que aconsejaban a Carlos Castaño.
Pedro Juan
Moreno Villa pasó de ser incondicional a distanciarse de Álvaro Uribe. Rodrigo
García fue detenido en 2009 pero murió dos años después. Fotomontaje
VerdadAbierta.com
En su
segundo día de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y
Paz, el ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo
Bejarano, alias ‘Don Berna’, señaló a Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de
Gobierno de Antioquia, como uno de los integrantes del ‘Grupo de Notables’ que
asesoraba al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil.
El ex jefe
los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, así como ex
inspector de las Auc, se refirió desde una prisión de Miami al ex funcionario
de la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez al
tratar de explicarle a la Fiscalía en qué consistía el llamado ‘Grupo de los
Seis’, reseñado por Castaño Gil en el libro Mi Confesión.
En esa
extensa entrevista describió a sus integrantes como “hombres al nivel de la más
alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!”.
Al
respecto, alias ‘Don Berna’ corrigió la historia y dijo que llamado ‘Grupo de
los Seis’ realmente estaba conformado por doce personas a los que el comandante
Castaño acudía con regularidad.
“Yo lo llamaría
el ‘Consejo Superior’: daba orientaciones en la parte política en la lucha
contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”.
De acuerdo
con las explicaciones de Murillo Bejarano, este grupo apoyaba a los
paramilitares desde su nacimiento y su interés era que las Auc evitaran
acuerdos con estos grupos insurgentes y continuaran con su confrontación
antisubversiva hasta que no hubiera ni un guerrillero en Colombia.
“Las
autodefensas era una organización político-militar, con una propuesta para el
país que se identificaba con unos sectores interesados en que en Colombia se
mantuviera la democracia y que la guerrilla no tuviera espacio ni la
posibilidad de triunfar. Nuestra guerra no solo era militar sino ideológica y
política”, indicó alias ‘Don Berna’ y agregó que el ‘Grupo de los Notables’ se
disolvió en el año 2004, una vez se constató la desaparición y muerte de Carlos
Castaño.
Uno de los
momentos tensos de la versión libre fue cuando los fiscales que conducían la
audiencia le preguntaron al ex jefe paramilitar sobre quiénes integraban ese
grupo. “De manera muy atenta solicito a la Fiscalía obviar esta pregunta y más
adelante la ampliaré, ya que por razones de seguridad me preocupa responder
ahora”, respondió Murillo Bejarano.
Ante la
insistencia de la representante del ente acusador por conocer los nombres de
las doce personas que asesoraban a la comandancia de las Accu, el exparamilitar
dijo: “hay unos que ya fallecieron, como Rodrigo García y Pedro Juan Moreno,
pero hay otros que están vivos y siguen teniendo algún tipo de injerencia en la
vida nacional”.
Rodrigo
García Caicedo fue un líder del Partido Conservador y directivo del Fondo
Ganadero de Córdoba; por varios años padeció las secuelas de la extorsión y la
muerte de sus reses que le infligía la guerrilla del Epl y sobrevivió a los
atentados realizados por las Farc en su contra.
Los
constantes ataques de la subversión lo llevaron a convertirse en uno de los
principales consejeros de Carlos Castaño, así como uno de sus financiadores.
Por sus nexos con el paramilitarismo fue detenido el 23 de enero de 2009 en
Montería y murió dos años después, el 24 de febrero de 2011.
Por su
parte, Pedro Juan Moreno Villa fue un exitoso ingeniero y comerciante de la
ciudad de Medellín, quien llegó a la política a través del Partido Conservador,
siendo elegido concejal de Medellín, luego diputado y Representante a la
Cámara.
En las
elecciones de 1994 hizo parte de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la
Gobernación de Antioquia, quien una vez electo para el periodo 1995-1997, lo
llamó para que ocupara la Secretaría de Gobierno, donde alcanzó fama de “matón,
de loco y atravesado”, descripción que, según le confesaba a la prensa, no le
molestaba.
Debido a su
enconado odio contra la izquierda, se convirtió
en un ejemplo del pensamiento de derecha en el país. Y según alias ‘Don
Berna’, “siendo Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan era uno de los asiduos visitantes de Carlos”.
Desde ese
cargo, y en medio de grandes polémicas nacionales e internacionales, impulsó
las llamadas de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, que eran
conocidas como Convivir. Varios paramilitares que hoy están desmovilizados y
están postulados a los beneficios de la Ley 975 han confesado que esas
organizaciones fueron las fachadas de las Accu y las Auc en diversas
subregiones de Antioquia”.
[22]www.VerdadAbierta.com,
Versiones ante Justicia y Paz, Comandos Populares de Urabá base de las ACCU, 17
de noviembre de 2012.
Por primera
vez, antiguos guerrilleros del Epl contaron la historia de los Comandos
Populares, grupo armado que se enfrentó a la guerrilla y luego se unió al
proyecto de los Castaño Gil.
En el Urabá
antioqueño se desmovilizó una facción del Epl.
La historia
del paramilitarismo en el Urabá antioqueño no quedaría completa sino no se
conociera lo que significaron los Comandos Populares, un grupo armado que se
creó un año después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación
(Epl) y que sirvió de base para que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (Accu) se expandieran hacia esa región agroindustrial.
Así lo
entendió la Fiscalía 17 de la Unidad de Justicia y Paz, y decidió realizar una
versión conjunta con ex paramilitares que hicieron parte de los Comandos
Populares, que se desmovilizaron con el Bloque Bananero de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc) y que hoy están postulados a Justicia y Paz.
A la
versión citada por el ente acusador comparecieron Rafael García, alias ‘El
Viejo’, Cardenio Caicedo Mena, alias ‘El Burro’, Germán Tuberquia, alias ‘El
Diablito’, Manuel Ángel Cartagena, alias ‘Omar’, Jesús Alirio Guisao, alias ‘El
Tigre’, y Luis Antonio Córdoba, alias ‘Lucho’, quienes relataron su paso por
ese grupo ilegal, que delinquió entre 1992 y 1995, en buena parte del Urabá
antioqueño.
Desmovilización
de Epl
Para
entender de dónde surgen los Comandos Populares es necesario referenciar el
proceso de desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl) que se plasmó
en un acuerdo entre el Gobierno nacional y la comandancia de esa guerrilla,
firmado el 15 de febrero de 1991, y concretado el 1 de marzo de ese año, cuando
2.200 combatientes dejaron las armas, en cuatro campamentos, ubicados en
Antioquia, Risaralda, Córdoba y Norte de Santander.
(…)“Toda la
gente del Epl se desmovilizó”, afirmó García, con lo que quiso subrayar la idea
de que por lo menos en este proceso no hubo guerrilleros que evitaron la
dejación de armas. Incluso, narró que a ellos se unieron los llamados
“Tangueros”, una facción paramilitar que habían creado los hermanos Fidel y
Carlos Castaño en Córdoba, para enfrentar a la guerrilla.
(…)Pero no
sólo los ex Epl volvieron a la guerra. Según alias ‘El Viejo’, quienes también
se rearmaron fueron ‘Los Tangueros’, pues sintieron que también el Gobierno les
incumplió. “Ahí es cuando surge el nombre de las Accu”, precisó el
exparamilitar.
Así se
estructuraron
De acuerdo
con la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, en el Urabá antioqueño los Comandos
Populares conformaron cinco facciones, distribuidas en los municipios de Turbo,
Apartadó y Carepa, comandadas por antiguos guerrilleros del Epl.
(…)Sobre
los mandos superiores de esas facciones, los ex paramilitares no se pusieron de
acuerdo. Alias ‘El Tigre’ detalló lo que para él fue la comandancia de los
Comandos Populares. Según él, estuvieron Manuel Teodoro Díaz, alias ‘Platón’;
Mario Agudelo Vásquez; Miguel Galeano, alias ‘Ratón’; Rafael García, alias ‘El
viejo’, y Aníbal Palacio, quienes
conformaban la dirección política de Esperanza, Paz y Libertad. “Esta es mi
verdad, ya ustedes confirmarán”, le dijo a la Fiscalía. “Urabá enteró sabe la
verdad sobre la comandancia de los comandos populares”.
Sin
embargo, entre los años 1992 y 1995, los Comandos Populares no fueron
combatidos por la Fuerza Pública. (…)lo que si hubo, según este exparamilitar
fue patrullajes del Ejército que, como no conocía algunas zonas, recurrió a los
reinsertados del Epl para que los guiaran. “Por ello la gente se refería a esas
acciones como operaciones conjuntas entre “esperanzados” y el Ejército”,
indicó.
(…)Los
Castaño, detrás
La Fiscalía
17 de Justicia y Paz mostró particular interés en determinar de dónde habían
salido las armas, los uniformes y los pertrechos para que los Comandos
Populares libraran la guerra contra la disidencia del Epl y las Farc. En este
punto tampoco hubo una versión coherente.
(…)Carlos
Castaño mostró especial interés por los Comandos Populares.
Una de las
primeras preguntas que hizo Caicedo Mena era de dónde saldrían las armas para
enfrentarse a la guerrilla: “Camacho me dijo que no me preocupara, que teníamos
el apoyo de la Casa Castaño. Eso fue en el año 92. Al año siguiente nos
enviaron un calzado”.
Alias ‘El
Burro’ agregó que los Comandos recibieron, además, orientación de los
paramilitares de Castaño, aunque admitió que algunas personas de Esperanza, Paz
y Libertad no estaban de acuerdo que tuvieran vínculos con las Accu, “pero ya
había comandantes que estaban con los Castaño, los visitaban en San Pedro de
Urabá y recibían sus indicaciones”, dijo.
En 1995 la
guerra en la región de Urabá se había recrudecido y las Accu comenzaron a tener
una mayor presencia armada, lo que significó la fusión de los Comandos
Populares en esa organización paramilitar, para fortalecerla. La decisión no
estuvo exenta de enfrentamientos.
Rafael
García hizo referencia a una reunión que tuvo con Carlos Castaño en la finca
Las Tangas, en Valencia, Córdoba. Allí, el jefe de las Accu le dijo que los
Comandos Populares estaban operando muy bien, que “el Eje Bananero lo tienen
muy controlado de guerrilla, pero falta la parte más dura, que es la política”.
La tarea de
exterminio fue asumida directamente por las Accu en 1995. Ya para ese año, los
Comandos Populares dejaron de existir como estructura autónoma y se
incorporaron a los paras de los Castaño.
En ese
momento comenzó una de las fases más sangrientas de la guerra en Urabá, que
tuvo como blanco a líderes de la Unión Patriótica, sindicalistas que hacían
parte de Partido Comunista y a todo aquel que simpatizara con ambos
movimientos. Pero esa ya es otra historia”
Colombia
en Wikileaks
Moderados
y extremos en el Polo
Por: Elespectador.com
Las
diferencias entre Carlos Gaviria y Daniel García-Peña, dudas de corrupción,
cábalas de Petro. Un partido en crisis.
Las
divergencias internas en el Polo Democrático también
se han ventilado en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Al
menos así se desprende de la lectura de algunos cables diplomáticos —liberados
por Wikileaks—, en los cuales se advierte que desde comienzos de 2008
existía la inquietud de que la colectividad empezara a caer bajo el dominio de
la extrema izquierda. Un año después, con fuentes del propio partido, la
Embajada enviaba a Washington un pormenorizado análisis de los
dilemas del Polo Democrático a raíz de la crisis en el
gobierno distrital regentado por uno de sus miembros, el alcalde Samuel
Moreno Rojas.
El primer cable, fechado a mediados de 2008, tuvo como telón de fondo la sorpresiva salida de la colectividad del ex comisionado de Paz Daniel García-Peña. Una decisión que la Embajada calificó como la probabilidad de que el partido quedara bajo el dominio de la maquinaria de los ortodoxos comunistas, maoístas y chavistas. Sin embargo, en el reporte se incluyó, de antemano, el comentario del exalcalde Lucho Garzón, en el sentido que, a largo plazo, era mejor que el Polo se dividiera para que los moderados pudieran adelantar una agenda social democrática que estuviera desligada de las Farc o del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El cable manifestó que Daniel García-Peña había tenido que dejar su cargo de secretario general del partido después de que el ex candidato Carlos Gaviria amenazara con renunciar a la presidencia del Polo si García-Peña se quedaba. Según el cable, el propio García-Peña comentó en la Embajada que de todos modos se sentía bien fuera del circo del Polo y que la extrema izquierda se había opuesto a su esfuerzo de promover un partido más pragmático y abierto. No obstante, Gaviria expresó que si bien García-Peña no había cometido fraudes, sí se había gastado US$500.000 más del dinero que le había sido autorizado por el partido político.
En ese sentido, el reporte a Washington, recogiendo los comentarios de Lucho Garzón y de Angelino Garzón, agregó que la expulsión de García-Peña representaba una victoria para la izquierda extrema del Polo y que los dos estaban de acuerdo en que el senador Jorge Enrique Robledo, con el apoyo de Carlos Gaviria, la habían orquestado. Incluso, Lucho Garzón calificó la facción de Robledo como “los contras”, manifestando que se oponían a todo, incluyendo la política de seguridad democrática de Uribe, el Tratado de Libre Comercio, la extradición, la fumigación de drogas o las reformas políticas.
La Embajada de Estados Unidos comentó que la apertura de Lucho Garzón con los liberales había aumentado la tensión dentro del Polo y por eso no iba a ser candidato a las elecciones presidenciales de 2010. Además, que Carlos Gaviria iba a tener mucha presión para que entrara en la contienda. El cable añadió que Carlos Gaviria había manifestado que iba a apoyar al senador Gustavo Petro. La Embajada agregó que Petro era una especie de “agente libre” que condenaba por igual a las Farc y a Uribe. Sin embargo, García-Peña anotó que los chavistas del Polo ahora estaban perdidos y sin liderazgo con los movimientos de Petro hacia el centro.
Meses después, en febrero de 2009, la Embajada de Estados Unidos volvió a ocuparse del Polo, esta vez para comentar que el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afrontaba una crisis, no sólo por dificultades de seguridad y movilidad en la ciudad, sino por las críticas de los miembros de su propio partido. La Embajada describió a Moreno como un líder que no era conocido por posiciones ideológicas fuertes, aunque venía de un abuelo populista y controvertido que fue presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. En cambio, agregó que la alcaldía de su hermano Iván en Bucaramanga había estado marcada por numerosos escándalos de corrupción.
Aún así, el cable diplomático incluyó la postura del presidente del Polo Carlos Gaviria, quien se definió apaleado por lo mal que Moreno había comenzado su mandato, y manifestó que escuchaba rumores crecientes de que en su gabinete se estaba manejando mucha corrupción. De paso, añadió que estaba especialmente preocupado por la secretaria de Gobierno de Samuel Moreno, la dirigente Clara López, y también por su esposo, quienes manejaban los contratos de la ciudad. A su vez el senador del Polo Gustavo Petro lo criticó abiertamente por no acoger políticas en seguridad democrática y permitir la corrupción dentro de su gobierno.
(…)El mismo cable diplomático, citando como fuente al entonces ex senador del Polo Gustavo Petro, expresó que el grupo de los hermanos Samuel e Iván Moreno mantenía un balance entre la extrema izquierda del Polo y el centro, que ellos continuaban hablando con ambos lados, pero que el problema consistía en muchos oportunistas que estaban en el Ejecutivo distrital únicamente por hacer plata. Y añadió Gustavo Petro que, particularmente, el ex presidente Ernesto Samper tenía mucha influencia sobre Samuel Moreno, situación que hacía del alcalde un dirigente menos confiable.
El cable diplomático concluye con los análisis del presidente del Polo Carlos Gaviria reconociendo que la actuación de Moreno como Alcalde iba a determinar el destino del partido en las elecciones de 2010. Aún más, Gaviria agregó que esa administración podría llevar a un resultado devastador para las elecciones presidenciales. En ese momento, las divergencias del Polo se debían saldar en una reunión prevista para febrero de 2010, y dos de los líderes, que la Embajada calificó como de centro izquierda, Lucho Garzón y Gustavo Petro, comentaron que si los extremistas cogían el control de la colectividad, ambos se irían del partido.
La evolución de los hechos no estuvo distante de lo presupuestado en los cables diplomáticos.
El primer cable, fechado a mediados de 2008, tuvo como telón de fondo la sorpresiva salida de la colectividad del ex comisionado de Paz Daniel García-Peña. Una decisión que la Embajada calificó como la probabilidad de que el partido quedara bajo el dominio de la maquinaria de los ortodoxos comunistas, maoístas y chavistas. Sin embargo, en el reporte se incluyó, de antemano, el comentario del exalcalde Lucho Garzón, en el sentido que, a largo plazo, era mejor que el Polo se dividiera para que los moderados pudieran adelantar una agenda social democrática que estuviera desligada de las Farc o del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El cable manifestó que Daniel García-Peña había tenido que dejar su cargo de secretario general del partido después de que el ex candidato Carlos Gaviria amenazara con renunciar a la presidencia del Polo si García-Peña se quedaba. Según el cable, el propio García-Peña comentó en la Embajada que de todos modos se sentía bien fuera del circo del Polo y que la extrema izquierda se había opuesto a su esfuerzo de promover un partido más pragmático y abierto. No obstante, Gaviria expresó que si bien García-Peña no había cometido fraudes, sí se había gastado US$500.000 más del dinero que le había sido autorizado por el partido político.
En ese sentido, el reporte a Washington, recogiendo los comentarios de Lucho Garzón y de Angelino Garzón, agregó que la expulsión de García-Peña representaba una victoria para la izquierda extrema del Polo y que los dos estaban de acuerdo en que el senador Jorge Enrique Robledo, con el apoyo de Carlos Gaviria, la habían orquestado. Incluso, Lucho Garzón calificó la facción de Robledo como “los contras”, manifestando que se oponían a todo, incluyendo la política de seguridad democrática de Uribe, el Tratado de Libre Comercio, la extradición, la fumigación de drogas o las reformas políticas.
La Embajada de Estados Unidos comentó que la apertura de Lucho Garzón con los liberales había aumentado la tensión dentro del Polo y por eso no iba a ser candidato a las elecciones presidenciales de 2010. Además, que Carlos Gaviria iba a tener mucha presión para que entrara en la contienda. El cable añadió que Carlos Gaviria había manifestado que iba a apoyar al senador Gustavo Petro. La Embajada agregó que Petro era una especie de “agente libre” que condenaba por igual a las Farc y a Uribe. Sin embargo, García-Peña anotó que los chavistas del Polo ahora estaban perdidos y sin liderazgo con los movimientos de Petro hacia el centro.
Meses después, en febrero de 2009, la Embajada de Estados Unidos volvió a ocuparse del Polo, esta vez para comentar que el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, afrontaba una crisis, no sólo por dificultades de seguridad y movilidad en la ciudad, sino por las críticas de los miembros de su propio partido. La Embajada describió a Moreno como un líder que no era conocido por posiciones ideológicas fuertes, aunque venía de un abuelo populista y controvertido que fue presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. En cambio, agregó que la alcaldía de su hermano Iván en Bucaramanga había estado marcada por numerosos escándalos de corrupción.
Aún así, el cable diplomático incluyó la postura del presidente del Polo Carlos Gaviria, quien se definió apaleado por lo mal que Moreno había comenzado su mandato, y manifestó que escuchaba rumores crecientes de que en su gabinete se estaba manejando mucha corrupción. De paso, añadió que estaba especialmente preocupado por la secretaria de Gobierno de Samuel Moreno, la dirigente Clara López, y también por su esposo, quienes manejaban los contratos de la ciudad. A su vez el senador del Polo Gustavo Petro lo criticó abiertamente por no acoger políticas en seguridad democrática y permitir la corrupción dentro de su gobierno.
(…)El mismo cable diplomático, citando como fuente al entonces ex senador del Polo Gustavo Petro, expresó que el grupo de los hermanos Samuel e Iván Moreno mantenía un balance entre la extrema izquierda del Polo y el centro, que ellos continuaban hablando con ambos lados, pero que el problema consistía en muchos oportunistas que estaban en el Ejecutivo distrital únicamente por hacer plata. Y añadió Gustavo Petro que, particularmente, el ex presidente Ernesto Samper tenía mucha influencia sobre Samuel Moreno, situación que hacía del alcalde un dirigente menos confiable.
El cable diplomático concluye con los análisis del presidente del Polo Carlos Gaviria reconociendo que la actuación de Moreno como Alcalde iba a determinar el destino del partido en las elecciones de 2010. Aún más, Gaviria agregó que esa administración podría llevar a un resultado devastador para las elecciones presidenciales. En ese momento, las divergencias del Polo se debían saldar en una reunión prevista para febrero de 2010, y dos de los líderes, que la Embajada calificó como de centro izquierda, Lucho Garzón y Gustavo Petro, comentaron que si los extremistas cogían el control de la colectividad, ambos se irían del partido.
La evolución de los hechos no estuvo distante de lo presupuestado en los cables diplomáticos.
[24] Juan Gómez Martínez, DE ACUERDO CON NAVARRO, página web del Centro
de pensamiento “primero Colombia” ,El Colombiano, 20/06/2013, se lee : “ Navarro hace una
crítica, con toda la lógica, a ese atrevimiento” (la Constituyente); (…) Las
Farc deben aprender de los del M 19 que se sometieron a las normas
democráticas. Que renunciaron a las armas, que las entregaron, que fueron a
unas elecciones democráticas sin condiciones, que se sentaron a discutir una
nueva Constitución para Colombia y se acogieron a las mayorías. Así, con el
respeto por parte de ellos, la democracia colombiana los respetó sin
condiciones.
Admiro al
doctor Navarro, a pesar de sus equivocaciones anteriores. Ahora nos da ejemplo
de demócrata y de amor a la patria.”
[25] La palabra bajo fuego, Andrés Pastrana, Editorial Planeta, Octubre
2006.
[26]Ídem.
[28]Javier Giraldo S.J, “Carta al oído de los que dialogan sobre la
paz”, www.aipazcomun,org, 20 de mayo de
2013.
“Pero en mi sentir, las
cuatro murallas tienen un orden calculado:
• Primero,
la MURALLA CULTURAL-MEDIÁTICA se encarga de acondicionar los niveles más
íntimos de las personas [su conciencia] para convertirlas en usuarios adaptados
y sumisos al sistema político imperante. Dicha muralla proyecta toda su sombra
sobre la conciencia de las gentes y la va modelando, desde niveles
inconscientes, como verdaderos robots, haciendo asimilar los anti-valores, la
lectura sesgada y manipulada de la realidad, las aficiones y modas inducidas,
los odios y fanatismos, las preferencias políticas y hasta las opciones
profesionales y éticas, ajustadas mediante técnicas subliminales a los
intereses de élites dominantes.
• La
MURALLA ECONÓMICA es el segundo filtro para bloquear una participación
consciente y libre de esa población ya robotizada. La reverberación mediática
ha acondicionado ya su conciencia para aceptar que todo, en la sociedad, debe
ser susceptible de compra y venta por mandato de la misma naturaleza, y que por
lo que más se desea o se necesita hay que pagar precios más altos. Sobre esa
base del ajuste psíquico mediático a la mercantilización universalizada, se
acepta, como algo natural, competir económicamente por el poder,
silenciando en las trastiendas de lo inconsciente la descomunal desigualdad de
los competidores. Así, el dogma “democrático” de la competencia, lleva a
aceptar el veredicto fáctico ineludible de que los pobres jamás podrán tener
poder ni incidencia política, aunque constituyan la inmensa mayoría de la
nación
• Pero
enseguida la MURALLA POLÍTICA, léase el aparato o maquinaria electoral, como un
tercer filtro, entroniza los poderes mafiosos en el control real del
clientelismo, sirviéndose a su vez del enorme poder encubridor y des-informador
de la Muralla Mediática y del poder intimidante de las armas ligadas al dinero
(narco-paramilitarismo) con capacidad de controlar incluso el anémico y
corrupto aparato de justicia. Aferrados a esta muralla, los partidos llegaron a
convertirse en unidades administrativas para la compra de votos y para pagarlos
con puestos, abandonando toda identidad ideológica.
•
Finalmente la MURALLA PARAMILITAR cierra el círculo de oclusión a la
participación política. Si hay grupos que logran traspasar las tres murallas
anteriores y conserven aún impulsos reformadores o de alguna incidencia –como
ocurrió en el caso de la U.P.- el imperio del terror, vía genocidio u otras
formas de exterminio, da cuenta rápidamente de su persistencia. La impresentabilidad
de esta muralla ha llevado reiterativamente a disfrazarla y ocultarla tras
ropajes andrajosos de delincuencia común que nunca han podido ocultar su
vergüenza deslegitimante del Estado”
